En la Legislatura Provincial se realizó el coloquio de apertura sobre el Centenario de la Constitución de 1916, que es parte de una serie de actividades que tienen por finalidad generar sentidos de pertenencia, reconocimiento e identidad con la Carta Magna y una oportunidad para que la población aprecie el valor de la Constitución.
El acto estuvo dividido en tres bloques de exposición. El primero de ellos a cargo del Dr. Carlos Egües y la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci, quienes expusieron sobre “Contexto Histórico de la Constitución de 1916”.
A continuación, disertó la Dra Gabriela Ábalos y el Dr. Ismael Farrando, sobre “Instituciones y Organismos de Control”. La última exposición estuvo a cargo del Dr. Miguel Mathus Escorihuela y la Dra. Isabel Agnello y abarcó la temática “Organismos Descentralizados”. Fueron moderadores los periodistas Luis Ábrego, Viviana García Sotelo y Fernando Zárraga.
La vicegobernadora, Laura Montero, resaltó en la apertura a los protagonistas que confeccionaron la Constitución e invitó a “pensarnos juntos como una sociedad democrática” y “pensar lo que dejaremos a nuestros hijos”.
“Es tiempo de revisar” y “ver si somos capaces de hacer el diagnóstico y la tarea para ver si hay que modificarla”, puntualizó.
A continuación el presidente de la Cámara de Diputados, Néstor Parés, resaltó, al igual que Montero, la importancia de que en la Legislatura se haga este tipo de actividades, ya que “despierta el interés” en este tipo de temáticas y promueve pensar “un paradigma jurídico para todos los mendocinos”.
“Esta Constitución fue de avanzada y hoy si bien no nos impide prestar los servicios, es necesario revisarla”, ya que “la sociedad ha avanzado” y “se requiere nuevos derechos” como “el federalismo”, “el medio ambiente” y “el cuidado del agua”, entre otros.
En este sentido, señaló también la necesidad de tener en cuenta “la representatividad de todos los departamentos y el reconocimiento de las nuevas funciones que cumplen los municipios”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Néstor Parés, anunció el ingreso esta semana, a la Legislatura, de la Ley que dispone adherir al Decreto nacional que declara la Emergencia en Seguridad. El principal objetivo es trabajar coordinadamente con la Nación en la lucha contra el narcotráfico, la trata de personas y el crimen organizado.
“Con esta decisión se busca integrar a Mendoza a un sistema de seguridad federal. Esta declaración de Emergencia en Seguridad en todo el territorio provincial, permitirá un rápido equipamiento de la fuerza policial, mediante la incorporación de tecnología de última generación para mejorar la prevención, investigación y la inteligencia criminal”, señaló Parés.
Esta medida también favorecerá el mejoramiento de la infraestructura de la fuerza, la construcción de nuevos penales, la reorganización de la Policía y la profesionalización del sistema de capacitación y formación.
En este sentido el titular de la Cámara Baja, subrayó que “la situación es complicada en la provincia en materia de seguridad y el Estado tiene que retomar el rol que tiene que tener. Hemos encontrado una Policía y un Ministerio de Seguridad desorganizado, desmantelado, con serios problemas en la cadena de mando”.
Por otro lado, se anunció el inicio de la reforma estructural de la Ley 6722 en cuatro aspectos fundamentales: mejorar la disciplina interna, incentivar al personal, ordenar la pirámide organizacional de la fuerza (verticalidad de mando) y el restablecimiento de la obligatoriedad del secundario completo y los 30 años como edad máxima para ingresar a la Policía.
“Con este objetivo, desde el Ejecutivo buscan modificar el sistema de sanciones al personal, aumentándolas en caso de ser necesario. Además, se crearán más jerarquías para auxiliares y oficiales”, especificó Parés

El ministro de Hacienda, Martín Kerchner, lo expuso en el Salón de los Diputados. La iniciativa determina poco más de 54 mil millones para erogaciones e ingresos totales de más de 48 mil millones.

En el Salón de los Diputados de la Legislatura, el ministro de Hacienda, Martín Kerchner, junto al titular de la Cámara Baja, Néstor Parés y la vicegobernadora, Laura Montero, presentó el proyecto de ley de Presupuesto que el Ejecutivo elaboró para el año próximo.
Según lo explicado por Kerchner, la pauta estipula egresos totales por $54.181.838.870, con ingresos por $48.633.035.855; lo que implicaría un déficit de $5.548.803.015. Sin embargo, sostuvo Kerchner, la necesidad de uso del crédito rondaría los 5.021 millones de pesos.

