La comisión de Derechos y Garantías de la Cámara, presidida por el diputado Ricardo Puga (PIM), entrevistó a Pablo Gómez Riera, ex titular del I
nstituto de Desarrollo Rural, para continuar con la ronda de consultas tendientes a analizar las denuncias de irregularidades en la órbita de la institución. Consultado por los legisladores sobre la implementación de programas aprobados con el objeto de mejorar el desarrollo de áreas rurales, Riera confirmó que mientras fue titular del Instituto (desde el 21 de diciembre de 2007 hasta el 1 de agosto de 2009) muchos de ellos no siguieron su curso por no ser parte de los objetivos planteados en el inicio de su gestión. Sostuvo que “en la etapa anterior, el programa más exitoso era uno relacionado al control ginecológico de las mujeres rurales; un programa que no estaba bien estructurado y que no era la prioridad del IDR, sino de Salud.”
El ex funcionario dijo, también, que cuando arribó a la institución “había contratos de 300 pesos” porque eran prácticamente todos estudiantes y que su intención era reformar el estatuto para asegurar mejores contrataciones, incorporar mayor personal y generar mayor desarrollo.
La Provincia prepara un anteproyecto de protección y conservación ambiental
La Comisión de Ambiente, Urbanismo y Vivienda recibió a funcionarios de Recursos Naturales Renovables con el objeto de analizar un anteproyecto de ley provincial para el ordenamiento territorial de los bosques nativos. Motiva esta propuesta la necesidad de cumplimentar lo requerido en la ley nacional 26331, referida a presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos, que tiende a la conservación de los mismos en todas las regiones boscosas del país y contará con un presupuesto de 300 millones de pesos.
Presidió el encuentro el titular de la Comisión, Antonio Spezia (PD), acompañado por Teresa Maza (Confe), Juan Dávila (PJ), Edgardo Pintos (UCR), Silvia Ramos (Eje Peronista), Patricia Gutiérrez (Unidad Popular) y Mireya Díaz (PJ). Asistieron el director de Recursos Naturales Renovables, Daniel Gómez, y colaboradores de distintas áreas de ese organismo.
La finalidad de este instrumento provincial, que será financiado con fondos nacionales, son los siguientes: promover la conservación del bosque nativo, armonizando el desarrollo económico, social y ambiental de la Provincia, en beneficio de las generaciones actuales y futuras; regular la expansión de la frontera agropecuaria, minera, petrolera y urbana, de cualquier otro cambio de uso del suelo.
Continuaron con las rondas de consultas tendientes a analizar las denuncias de irregularidades que recaen en el Instituto de Desarrollo Rural.
Los integrantes de las comisiones de Economía y Derechos y Garantías se
recibieron al Tesorero del IDR, Luis Cisella. Durante la reunión Cisella fue consultado sobre los diferentes procedimientos que realiza el área a su cargo.Al término del encuentro, los diputados adelantaron que el próximo martes 8, a las 9, continuaran escuchando al Tesorero del Instituto para profundizar sobre algunos aspectos.
Consultado sobre la confección de los balances correspondientes, especialmente el del año 2009 que se encuentra impugnado, el tesorero afirmó que “no se ha cumplido con el Estatuto del IDR. El balance distribuido venía sin firmas responsables, no estaba firmado desde el comienzo”.
Del mismo modo, Cisella hizo mención sobre fondos provenientes de la Secretaría de Agricultura de la Nación que habían sido depositados al IDR y que no tuvieron el destino para el cual se los administró. Sostuvo que “alguien ha estado repiqueteando para que eso se compute como gasto”, lo que según su parecer es una irregularidad ya que fue un préstamo a la Provincia y no un gasto, algo que afectaría ese ejercicio contable y el siguiente.
“Potasio es de Mendoza y para los mendocinos con 3 mil puestos directos de trabajo y más de 12 mil indirectos” con este lema se manifestó la U
nión Obrera de la Construcción a favor del proyecto que permite la explotación minera del emprendimiento Potasio Río Colorado. Alrededor de 300 trabajadores se presentaron en la Legislatura con el titular de la UOCRA al frente, Néstor Romero, para solicitar el pronto tratamiento de un proyecto del Ejecutivo por el cual el Parlamento homología el acuerdo para que la Provincia pueda disponer del Fondo de Desarrollo Socio Ambiental que asciende a los 12 millones de dólares. Ese monto se destinaría, entre otros, a los tendidos eléctricos que la empresa necesitará para su funcionamiento; la generación de empleo en el lugar a establecerse y la priorización de la compra de materiales y contratación de mano de obra mendocina.Los manifestantes presentaron su petitorio al presidente del bloque justicialista de diputados, Carlos Bianchinelli, quien en relación al convenio firmado entre la empresa y el Gobierno provincial señaló que ha solicitado tratamiento con preferencia para la próxima sesión de la Cámara. La bancada a su cargo dará apoyo a la homologación del convenio.