El ministro manifestó que la iniciativa es “una ley honesta y no un dibujo contable” y agregó que “los mendocinos deben saber la situación de la economía”, al tiempo que calificó la coyuntura como “de crisis” aunque fue optimista al anunciar que se espera un crecimiento del 2,2 por ciento para el año entrante.

Además, indicó que se contempla un tipo de cambio del orden de los 14,32 pesos y una inflación del 22,28%.

Respecto a la distribución del Presupuesto, indicó que “no varía proporcionalmente del año anterior”, esto es, que el Poder Ejecutivo se lleva el 90,87%; el Poder Judicial el 6,60%, y el Poder Legislativo el 1,80%.

En ese orden, la distribución por jurisdicción del Presupuesto del Poder Ejecutivo, el 38,67% corresponde a la Dirección General de Escuelas; Salud, Desarrollo Social y Deportes representa el 22,35% y Seguridad, el 14,62%. En tanto, Economía, Infraestructura, Energía y Turismo, el 9,88%; Servicios Públicos el 7,89%; Hacienda y Finanzas, 2,76%; Gobierno, Trabajo y Justicia, el 2,05%; Cultura el 0,90%, y Ambiente y Ordenamiento Territorial, el 0,88%.

El ministro Kerchner, indicó asimismo que en materia de recursos corrientes se prevén 47.871 millones de pesos sin incluir el “carácter 5” (entes autárquicos), de los cuales el 46,6% son recursos provinciales y el 53,4% de origen nacional. En el caso de los recursos propios, el 33,5% son tributarios (impuestos provinciales) y el 13,1% no tributarios (como regalías o remesas del Instituto Provincial de Juegos y Casinos). En tanto, los recursos nacionales, están relacionados entre otros, con la coparticipación y los Aportes No Reintegrables. Por otra parte, los recursos de capital, alcanzan a poco más de 853 millones de pesos.

Kerchner, explicó además la composición de las erogaciones corrientes, señalando que prácticamente el 60% del gasto se va en Personal, y que tal el estado de situación de la provincia, “se gasta más en intereses y gastos de la deuda que en bienes del Estado como luz o gasas para los hospitales”.

El Ejecutivo remitió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que propone la adhesión al Decreto Nacional que declara la emergencia en seguridad y a la vez, declarar la emergencia en el Sistema de Seguridad Pública en todo el territorio provincial por el término de 24 meses.
El fin fundamental, es “la protección de la vida, la libertad y los bienes de las personas”, señala la iniciativa.
En este sentido fundamenta que “es pública y notoria la grave situación por la que atraviesa el país, y de la que no está exenta la Provincia, en materia de seguridad y que ha llevado al Gobierno Nacional al dictado del Decreto”.
El texto subraya que para abordar la temática es necesario trabajar tres ejes: “la prevención y el combate del delito; el mejoramiento del sistema penitenciario y la reorganización de la justicia: estableciendo acuerdos básicos entre los tres poderes del Estado y los distintos estamentos de Gobierno, Nacional, Provincial y Municipal”..
Con ese fin es que se otorgarían “herramientas ágiles” para “producir profundas reformas en lo inmediato que posibiliten revertir la creciente criminalidad”, añade el texto de los fundamentos.
Para ello, “prevé la autorización para destinar las partidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento de los objetivos”.
Entre otros aspectos, dentro del articulado se faculta al Ministerio de Seguridad a adoptar en forma inmediata todas las medidas que resulten necesarias, como “adecuar y redefinir la estructura, misiones, competencias, funciones y acciones de las Policías y del Sistema Penitenciario de la Provincia”.

La Cámara de Diputados dio media sanción al Presupuesto provincial, que establece la pauta de recursos y erogaciones para el ejercicio en curso, con 44 votos a favor y 4 en contra, del FIT, en el tratamiento en general. En particular, la norma fue aprobada por capítulos a excepción de algunos artículos que fueron votados en forma nominal.

Sólo el Artículo 42° - que autorizaba al Ejecutivo a hacer uso del crédito en operatorias con proveedores – no alcanzó las mayorías necesarias. Los bloques del FIT y del FPV se opusieron por lo que no alcanzaron los dos tercios que requería para su aprobación. Por lo tanto, fue eliminado del texto que se elevó al Senado.