Las comisiones de Economía y Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados, recibieron al Tesorero del IDR, Luis Cisella, para continuar con la ronda de consultas sobre la denuncia de presuntas irregularidades en el manejo de fondos del instituto de Desarrollo Rural – IDR -, presentada ante ambos órganos legislativos.
Cisella explicó los diferentes procedimientos que realiza el área a su cargo, y describió su accionar desde que asumieron las nuevas autoridades al frente del Instituto.
De esa manera, expresó que “los fundadores – del IDR - son 35, 28 organizaciones privadas del agro y 7 organismos del Estado”.
“De los 35, los fundadores eligen 17 para conformar el Consejo de Administración, que tiene mandato por dos años y se renueva bianualmente y es el que tiene la responsabilidad de aprobar todo lo administrado a través del gerente – que da cuenta al Comité Ejecutivo compuesto por 9 personas –“, añadió.
La Cámara de Diputados aprobó el despacho que envía al archivo las actuaciones de la Comisión Especial Investigadora, con una votación que arrojo 24 votos positivos y 19 negativos.
Votaron a favor del archivo legisladores de los bloques del PJ, Eje Peronista, Partido Demócrata, PJ Federal, PJ Unipersonal y PIM. En tanto el Frente Cívico mantuvo su postura de solicitar la interpelación al Ministro de Seguridad.
Cabe aclarar que los integrantes de la Comisión Investigadora elaboraron 4 despachos ya que no pudieron arribar a una conclusión unánime.
Luego de un extenso debate, los diputados optaron por unificar criterios, y se puso a votación 2 despachos. El primero que contiene los fundamentos de los dictámenes de Gustavo Arenas, Daniel Cassia, Luis Orbelli y lo expresado en el recinto por Roberto Pradines - que luego fue aprobado- y que envía las actuaciones de la Comisión al archivo y da por finalizada la investigación. Y el segundo que considera que no existieron pruebas suficientes para sostener el espionaje o seguimiento al Vicegobernador, y formula el pedido de interpelación al Ministro de Seguridad de la Provincia, dictamen del Frente Cívico.
Asimismo, durante la sesión, el diputado Daniel Cassia informó a la Cámara que realizará la presentación formal de Juicio Político al Vicegobernador la semana entrante; y el diputado Ricardo Puga indicó que formulará la invitación para que el ministro Aranda concurra a la Legislatura.
La Cámara de Diputados votó hoy en el recinto un proyecto de Resolución que avala el amparo presentado por la Provincia ante el Gobierno Nacional
, en rechazo del decreto de Promoción Industrial nº 699/2010 por “manifiesta inconstitucionalidad y por lesionar de manera discrecional los intereses de la Provincia de Mendoza”.El proyecto respalda “todas las acciones jurídicas presentadas por los poderes de la Provincia, en defensa de su economía local, más las acciones realizadas por las distintas cámaras empresariales de Mendoza que resguardan los intereses de sus fuentes de trabajo e inversiones”.
Del mismo modo, se solicita a los legisladores nacionales por Mendoza “la presentación de un proyecto de Ley que contemple la derogación del citado decreto, y que propicie una Ley de Promoción Industrial y económica por regiones y actividades”.
El último artículo manifiesta que se comunicará “la presente Resolución al Poder Ejecutivo Nacional, al Congreso de la Nación y requerir que la misma sea parte del reclamo judicial que la Provincia presentó ante la Corte Suprema Nacional”.
Por otra parte, durante el debate del proyecto, cada uno de los bloques hizo uso de la palabra expresando sus perspectivas particulares respecto a ello. En este sentido, el presidente de la Cámara, Ingeniero Jorge Tanús, abogó por la unión de todos los bloques en respaldo de la iniciativa y expresó que “se debe luchar por una Mendoza mejor y para que se corrijan errores que se han cometido en perjuicio de la Provincia.”