Además, en el tratamiento del Artículo 37° - Autorización del Poder Ejecutivo para todo nombramiento de personal -, la bancada del FPV presentó un despacho alternativo en el que incorporaba dentro de las excepciones al Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado, que finalmente no prosperó. Al momento de la votación nominal, fue aprobado el texto original.

De esta manera, las erogaciones reales están determinadas en $ 64.015.054.619), en tanto que se estiman en $ 58.557.200.890 el cálculo de recursos destinado a atender tales erogaciones.

La Amortización de la deuda, está fijada en $4.622.000.000, y se faculta al Poder Ejecutivo a hacer uso del crédito en los términos del artículo 60 de la ley 8706 para atender el déficit del presupuesto 2016, hasta la suma de $ 5.023.396.871.

En cuanto al destino de la mayor recaudación real o estimada, también se permite al Ejecutivo provincial “aumentar el Presupuesto de Gastos, contra mayor recaudación estimada, neto de participación municipal, debidamente fundada, de modo de ajustarlas a los requerimientos de la ejecución”.

Si se alcanzan los acuerdos necesarios, podrían ser tratadas mañana miércoles 30 en el recinto. Hay una búsqueda de maximizar la recaudación provincial aunque con la posibilidad de menor impacto en las clases medias. 

Integrantes de la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara Baja se reunieron esta mañana con senadores, en primer término, y luego con funcionarios de la Administración Tributaria Mendoza (ATM) con el objeto de continuar estudiando los proyectos de Avalúo e Impositiva 2016, normas esenciales en función de la recaudación provincial.

Los tópicos de la reunión giraron en torno al impuesto inmobiliario, automotor y sellos como los fundamentales, en materia Impositiva, y leves modificaciones en el avalúo de las tierras que impactarían en los tributos anuales ciudadanos.

El diputado Jorge López (UCR), quien preside la comisión de Hacienda, explicó que “se han podido salvar muchas dudas” y que se entiende que las leyes de Avalúo e Impositiva “toman como base las leyes vigentes por lo que no hay temas estructurales” modificados.

López indicó que se siguen los lineamientos propuestos por Alfredo Cornejo de “ordenar aquellas cuestiones que rozan lo injusto desde el ámbito tributario y también, llevar el sistema a evitar la discrecionalidad, fundamentalmente en el caso de automotores llevando a los modelos que el año pasado no estaban al listado nacional”.

El legislador puso en valor la predisposición de la oposición en colaborar con estas iniciativas, sumando los aportes específicos y corrigiendo otros puntos.

El Poder Ejecutivo remitió a la Cámara de Diputados, el proyecto de Ley por el cual se crea el Ente Mendoza Turismo – EMTUR -, que tendrá entre sus objetivos el de promover el desarrollo turístico sostenible de la provincia.
Además, se propone fomentar el turismo receptivo nacional e internacional, impulsar el turismo interno y concientizar al residente mendocino sobre la importancia del turismo “para el crecimiento provincial”, señala la iniciativa en parte del articulado.
También prevé “favorecer tanto el crecimiento sostenible de la oferta turística en toda la provincia, como la distribución territorial de la demanda en toda la geografía provincial”.
Según señalan sus fundamentos, el proyecto busca actualizar el “marco normativo para adecuarlo a los nuevos requerimientos que esta actividad dinámica exige, entendiendo como oportuno otorgarle a la materia y a su administración, un rango distinto al hasta ahora desarrollado dentro del ámbito funcional provincial, para que tenga una mayor adaptabilidad a los actuales requerimientos existentes provocados por múltiples causas de orden tecnológico, social, cultural y económico”.
Por otra parte, la iniciativa – que tomó estado parlamentario durante la sesión de tablas - destaca que la actividad turística “se desenvuelve en un mercado de gran dinamismo y sujeto a numerosas variables, de tal manera, el Estado tiene que ofrecer un organismo que facilite el aprovechamiento al máximo de las coyunturas económicas que favorecen al sector”.
 

Prensa febrero 10 

Los integrantes de las comisiones de Hacienda y Presupuesto de ambas Cámaras, recibieron al ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Enrique Vaquié quien sostuvo que si bien el presupuesto para su área es acotado por la situación fiscal y financiera de la provincia, se buscan las herramientas necesarias, por fuera del presupuesto, para afrontar el 2016.