La comisión de Educación de la Cámara Baja consultó al Director General de Escuela, Carlos López Puelles, sobre asuntos relacionados a la seg
uridad de las escuelas mendocinas luego de la desaparición y posterior hallazgo de un alumno de una institución godoycruceña.La invitación al funcionario fue impulsada por el legislador de la UCR Daniel Dimartino, con la intención de que el titular de la DGE informe sobre medidas de seguridad en las escuelas y sobre en el avance en la investigación del caso en que un alumno salió de la escuela San Gabriel del barrio Foecyt de Godoy Cruz.
Según explicó Dimartino, “a más de un mes de ocurrido el caso todavía no tenemos una respuesta satisfactoria de lo que pasó” y agregó que “vamos a seguir el tema desde la comisión”.
Por su parte, López Puelles anunció que esta semana se reunirá con la Junta de Disciplina para poder tener las primeras conclusiones referidas a “la responsabilidad que cabe en el ámbito escolar a la directora o a las autoridades” de la escuela.
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La Cámara de Diputados de la provincia rechazó, de forma u
nánime, el pedido de juicio político contra los jueces Pedro Llorente y Herman Salvini, ambos integrantes de la Suprema Corte de Mendoza.Los magistrados habían sido denunciados por los abogados penalistas Dante Vega y Diego Lavado, por considerar que habían incurrido en “falsedad ideológica" y "prevaricato".
Según indicó el diputado radical Raúl Vicchi, los argumentos que se estipulan como la causante de falsedad ideológica no pueden comprobarse. “No ha surgido en ningún momento el elemento determinante por el cual un abogado hubiera sido menospreciado”, dijo, agregando que de la lectura de los expedientes, “no se deduce la existencia de ningún dolo, ningún delito ni ninguna irregularidad”, dijo.
Por tales motivos, solicitó la “desestimación o rechazo liso y llano de dicho pedido de juicio político”.
Tiene media sanción en Diputados la iniciativa de Luís Petri (Con Fe) que introduce cambios en la ley 7924. Las cámaras no podrán
grabar sonidos ni grabar imágenes de viviendas o propiedades privadas.Diputados aprobó una iniciativa de Luis Petri que establece modificaciones en distintos artículos de la ley que regula el uso de cámaras de video en lugares públicos.
El proyecto “garantiza que no se viole la intimidad de las personas y que las cámaras ubicadas en espacios públicos estén exclusivamente destinadas a prevenir hechos delictivos y a reprimir a quienes los cometan, pero que no se utilicen para filmar aspectos de la vida íntima de los mendocinos”, explicó el autor.
La ley 7924 “tiene que ser una garantía para todos los mendocinos de buena voluntad y que se comportan correctamente”, agregó Petri.
Entre las modificaciones que se introdujeron en el texto se dispone que “no se podrán tomar imágenes del interior de propiedades privadas” y además, se establece que “en ningún caso las videocámaras podrán captar sonidos”.
La iniciativa determina también que, si accidentalmente se obtuvieran imágenes que violen la norma, estas deberán destruirse inmediatamente por quien sea responsable de la custodia.
La comisión de Desarrollo Social, presidida por Nélida Negri (PJ), dialogó con Oscar Sander, presidente de la Federación Mendocina de Asociaciones de
Bomberos Voluntarios, para analizar un proyecto de ley de legisladores con mandato cumplido, Carlos Ciurca, Rubén Lázaro y Mariano Ficarra, que otorga beneficios de “pensión graciable” a las familias o herederos que posea el bombero voluntario que fallece en acto de servicio. El análisis de los legisladores se basó en la posibilidad de incluir a la Ley nº 7679, un párrafo al artículo 23 que especifique el beneficio; ya que de no ser así se debería transitar otro camino y realizar un convenio con ANSES para poder incluir los reconocimientos en algún régimen jubilatorio o de pensión. Sander expresó que la intención es “solicitar el régimen policial de clase 13”.
De este modo los legisladores manifestaron que trabajarán en la semana para modificar el texto, ya que “es necesario acortar caminos para que el beneficio se obtenga prontamente en el tiempo”.
La Cámara Baja aprobó una iniciativa que adhiere a la ley nacional 26.363 que regula el funcionamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
La adhesión no afecta a normativas que contradigan o dejen sin efecto normas provinciales vigentes en materia de tránsito y transporte.