Entre los instrumentos financieros que tienen ese objetivo está la negociación para definir si el Banco Nación seguirá siendo el agente financiero de la provincia. En este sentido, Vaquié señaló que “hay que definir la situación antes de fines de octubre de este año” y que “el gobierno quisiera que sigamos con el Nación porque tiene la logística, la infraestructura y porque creemos que los dineros públicos tienen que estar en un lugar público”.
No obstante ello el ministro indicó que “lo que se busca es que la entidad financiera tenga una política de crédito para la clase media. Somos uno de los clientes más importantes por lo tanto queremos una cláusula de provincia más favorecida, queremos que nos traten igual que al resto de las provincias”, aseveró. En este sentido aseguró estar en conversaciones con los responsables del Nación.
El funcionario al ser requerido sobre el particular, dijo que hay un compromiso de pagar a los productores los veinte millones de pesos que se adeudan al Fondo Solidario del Agro y lucha antigranizo y que para ello se realizan los trámites necesarios para liberar ese monto muy pronto.
En cuanto al seguro agrícola, Vaquié aseguró que lo que se ha conseguido es que “el expediente se mueva” y si bien no dio un plazo definido dijo que “será rápido el pago” y que este seguro continuará en el 2016 una vez que se recupere la confianza de los productores en el mismo.
 Asimismo, dijo que se trabaja para encontrar recursos para el sector vitivinícola “alicaído por la inflación y por la baja en las retenciones” y consideró que la Nación debe colaborar con Mendoza.
También mencionó la necesidad de ocuparse de los más de veinte fideicomisos que tiene su ministerio, muchos de los cuales no han sido utilizados y suman unos 80 millones de pesos.
En cuanto a infraestructura aseguró que se encontró con “solamente 460 millones de pesos para obra pública” , lo que acota las expectativas que podrían haberse tenido en cuando a este ítem. ”Lo que podamos hacer tendremos que lograrlo con créditos, dijo, e intentado que se cumpla con las leyes de financiamiento para el IPV, incumplido desde 2010, y tener lo que nos corresponde en materia de impuestos a los combustibles”.

La comisión de Hacienda de Diputados inició hoy el análisis del proyecto de Avalúo e Impositiva 2016. Mañana se reúne con miembros del Senado y con representantes de la Agencia Tributaria Mendoza.

La comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados, que preside el radical Jorge López, comenzó con el análisis para avanzar en los despachos de los proyectos de ley de Avalúo e Impositiva para el ejercicio 2016.
La ley tomó como marco referencial la norma anterior, aunque a pedido de la oposición se incorporarán algunas modificaciones que tendrán que ver, por ejemplo, con un cambio en el precio del metro cuadrado según se trate de una mejora edilicia o de una avance de obra o de vivienda construida y se estudia zonificar para buscar “una suerte de justicia fiscal”.
En ese punto el legislador del FIT, Héctor Fresina, propuso trabajar en la zonificación al momento de actualizar la base impositiva “exceptuando a las viviendas únicas de sectores populares”.
En cuanto a los barrios privados no hubo definiciones porque se analizarán, primero, las modificaciones contenidas en el Código Civil y Comercial para estar en consonancia con lo determinado en esta ley marco.
Jorge López dijo que si bien “no hay aumento de alícuotas, lo que se hará son modificaciones particulares en el avalúo de proyectos inmobiliarios de zonas rurales y secano, diferenciándolas de las que no lo son, a través de la Agencia Tributaria Mendoza, a efectos de que las zonas residenciales paguen como tal. Si bien esto llevará un tiempo por el proceso catastral los impactos reales se darán durante todo el año”, señaló.
En este sentido, anunciaron la reunión de la comisión con representantes de ATM mañana a las 10.30, luego de analizar el texto de la iniciativa junto a miembros del Senado.
Asimismo, se continuará analizando la manera en que se valuará impositivamente a los predios de los consorcios, los Shopping, híper y supermercados, entre otros.

El presidente de la Cámara de Diputados, Néstor Parés, junto a legisladores de todos los bloques, recibió a representantes de los trabajadores del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, quienes aseguran que se necesita de un ámbito de diálogo entre los dirigentes del organismo y los trabajadores recientemente desvinculados de sus funciones.

El delegado del Sindicato Unión Personal Juegos y Casinos, Martín Caín, entregó a los diputados copias de actuaciones notariales y actas paritarias y expresó al respecto que el objetivo de dicha presentación es que sirva de fundamento para la intervención legislativa.

En tal sentido, Parés, afirmó que “asumo el compromiso en lo personal de hablar con los titulares del Instituto de Casinos, una vez que tengamos y analicemos la documentación”.

Asimismo, indicó que “ese compromiso lo asumo desde lo personal, más allá de mi función como Presidente de la Cámara: ver la situación planteada y transmitir cuál es la respuesta que me hayan dado”.

En tanto, desde los bloques del Frente para la Victoria y del Frente de Izquierda y los Trabajadores, coincidieron en colaborar en la resolución del conflicto mediante el diálogo.

Jorge Fernández Rojas realizó una investigación sobre los efectos perjudiciales del cianuro utilizado en la extracción minera que fue citada por la Suprema Corte para declarar constitucional la ley 7722.

La Cámara de Diputados reconoció a periodista mendocino Jorge Fernández Rojas por la publicación de su informe titulado “El derrame de la Barrick envenenó el agua de Jáchal” en la página www.unidiversidad.com.ar que pertenece a la Universidad Nacional de Cuyo.
El reconocimiento fue impulsado por el diputado radical Gustavo Villegas y se basó en que el artículo de Fernández Rojas sirvió como fundamento de la Suprema Corte para declarar constitucional a la ley 7722 que prohíbe el uso de sustancias que envenenen el agua en la extracción minera.
Villegas expresó que Fernández Rojas “es un ejemplo para los futuros periodistas” por su “valentía” y por la preparación que lleva a delante cuando redacta sus informes.
Además, el legislador opinó que “hay un antes y un después de esta nota en los medios de la UNCuyo; los medios de la UNCuyo están al nivel de los medios privados de la provincia pero con total libertad de prensa y expresión”.
Por su parte, Jorge Fernández Rojas, luego de agradecer la distinción y a su familia manifestó que “tenemos que trabajar por el futuro de Mendoza y el agua es esencial para el futuro”.
El trabajador de prensa agregó que su informe no es un “logro personal, sino colectivo” y mencionó a Verónica Gordillo y Pablo Icardi, otros periodistas comprometidos con el cuidado del ambiente.
A su turno, la diputada Julia Ortega (UCR) concordó en que “el tesoro más grande que tenemos es el agua” y sumó que “es valioso contar con jóvenes de este nivel”.

El ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, Martín Kerchner, junto a miembros de su gabinete, presentó ante las comisiones de Hacienda de ambas Cámaras legislativas los detalles de los proyectos de ley de Avalúo e Impositiva que remitió el Ejecutivo para el ejercicio 2016.

Kerchner explicó que en el caso de Impositiva, “es una ley que se enmarca en los términos de una emergencia que ayer tuvo sanción definitiva” en la Legislatura, en la que se resaltan aspectos de la política tributaria con “pequeñas modificaciones a la Ley vigente”.

Entre los objetivos que se persiguen se encuentran el de dar mayor “simpleza y transparencia al proceso tributario, que de por sí es muy complejo”, dijo, y restablecer el “contrato social” de manera tal que la imposición tributaria se observe no sólo en una cuestión presupuestaria sino también “en la calle” a través de “mejores servicios de salud, infraestructura, etc.”.

Como conceptos básicos hizo hincapié en el “no aumento de alícuotas” y la simplificación de la “tasa cero”, para potenciar las actividades primarias, además de agilizar los procesos de tramitación y la adecuación al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.

En lo que respecta a Ingresos Brutos, el ministro afirmó que es el que “marca la diferencia en materia recaudatoria” y ejemplificó que, haciendo un corte de cómo ha evolucionado este impuesto en los últimos diez años, mientras en 2006 significaba el 60% del total de la recaudación tributaria de la provincia, actualmente representa el 80%.

“El objetivo de esta gestión es revertir” esos porcentajes para que pasen a tener más importancia los impuestos patrimoniales, subrayó.