El texto establece, además, que el Ejecutivo realizará la adecuación de las partidas presupuestarias.
La norma, con sanción inicial en Diputados, es una modificación de la Ley 8.053 con la que se pretende “subsanar los déficit originales, aportando así una respuesta que rápidamente permitirá integrar a Mendoza en el marco de la política nacional de seguridad vial, sin que ello constituya una limitación o menoscabo a la competencia propia de la jurisdicción provincial”.
Diputados de distintos bloques recibieron un petitorio de represen
tantes de la Asociación de Trabajadores del Estado que solicita que la Cámara comience a trabajar sobre una iniciativa que estipule el 82 por ciento móvil para los empleados públicos que se jubilen.Además, desde ATE pidieron que se equipare la asignación por hijo de la Provincia con la nacional.
Según anunció el titular del bloque oficialista, Carlos Bianchinelli, el viernes de la semana entrante los legisladores recibirán a los representantes gremiales para darles una respuesta.
Mientras tanto, agregó Bianchinelli, se consultará al Ejecutivo provincial la posibilidad de llevar adelante los pedidos de ATE.
Fue en el marco del programa “Dialogando con la Historia”
que impulsa Diputados y que busca acercar a los jóvenes de instituciones al estudio de los procesos y acontecimientos históricos nacionales. Participó la titular de la comisión de Educación Florinda Seoane (ConFe).El Salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura mendocina sirvió de escenario para las charlas que la presidenta de la Junta de Estudios Históricos, Marta Páramo de Isleño y la profesora de Historia Beatriz Evans, brindaron a jóvenes de distintas escuelas sobre la Revolución de Mayo.
Según explicó Beatriz Evans, el programa “Dialogando con la Historia”, que impulsa la Cámara Baja desde 2006, es único en el País y su objetivo es acercar a instituciones de la sociedad mendocina al conocimiento de la Historia y la recordación de fechas patrias importantes para nuestro país.
“Buscamos contribuir con el amor a la Patria”, manifestó la profesora.
El ministro de Hacienda, Adrián Cerroni, confirmó que del total d
e la deuda consolidada que tiene la provincia, el 65 por ciento será refinanciada por la Nación, conforme al plan de desendeudamiento propuesto para las provincias por el gobierno nacional.En una reunión mantenida con legisladores de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Cerroni explicó que desde la Nación confirmaron los números exactos que se refinanciarán.
Así, de los 4.440 millones de pesos de deuda consolidada al 31 de mayo de este año, se refinanciarán aproximadamente unos 2.883 millones, de los cuales 2.074 millones corresponden al canje de la deuda, y el resto, al Programa de Asistencia Financiera desde 2006 a 2009.
Además, del total que ingresa al sistema de desendeudamiento, alrededor de 432 millones corresponden a una compensación en concepto de los Aportes al Tesoro Nacional – ATN – no distribuidos por la Nación a la provincia.
La comisión de Salud trabaja en una iniciativa que tiene el aval de la Dirección de Maternidad e Infancia, la Subsecretaría de Salud y el Programa Provincial de Salud Reproductiva. Pretende garantizar la aplicación del Código Penal.
La comisión de Salud de la Cámara Baja trabaja en una iniciativa del diputado Ricardo Puga (PIM) que legisla sobre la aplicación del Código Penal en casos de abortos no punibles, es decir en casos en que la interrupción de un embarazo no se considere ilegal.
Según el autor, aprobando esta iniciativa se podrá garantizar la aplicación en tiempo y forma de lo dictado por el Código Penal cuando una mujer pueda o deba ser someterse a la práctica de un aborto, ya que se elaborará un listado de médicos que se oponen a esta práctica y se los remplazará por galenos que puedan realizarla.
La idea es que “haya una cantidad de profesionales que puedan hacerlo (el aborto) en un plazo no mayor a seis días” y remplacen eventualmente a “aquellos que tengan objeciones de conciencia por razones religiosas”.
La titular del Programa Provincial de Salud Reproductiva, Alicia Motta, expresó su acuerdo con la iniciativa y manifestó que aborda “una situación crucial para la salud pública como es la atención del aborto no punible”.
La comisión de Derechos y Garantías, recibió al Escribano General de Gobierno, Guillermo Amaya, a quien consultó sobre el proce
dimiento llevado adelante por su área en el pago de recompensas por parte del Ministerio de Seguridad.Amaya, expresó que no se le ha dado “vistas sobre la ley de recompensas”, y que si bien cada vez que ingresa una ley al Poder Ejecutivo para su promulgación generalmente se pasa esa información a las áreas de gobierno afectadas en la normativa, en este caso – la Ley de Recompensas – no fue así.
Según explicó el presidente de la comisión, Ricardo Puga (PIM), nunca se comunicó esta ley a la Escribanía de Gobierno, por lo tanto, no se ha controlado el acta de pago de recompensas que se pudieran haber abonado.
A la vez, indicó que si bien la legislación aún no ha sido reglamentada se trata de una ley “operativa” que establece que los pagos bajo este concepto deben hacerse bajo acta del escribano.
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La comisión de Hacienda de Diputados y el ministro de Hacienda se reunieron con Gerardo Del Río, jefe comunal rivadaviense, quien manifestó la necesidad de que se adecue el índice a la producción de cada departamento.
La comisión de Hacineda y Presupuesto de la Cámara Baja se re
unió con el intendente de Rivadavia, Gerardo Del Río, quien pidió que se adecue a la “nueva realidad” la legislación referida a índices de equilibrio regional relacionados a la producción de petróleo.Según Del Río, Rivadavia pasó de ser el primer productor de petróleo provincial a ser el quinto y además se han incorporado nuevos departamentos productores de crudo.
Esto impactaría de forma negativa en la economía de la comuna, ya que, por ejemplo “en concepto de coparticipación federal y provincial recibe menos que Junín que tiene menos habitantes”, explicó el intendente.
Por su parte, Adrián Cerroni, titular del Ministerio de Hacienda declaró que el Ejecutivo trabajará en función de lograr consenso entre los departamentos mendocinos productores de petróleo. “Lo importante es tener un consenso previo antes de enviar un proyecto”, explicó el ministro.
Con la presencia de Guillermo Carmona, Secretario de Ambiente de la provincia, y funcionarios de la cartera, los legisladores siguieron con el estudio del proyecto que permite la explotación de minerales en Malargüe.
La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, presidida por la diputada Silvia Cardozo (PJ), continuó con el análisis del proyecto que permite la explotación minera del emprendimiento Potasio Río Colorado.
Durante la reunión se analizaron diversos temas, entre los cuales se destaca el destino que la Provincia realizará de los 12 millones de dólares del cual dispondrá a partir del Fondo de Desarrollo Socio-Ambiental; los tendidos eléctricos que la empresa necesitará para su funcionamiento; la generación de empleo en el lugar a establecerse y la priorización de la compra de materiales y contratación de mano de obra mendocina.
El diputado Roberto Blanco (UP), consultó a Guillermo Carmona sobre la posibilidad de que la Secretaría de Medio Ambiente solicite a la intendencia de Malargüe un listado de obras a realizar en el departamento con la implementación de dineros del Fondo de Desarrollo Socio-Ambiental y que a su vez éstas obras sean incluidas en el texto del convenio y la ley correspondiente. En este sentido, Carmona respondió que “se le solicitará a la intendencia un listado de obras que tienen prioridad en el departamento, lo cual tiene ventajas para los legisladores para evitar suspicacias”, del mismo modo agregó que no se puede prever con mucha anticipación que otras obras va a necesitar el departamento con tantos años de antelación.
La Comisión de Turismo y Deportes se reunió con el Secretario de Deportes de la Provincia, Martín Aveiro, con el objeto de conocer las actividades
que se están desarrollando y proyectando y ofrecer el apoyo legislativo necesario para consolidar el área.Presidió el encuentro el titular de la Comisión, Daniel Ortiz (UCR), acompañado por María Rosa Lemos (Confe) y Alejandro Limas (UCR).
En primer término, Aveiro consideró que el organismo a su cargo está avanzando como consecuencia de contar con partidas presupuestarias seguras, ya que anteriormente se manejaban con recursos que no eran fijos y resultaban de lo que disponía el Ejecutivo.
También elogió la sanción e implementación de la ley que regula el uso del Estadio Provincial, porque se puede disponer en forma directa de los recursos que ingresan. El instrumento mencionado permite la constitución de un Fondo que se destina a obras de infraestructura. El Estadio data de 1978 y no se habían efectuado trabajos de remodelaciones necesarios, simplemente se hacía mantenimiento sobre el mismo.
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