En ese sentido, sostuvo que para el próximo año en base a las estimaciones de recaudación, se prevén obtener alrededor de 16 mil millones de pesos, de los cuales unos 12.600 millones provendrían de Ingresos Brutos; 1.600 millones de Tasas de Justicia y Sellos; más de mil millones en concepto de Impuesto Automotor, y 660 millones por Inmobiliario.

También hizo referencia a la caída de Ingresos Brutos durante el mes de octubre y a un pequeño “repunte” durante el mes de noviembre y lo que va de diciembre, a lo que añadió que los dos sectores en donde se observan bajas en este impuesto, son el minorista y el de servicios conexos.

Según Kerchner, influyó en esa situación la variable macroeconómica pero también, “las sucesivas moratorias que han ido adelantando recaudación y haciendo que en el futuro el contribuyente tenga menos predisposición a cumplir ante la expectativa de una moratoria”. Hay que recuperar “la cultura tributaria”, acotó.

La Cámara de Diputados aprobó la Resolución que adhiere al régimen establecido en el Decreto Provincial N° 1789/15 - régimen de presentación de Declaración Jurada Patrimonial en la Función Pública en el ámbito provincial- con el fin de que diputados, secretarios habilitados y legislativos, presenten sus Declaraciones Juradas. La iniciativa pertenece a los diputados Pablo Priore (PRO), Marcos Niven (PD), Néstor Parés y César Biffi (UCR).

En este sentido, se establece un plazo máximo de 30 días hábiles, a contar desde la aprobación de la presente Resolución.

De esta manera, se apunta a “transparentar y controlar la evolución patrimonial de las personas en el ejercicio de la función pública, de forma tal de prevenir y sancionar delitos de corrupción política”.

Además, según señalan los fundamentos, “hasta tanto la Legislatura provincial no haya sancionado una norma de ética pública, los miembros de esta Honorable Cámara tienen la obligación moral de que exhibir conductas ejemplares en lo atinente a la ética pública y a la gestión del Estado”.

La norma fue aprobada en general con 35 votos afirmativos, 12 se inclinaron por la negativa y hubo un ausente.

La Cámara de Diputados dio sanción inicial al proyecto de Ley de Impositiva enviada por el Poder Ejecutivo para el presente ejercicio fiscal, mediante el cual “se fijan las alícuotas, mínimos y coeficientes para la determinación de la base imponible de los impuestos establecidos en el Código Fiscal y sus modificatorias, como así también, los valores de las Tasas Retributivas que perciben las dependencias del Estado Provincial por la prestación de los servicios”.

La votación en general resultó por 35 votos afirmativos y 12 negativos, registrándose 1 ausente (Carlos Bianchinelli). Votaron de manera afirmativa los bloques de la UCR, PD, PRO, FR y parte del PJ-FPV.

Los integrantes del bloque del Frente para la Victoria, Omar Parisi, Gustavo Majstruk, Sonia Carmona, Lucas Ilardo, Daniel Rueda, Norberto Gonzalez, Mario Díaz y Patricia Galván y los 4 legisladores del FIT, Héctor Fresina, Martín Dalmau, Cecilia Soria y Macarena Escudero, se inclinaron por la negativa.

La norma, divida en capítulos, establece el marco de referencia para la recaudación de los impuestos inmobiliario, ingresos brutos, de sellos, automotor, venta de billetes de lotería, rifas, juegos de azar, concursos, tasas retributivas de servicios; como así también modificaciones al Código Fiscal de la provincia y disposiciones generales para la aplicación de la norma.

Se aprobó en general por mayoría con la negativa del FIT. Y en particular, con el voto afirmativo de la UCR, PD, PRO y FR. El PJ-FPV y FIT votaron en contra.

Luego de un debate extenso en el recinto y con sucesivos cuartos intermedios para el análisis del texto, la Cámara de Diputados dio sanción inicial al proyecto que declara la emergencia administrativa, fiscal y financiera por el período comprendido en los ejercicios 2016 y 2017.
La norma alcanza “al régimen de pagos de las obligaciones dinerarias y no dinerarias a cargo de la provincia, así como las que correspondan a los organismos mencionados en los incisos a y b del artículo 4 de la Ley 8.706 (Administración Financiera); exigibles y/o vencidas, sea cual fuere el origen de las mismas, incluidas las que resulten de resoluciones judiciales firmes o administrativas”.
La ley con media sanción es de orden público y se dicta en base a la normativa constitucional nacional y provincial, en particular a mérito de lo dispuesto por el inciso 22 del artículo 99 de la Constitución provincial.
El debate de la norma se centró en diferentes posturas expresadas por los legisladores de los diferentes bloques. De este modo, la bancada justicialista propuso algunas modificaciones relacionadas al tiempo por el que se extendería la declaración de emergencia, los fundamentos que acompañan la norma y las diferencias planteadas en torno a los números expresados por el Ejecutivo provincial.
Desde el radicalismo, y sectores aliados, se aceptaron algunas modificaciones aunque se remarcó la necesidad de disponer de esta herramienta por la crisis económica y financiera que atraviesa Mendoza.
Por su parte, desde el Frente de Izquierda (tanto PTS como PO) se subrayó la negativa de acompañar esta norma, remarcando que su votación se inclinaría por el no.
En su artículo 2, el texto autoriza al Ejecutivo provincial a tomar, dentro del marco del ordenamiento jurídico vigente, todas las medidas tendientes a concretar y efectivizar el necesario equilibrio presupuestario previsto y exigido por la Constitución provincial y las leyes 7314, 8706 y 8816 atendiendo la emergencia fiscal declarada, así como el normal desempeño de las funciones del Estado.
Se exceptúan de esta autorización mencionada toda modificación o alteración en los salarios de los empleados del Estado provincial que no se compadezca con la normativa legal vigente, así como los que se acuerden oportunamente en las negociaciones paritarias.
Por su parte el Tribunal de Cuentas deberá confirmar la deuda provincial al 10 de diciembre de 2015 respecto de los proveedores del Estado, a fin de determinar la razonabilidad de saldos informados por la Contaduría General de la provincia y los correspondientes a cada uno de los servicios administrativos financieros. Dicha confirmación deberá contener motivo y fecha de origen y de vencimiento de la deuda, debiendo también indicar si la misma se encuentra registrada o no registrada.

La Cámara de Diputados dio sanción final al proyecto de ley, iniciativa de la diputada Silvia Ramos (FPV), que modifica el artículo 1° de la ley 8621, que quedará redactado de la siguiente forma: “Artículo 1º: A los efectos previstos por el art. 1º de la ley 6.086 (Ley de Arraigo de Puesteros), ampliase hasta el 31 de Diciembre de 2.017 la suspensión de los procesos iniciados, cualquiera sea su estado, incluidos aquellos que se encuentren en trámite de ejecución de sentencia.”

De esta manera, se busca “mantener una precisa protección para evitar la erradicación de la población rural dispersa que desarrolla, en sus afincamientos alejados de los centros urbanos, actividades pecuarias y artesanales, con el fin de evitar que se los obligue al abandono de las mismas en forma coercitiva, preservando sus derechos, cultura y forma de vida”, explican los fundamentos. 

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Ley de Avalúo para el ejercicio 2016, que fuera remitido por el Poder Ejecutivo y que constituye la base de cálculo para el impuesto Inmobiliario.

La norma fue aprobada por 35 votos positivos de los bloques de la UCR, PD, PRO, Frente Renovador y parte del Frente para la Victoria y, 12 negativos de los diputados Sonia Carmona(FPV), Mario Díaz (FPV), Patricia Galván (FPV), Norberto González (FPV),Lucas Ilardo (FPV), Gustavo Majstruk (FPV), Omar Parisi (FPV), Daniel Rueda (FPV), Cecilia Soria (FIT), Martín Dalmau (FIT), María Macarena Escudero (FIT) y Héctor Héctor (FIT). Estuvo ausente el diputado Carlos Bianchinelli.

La norma establece la metodología, valores y parámetros aplicables para la determinación del Avalúo Fiscal del ejercicio 2016, correspondiente a los bienes inmuebles ubicados en la Provincia.

El Avalúo Fiscal constituirá la base imponible de: a) Impuesto Inmobiliario -año 2016- correspondiente a los bienes inmuebles objeto del gravamen, e b) Impuesto de Sellos, cuando se celebren actos, operaciones y/o contratos referidos a bienes inmuebles, en el transcurso del período fiscal señalado.

La metodología aplicable para la determinación del avalúo fiscal no ha sufrido modificaciones respecto a la vigente, al igual que los valores unitarios de los guarismos que intervienen en la operación, salvo la incorporación del factor correctivo (fc).

Mientras que se formula la adecuación de los valores unitarios de la tierra libre de mejoras, de aproximadamente el 5% de las propiedades urbanas, cuyos valores se encuentran totalmente desactualizados respecto de las ubicadas en sus entornos. Así, también se prevé la adecuación del avalúo de aquellas parcelas que con relación al banco catastral plantea un demérito en su significatividad.

La Cámara de Diputados dio sanción final al proyecto de ley venido en revisión del Senado, que modifica los artículos 26° de la Ley 5811 - Régimen de Licencias y Remuneraciones Personal de la Administración Pública Provincial -, y 6° de la Ley 8727 – Remuneraciones Superiores Sueldos Gobernador.

 El artículo 26° de la 5811, hace referencia a la remuneración mensual del Gobernador de la Provincia, Vicegobernador, Ministros del Poder Ejecutivo, Secretario General Legal y Técnico de la Gobernación, Secretarios con rango de Ministros, Director General de Escuelas y Subsecretarios.

  En tanto, el artículo 6° de la 8727, establecerá que “las disposiciones de la presente Ley son de orden público y deberán aplicarse con preeminencia sobre toda otra disposición legal y/o convencional, considerándose derogada toda norma en contrario, salvo que expresamente una norma posterior exceptúe la aplicación de la presente”.

 En ese sentido, al analizar la composición salarial, los fundamentos de la iniciativa del Poder Ejecutivo explican que los componentes del salario del Gobernador incluyen ítems de tipo variable (antigüedad y título profesional), “los que por su naturaleza implican que dicha remuneración pueda cambiar según las condiciones que reúna el primer mandatario en su caso”.

  Asimismo, detalla que “dicha composición salarial, de aplicarse al actual Gobernador, quien ostenta una mayor antigüedad reconocida en la función pública que el anterior mandatario”, tendría “como efecto directo”, que su salario se incrementara “en el mes de enero del año 2016, así como el de todos los legisladores y funcionarios políticos que están vinculados porcentualmente al mismo”.

La Cámara de Diputados dio sanción final al proyecto de ley, venido en revisión del Senado, que agrega al artículo 2°, de la Ley N° 8736- expropiación inmueble terreno distrito La Palmera en el departamento de Lavalle- con el fin de 

ampliar el objeto de la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación del inmueble inscripto , para “atraer inversiones y proyectos que permitan la generación de empleo genuino y de recursos que permitan el crecimiento sostenido”, explican los fundamentos.

El párrafo que se agregará será el siguiente:
“También el inmueble podrá ser destinado por parte del sujeto expropiante al emplazamiento de Proyectos Industriales y/o de Producción de Energía que sean ambientalmente compatibles con los usos mencionados en el primer párrafo de este artículo, en el marco de las Ordenanza Municipales de ordenamiento territorial, zonificación y de radicación de emprendimientos en el Departamento Lavalle.”

La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que declara la emergencia del sistema sanitario en la provincia de Mendoza por un período de seis mese prorrogable por igual período a partir de su promulgación. La norma fue votada por el bloque de la UCR, el PD, el PRO y el Frente Renovador, mientras que el FPV y el FIT no ingresaron al recinto.

El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes para el lapso que dure la emergencia sanitaria, deberá elaborar un plan de contingencia en todos los niveles prestacionales, haciendo hincapié en la continuidad de las acciones preventivas y de promoción de la salud, maternidad e infancia, atención primaria, hospitalaria, pre y post hospitalaria, garantizando la distribución equitativa de recursos humanos, financieros y materiales en todo el territorio provincial.
 Conforme a las atribuciones conferidas por la Ley de Administración Financiera y Control Nº 8706 y su Decreto Reglamentario 1000/15 se autoriza al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes y órgano de la administración centralizada y entidades descentralizadas que de él dependan y/o autárquicas, según corresponda, por el término establecido en el Art. 1º de la presente ley a partir de su publicación, a contratar en forma directa, hasta la suma de PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000) la compra de bienes corrientes, de capital y servicios personales y no personales imprescindibles para el cumplimiento de prestaciones de salud y necesidades básicas esenciales e impostergables.
En el caso de que la contratación directa sea inferior o igual a la suma de PESOS UN MILLÓN ($ 1.000.000) el órgano contratante deberá publicar por lo menos durante dos días hábiles en la página web de la Dirección de Compras y Suministros dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas.