Diputados solicitaron la versión oficial de los hechos sucedidos en el ex Cose la semana pasada, las responsabilidades de cada actor involucrado y las propuestas para resolver problemas de violencia y fuga en la institución.
El informe fue dado ante las Comisiones de Desarrollo Social y de Derechos y Garantías, presididas por Sonia Carmona (PJ) y Fernando Barrigón (UCR), respectivamente. Asistieron el Ministro de Desarrollo Social, Guillermo Elizalde; la Subsecretaria de Familia, Dolores Alfonso, y la directora de la DINAF, Cecilia Paluccini. Concurrió un importante número de diputados de todos los bloques.
En primer lugar relataron como se habían sucedidos los últimos episodios de violencia y fuga; los enfrentamientos de internos y operadores; la intervención de jueces, fiscales, Infantería, Servicio Penitenciario y Policía que tuvieron amplia repercusión en toda la comunidad local.
Los diputados observaron la internación en el sector de máxima seguridad de menores de edad de un joven de 18 años y otro de 20 que fue cabecilla del conflicto mencionado. Los funcionarios respondieron que es decisión judicial tanto la internación, como la derivación a los distintos sectores y también de mantenerlo, no obstante la edad en determinadas áreas. Los profesionales que atienden a los jóvenes informan a la Justicia y desde ésta se toman las decisiones. Por lo tanto, también convocarán a los miembros de ese Poder para que informe.
Los funcionarios señalaron que estuvieron presentes durante el conflicto dos fiscales a los que además se les entregó material fílmico para el desarrollo de la investigación penal.
Luego dieron detalles del conflicto gremial (de los operadores) que se sumó al problema, como también la decisión judicial de que continuara al servicio penitenciario custodiando el lugar, para evitar nuevos roces entre operadores y jóvenes.
La comisión del Mercosur, presidida por el diputado Carlos Bianchinelli (PJ), analizó con distintos sectores y funcionarios de gobierno la situación en la que se encuentra el Paso El Pehuenche.
Durante la reunión, que fue solicitada por diferentes cámaras empresariales de la zona sur de la provincia de Mendoza, una de las situaciones más preocupantes que se planteó fue la necesidad de realizar e impulsar el asfaltado de la ruta del paso. Es que, según se indicó, del lado chileno faltan solo 4 kilómetros para su finalización y en Mendoza, las obras no se encuentran “muy avanzadas”.
Por tal motivo, y teniendo en cuenta que la fecha de inauguración establecida en principio, era para los primeros días de diciembre, se sugirió comenzar a trabajar en una estrategia integral donde participen las comisiones de ambas cámaras legislativas, junto con los legisladores nacionales por Mendoza y de las provincias involucradas por su conexión con las rutas internacional Nº 7 y nacional Nº 188.
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La Cámara de Diputados dio sanción definitiva al proyecto de ley que promueve las conductas socialmente responsables de las empresas y organizaciones en general, en el diseño y materialización de sus políticas. La norma establece el marco
jurídico del Balance de Responsabilidad Social y Ambiental E Empresaria (BRSAE).Se entiende por Balance Social y Ambiental, el resultado que surge de informar, medir y evaluar en forma clara, precisa, metódica, sistemática y principalmente cuantificada, de los resultados de la política social y ambiental de la organización. En el contenido de la presentación se indicará el esfuerzo que realiza la empresa en beneficio de la comunidad, el ambiente y su personal, como así también la magnitud de su impacto social.
Su aplicación es obligatoria para aquellas personas que cuenten con una dotación de más de 300 trabajadores y tengan una facturación que supere, en el último año, los valores indicados para medianas empresas.
Están comprendidas en esta ley, todas las organizaciones que tengan domicilio legal en la provincia y desarrollen su actividad principal, con al menos un año de funcionamiento.
Las organizaciones podrán obtener el certificado de “Empresa socialmente responsable” que servirá para acreditar que alcanzaron o superaron las pautas fijadas en el índice de Responsabilidad Social Empresaria (IRSE).
La comisión de Salud Pública, presidida por Luis Francisco (PJ), recibió a la coordinadora provincial del Programa Sanidad Escolar (ProSanE), Ana Houdek, y a su coordinadora odontológica Nancy Da Dalt, que solicitaron que se desarrolle una ley que asegure el
funcionamiento del programa en el tiempo.El ProSanE, es un programa nacional, que tiene el fin de evaluar el estado de salud y detectar tempranamente los riesgos o problemas médicos y odontólogos en niños de 1º y 6º grado escolarizados.
Este se implementa través de la Dirección de Atención Primaria, Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, en forma conjunta con la Universidad Nacional de Cuyo, a través de la Facultad de Medicina y Odontología, que firman un convenio de trabajo articulado para realizarse en Mendoza. A su vez, la Dirección General de Escuelas facilita la apertura de los establecimientos para que trabajen los equipos junto a los docentes y con los alumnos.
“Desde el 2009 hasta la actualidad, se han atendido 60 mil chicos de 1º y 6º grado, mientras en el 2012, ya son 14 mil alumnos aproximadamente, los que han recibido este servicio en las escuelas de Mendoza” expresó Ana Houdek.
Siendo los problemas más detectados la obesidad y sobrepeso, con un 36 %, mientras que a un 97% se les ha detectado caries. Esto marca la necesidad de la prevención en temprana edad y la derivación a los respectivos centros sanitarios específicos para su tratamiento.
Es por ello que los legisladores, considerando la importancia de este tipo de programas y la necesidad que persistan a lo largo del tiempo, comenzarán a trabajar en la creación de una ley, que asegure que no se interrumpa o finalice este tipo programas.
Estuvieron presentes en la reunión los diputados Néstor Guizzardi (UCR) y Rómulo Leonardi (PD).
La diputada Lorena Saponara (PJ), miembro de la comisión de Educación, recibió a representantes de SEOS y educadores privados quienes manifestaron su interés en que se iguale su situación con los establecimientos públicos de enseñanza, específicamente luego de la paritaria firmada el 25 de septiembre donde se estipula un adicional por zona del 10 por ciento para escuelas del ámbito estatal.
Según explicó la diputada, los asistentes dejaron una carpeta con documentación y plantearon la necesidad de que los legisladores se acerquen al Ejecutivo para plantear la inquietud.
“Nosotros vamos a presentarnos a hablar con el Poder Ejecutivo, con la directora general de escuelas (María Inés Abrile de Vollmer) para poder llegar a un acercamiento”, adelantó Saponara.
La Cámara de Diputados dio sanción definitiva a una iniciativa por la que se deja sin efecto el comodato de un terreno otorgado por ley nº 7.709 a la Municipalidad de Tunuyán, y transferirlo a título de donación a la entidad "Fazenda de la Esperança
Argentina", entidad que se dedica al abordaje terapéutico en adicciones para jóvenes y adultos. El terreno cedido posee poco más de 29 hectáreas y media.Se indica en la norma que se establece como cargo de la donación, la afectación del inmueble al desarrollo de una comunidad terapéutica en adicciones para jóvenes y adultos.
Continúa manifestando que cumplidos tres (3) años de promulgada la presente ley, sin que el inmueble fuera efectivamente utilizado al fin previsto, será reintegrado al dominio de la Provincia incluidas las mejoras incorporadas, sin derecho a compensación alguna, no pudiendo la donataria retener el inmueble a tal efecto. Igual procedimiento corresponderá en caso de abandono del predio.
Asimismo, Escribanía General de Gobierno realizará la escritura pública traslativa de dominio.
La Comisión de Hacienda y Presupuesto recibió a un grupo de veteranos de Malvinas que reitera un reclamo de reconocimiento honorífico y económico respecto de su participación en la Guerra, en relación a los beneficios que otorga una ley nacional.
Representantes de 116 afectados hizo lo propio, previamente, con los miembros de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Además, cabe destacar, que este reconocimiento ya había sido otorgado hace unos años, mediante la sanción legislativa de un instrumento al respecto. No obstante, el Poder Ejecutivo vetó esa ley y comenzaron nuevamente el trámite correspondiente.
Presidió el encuentro la titular de la Comisión, Rita Morcos (PJ), acompañada por los justicialistas Claudio Díaz, Lucas Ilardo y María Evangelina Godoy; Liliana Vietti (UCR) y Néstor Piedrafita (Nuevo Encuentro).
Si bien los afectados se consideran veteranos, otras agrupaciones califican a los participantes de la Guerra con distintas denominaciones. Están los que simplemente recibieron una “cédula de llamado”, otros son convocados y otros movilizados. En el caso de estas 116 personas si bien participaron desde bases continentales, las mismas estaban consideradas como “zona de riesgo de combate” en distintos fallos judiciales.
En cuanto al fundamento del veto, dado que oportunamente el Ejecutivo consideró que se trataba de 6 mil beneficiarios, se ofrecieron a hacer un censo provincial para dar certeza el número presentado de 116 personas. En este punto los diputados analizaron los distintos certificados extendidos con diferentes criterios por las tres Fuerzas Armadas y otros organismos.
Los legisladores se comprometieron a analizar el expediente completo, con todos los aportes reunidos, y a consultar legislación similar de otras provincias para aunar criterios respecto de la concesión de beneficios. Todo esto en relación a lo que exige la legislación nacional y las distintas participaciones de los combatientes en el Archipiélago y las tropas de apoyo desde las bases continentales, convocadas para ser trasladadas al denominado “Teatro de Operaciones” cuando así lo requirieran los superiores.
Los miembros de la Comisión continuarán en comunicación permanente con los afectados hasta llegar a una conclusión sobre el tema.
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Representantes de los distintos bloques de Diputados comenzarán el lunes las reuniones con especialistas. El 5 de diciembre se votarán las iniciativas junto a las de financiamiento de partidos políticos y desdoblamiento de elecciones.
Diputados fijó fecha para comenzar las reuniones previas al tratamiento de los proyectos referidos a boleta única, voto electrónico, desdoblamiento de elecciones provinciales, financiamiento de partidos políticos y elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias.
Todas estas iniciativas están incluidas en la Reforma
Política y representantes de los distintos bloques las comenzarán a analizar el próximo lunes con especialistas y miembros de la Junta Electoral. Entre ellos se invitará a Alfredo Puebla, secretario de la Junta Electoral y Walter Bento, juez federal con competencia electoral.
Gustavo Arenas, presidente del bloque oficialista, representará al Justicialismo; Hugo Babolené al Partido Demócrata y Tadeo García Zalazar a la Unión Cívica Radical.
Según adelantaron los diputados, se buscará conocer testimonios y experiencias de referentes de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Salta, donde ya se han aplicado este tipo de reformas.
El 5 de diciembre se realizará la votación de las iniciativas y hasta la fecha se trabajará en el análisis y la construcción de consenso, según manifestaron los legisladores.
El tratamiento en diciembre se llevará a cabo “más allá de las posturas” de cada uno de los bloques, informaron los legisladores.
La Cámara de Diputados dio media sanción, al proyecto de Tadeo G
arcía Zalazar (UCR), mediante el cual se establece a través del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, una línea de financiamiento destinada a los egresados de las Universidades e Institutos Terciarios públicos y privados de Mendoza.El crédito estará asignado al financiamiento de la adquisición de bienes muebles, instrumentos de trabajo, y/o locación de inmuebles, que estén relacionados en forma directa con la profesión del egresado.
El monto de la línea de crédito, tendrá un máximo de cincuenta mil pesos. La tasa de interés nominal anual, será variable equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la tasa de interés nominal anual variable vencida en pesos de la cartera general del Banco de la Nación Argentina.
Integrantes de la comisión de Obras Públicas que preside el diputado Cristian González (Eje Peronista) recibieron al secretario general del Sindicato Obrero de Taxis de Mendoza, Alberto Ozán, quien reclamó medidas desde la Legislatura para evitar que sigan circulando
coches que brindan este servicio de manera ilegal.Ozan solicitó también una tarjeta de identificación de taxistas y una modificatoria a la reglamentación de la transferencia de taxis para que cada vez que se realice este trámite se constate que el dueño el vehículo haya cumplido con todas sus obligaciones laborales con el trabajador taxista.
Por otra parte, hizo hincapié en la necesidad de incrementar los controles de los inspectores de la Secretaría de Transporte, teniendo en cuenta que en la actualidad, suman 22 los encargados de controlar todos los servicios, en toda la provincia.
Asimismo, se planteó el caso de los vehículos que cumplen servicio de remis en el Aeropuerto, que son regulados por la Nación y autorizados por el mismo organismo pero que no cuentan con el aval de la provincia, y que sin embargo, más allá de llevar pasajeros desde el Aeropuerto hasta el destino que disponga el usuario, a veces también realizan otros viajes a solicitud, generalmente, del turista.
Según sostienen, lo ideal sería que contaran con una identificación especial de manera tal que puedan ser inspeccionados fuera del Aeropuerto, cuando circulen por las calles de Mendoza, e impedir así, “que perdamos una muy buena parada”.
Los diputados que asistieron a la reunión se comprometieron a estudiar estas peticiones y a concretar luego una nueva reunión.
Estaban presentes los legisladores Marina Femenía (PJ), Cristian González (Eje Peronista), Patricia Gutiérrez (Unidad Popular) y Diego Guzmán (UCR).
La Cámara de Diputados distinguió a la escritora e investigadora, Graciela Maturo, por su trayectoria y por los aportes realizados respecto a la cultura latinoamericana. La mesa estuvo integrada por el autor de la iniciativa el diputado Luis Francisco (PJ); el vicegobernador, Carlos Ciurca; el rector de la Universidad Nacional de Cuyo, Arturo Somoza y el rector de la Universidad de Congreso, Francisco Piñón.
Los estudios e investigaciones de Maturo han estado orientados a un enfoque filosófico de las letras, propugnando una defensa de la “cultura latinoamericana”, destacando mediante su labor no solo lo meramente teórico sino ubicándose desde un pensar concreto en relación con la cultura humanista latinoamericana.
Francisco, en sus palabras a la agasajada expresó que “gracias al fruto de la labor que ofrecen pensadores como Graciela Maturo, comprendemos que se hace necesario y legítimo ampliar el concepto de identidad nacional al más abarcador de identidad latinoamericana, reconociendo que estamos frente a una familia de pueblos con una historia y un acervo cultural comunes” y agregó, que “si bien presentan diferencias regionales o nacionales no fragmentan totalmente aquella Unidad y que hoy se encuentra planteada como el horizonte ineludible de una Reintegración Cultural y Política”.
Por su parte, Maturo agradeció la distinción y resaltó la importancia que sea desde Mendoza, ya que si bien nació en Santa Fe, ha elegido pasar sus últimos días en Mendoza. Las razones de ello son la relevancia que ha tenido la misma en su formación tanto de escritora, investigadora como en su vida personal.
La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley de au
toría de la diputada Lorena Saponara (PJ), por el cual se crea el “Registro No Llame” al cual pueden inscribirse todas aquellas personas titulares o autorizadas de líneas telefónicas “que manifiesten su voluntad de no ser contactadas telefónicamente o por mensaje de texto por diversas empresas que utilizando el telemercadeo publiciten, ofrezcan, vendan o regalen sus productos”.Entre sus objetivos, manifiesta la iniciativa, que se busca resguardar la privacidad de los ciudadanos estableciendo un sistema de protección para usuarios de servicios telefónicos contra los excesos de contacto realizados con fines de promocionar, publicitar, vender y/o regalar bienes o servicios de cualquier naturaleza.
Dentro del articulado, la media sanción explica que la inscripción al registro (que podrá realizarse vía telefónica o Internet) será gratuita, tendrá una duración de 2 años y será renovada automáticamente por igual período salvo haya manifestación en contra.
Integrantes de la Fundación Universitaria Río de La Plata también acompañan a los legisladores. Economía, Política, Seguridad y Empleo han sido los tópicos de los diálogos mantenidos. Principio de Acuerdo para becas a estudiantes de Grado y Posgrado mendocinos.
El Presidente de la Cámara de Diputados, ing. Jorge Tanús, y los legisla
dores provinciales Aldo Vinci, Fernando Simón y Gustavo Valls, junto a Luis Rosales y José María Videla (de Fundación Universitaria Río de La Plata), se reunieron en la ciudad de Austin, Texas en Estados Unidos, con la Secretaria de Estado, Esperanza Andrade y autoridades de la Universidad del lugar en el marco de la visita que realizan los legisladores en calidad de veedores de las elecciones presidenciales próximas en aquel país.La agenda de actividades programada también estableció un almuerzo de trabajo junto al diputado Lance Gooden y su equipo, la visita a la Universidad y Congreso de Texas y una reunión con investigadores de Asuntos Latinoamericanos de la Casa de altos estudios.
En un primer momento, durante el día de ayer (jueves 1), Jorge Tanús, Aldo Vinci, Fernando Simón y Gustavo Valls, además de los integrantes de la Fundación Universitaria del Río de La Plata se reunieron con Esperanza Andrade, la Secretaria de Estado de Texas con la cual se abordaron diversos temas y se dialogó sobre la posibilidad de generar agendas de trabajo comunes de colaboración.
Se destacó entre los temas conversados del ámbito financiero, el desarrollo de las economías locales, la explotación petrolera como principal actividad y la promoción del empleo, entre otros.
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La Cámara de Diputados no sesionará mañana miércoles 31, dado que ese día no está incluido en ninguno de los períodos legislativos que estipula la Constitución provincial.
Esta situación está en consonancia con lo estipulado en el artículo 84 de la Carta Magna de Mendoza. Este artículo determina que “las Cámaras funcionarán en sesiones ordinarias todos los años desde el 1º de mayo al 30 de setiembre y podrán prorrogar sus sesiones por propia iniciativa hasta 30 días. En la prórroga sólo podrán ocuparse del asunto o asuntos que le hayan dado origen y de las que el Poder Ejecutivo incluyese durante ella”.
El 26 de setiembre próximo pasado se realizó la Asamblea Legislativa, con la presencia de senadores y diputados, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 84 de la Constitución Provincial. En tal sentido se resolvió prorrogar el Período Ordinario de Sesiones de la Legislatura mendocina.
Durante esta prórroga fueron considerados los proyectos y asuntos que tuvieren estado parlamentario y los que ingresaron hasta las 24 horas del día 30 de octubre de 2012 en ambas Mesas de Entradas de las respectivas Cámaras. Como así también todo lo que el Poder Ejecutivo incluya durante el mismo tiempo.
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La Cámara de Diputados otorgó sanción inicial a un proyecto de ley del diputado Lucas Ilardo (PJ), por el cual se establece que las jurisdicciones y enti
dades de la Administración Pública Provincial, tanto centralizadas como descentralizadas deberán contratar a YPF para la provisión de combustibles y lubricantes según las necesidades oficiales siempre que sea a igual o mejor precio. Al momento de la votación, la bancada demócrata votó en contra de la iniciativa.Indica la media sanción que la relación entre las partes deberá instrumentarse mediante convenio interadministrativo; procedimiento que deberá realizarse de acuerdo a lo expresado en la Ley de Contabilidad (nº 3799). Se podrán apartar del cumplimento de la norma las entidades y jurisdicciones de manera excepcional y justificada por su máxima autoridad.
Encuentro de representantes de Centros de Estudiantes
Jóvenes de todos los departamentos de la Provincia participaron de un “Encuentro de representantes de Centros de Estudiantes”, en la Legislatura. Foros similares se realizaron, en años anteriores, previo a la sanción de la ley 8469 que autoriza y promueve la constitución y funcionamiento de organismos de representación estudiantil, bajo la forma de un único Centro de Estudiantes en cada uno de los establecimientos de enseñanza de nivel secundario y de educación superior, dependientes de la Dirección General de Escuelas de Mendoza, de gestión pública, estatal y privada.Dicha iniciativa corresponde a la diputada justicialista Sonia Carmona y recibió la aprobación por unanimidad de ambas Cámaras legislativas. Alrededor de 400 estudiantes debatieron en torno a este nuevo instrumento legislativo para profundizar sus objetivos, como así también aspectos del cooperativismo escolar.
La Comisión de Cultura y Educación, presidida por Teresa Maza (UCR), se reunió con la Subdirectora de Familia, Dolores Alfonso, y con la Subdirectora de Planeamiento de Calidad Educativa, Livia Sandez, para analizar un proyecto
de ley, presentado por Tadeo García Zalazar (UCR), que busca la creación del Programa “Cédula Escolar Provincial” (CEP).La iniciativa explica que el Programa consistirá en la implementación de un registro digitalizado de identificación, único individual e intransferible, de todos los estudiantes que concurran a establecimientos educativos en los niveles inicial, primario medio y secundario.
Agrega que, el Software de Cedula Escolar Provincial deberá instalarse en todos los establecimientos educativos, con el objetivo de establecer principios, reglas generales y procedimientos tecnológicos, a fin de facilitar la individualización, la inclusión social y la fiscalización gubernamental de quienes deban cumplir con la escolaridad obligatoria.
Teresa Maza expresó que “si bien existe por Resolución de la Dirección General de Escuelas, una Cédula Escolar, lo que se pretende es lograr que la información sea parte de un sistema más amplio que abarque no sólo a la DGE sino a todas las áreas pertinentes. Otro aspecto que motiva la creación de un sistema totalizador de la información, es la Asignación Universal por hijo, que necesita instrumentos adecuados para ser eficiente y sustentable en el tiempo, en lo que respecta a la documentación de los niños y a la asistencia a la escuela”.
La Cámara de Diputados dio media sanción, a la iniciativa de Lorena
Meschini (UCR) y Teresa Maza (UCR), mediante la cual se establece el dictado de talleres destinados a la enseñanza de lenguas de señas argentinas, en las escuelas secundarias de la Provincia.Los talleres serán destinados a los alumnos que cursan 1º y 2º año del nivel secundario, a partir del ciclo lectivo 2013. En primer término, tendrán prioridad las escuelas integradoras, promoviendo la paulatina incorporación de los demás establecimientos del nivel secundario del Sistema Educativo Provincial.
El aprendizaje de la Lengua de Señas se operará a través de la inclusión de talleres extracurriculares dentro de la planificación correspondiente en la Educación General Básica.
El 12 de noviembre se abrirá el Registro de inscripción para los postulantes. Una Asamblea Legislativa, constituida por las dos Cámaras, definirá en votación por mayoría absoluta al Defensor/a. Las comisiones de Desarrollo, en plenario, deberán evaluar y proponer 5 nombres.
En el Salón de los Pasos Perdidos, el diputado Carlos Bianchinelli
(PJ) presentó, acompañado por el vicegobernador de la Provincia, Carlos Ciurca; la senadora Alejandra Naman (NE) y los diputados justicialistas Luis Francisco y Sonia Carmona, una iniciativa que modifica aspectos de la Ley 8.345, sobre la Defensoría de Personas con Discapacidad, aportándole mayor integralidad y mejorando puntos técnicos. Se prevé que la norma sea tratada en Diputados el miércoles próximo y en el Senado el martes 13 del corriente. Funcionarios del Poder Ejecutivo, colaboradores, organizaciones e instituciones dedicadas a los discapacitados, familiares y amigos se hicieron presentes en el acto.La ley 8345, aprobada en 2011, no ha sido reglamentada hasta el momento por aspectos técnicos, por lo que a partir del proyecto presentado se establecen cambios en pasajes del articulado dándole mayor integralidad a la ley y manifestando cuales serán los objetivos y premisas que deberá instituir para dar respuesta al sector de la población con discapacidad.
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Lo manifestaron en la comisión de Hacienda. Se oponen a que los “movilizados” sean considerados ex combatientes. Diputados oirá a “todas la partes” y lo analizará con el Ejecutivo.
Integrantes de la Fundación Malvinas, la Asociación de Veteranos de Malvinas de Mendoza y la Asociación de Ex combatientes de Mendoza fueron recibidos por la comisión de Hacienda y Presupuesto de Diputados que analiza una iniciativa que igualaría los reconocimientos y derechos de quienes estuvieron en las islas con quienes fueron movilizados al sur del paralelo 42 durante el conflicto pero permanecieron dentro del continente sin entrar en combate.
Desde las instituciones que nuclean a los veteranos se manifestaron en contra de la aprobación de la iniciativa aprobada por la Cámara Alta.
“No podemos comparar a quien se enfrentó con el enemigo”; “no podemos ensuciar el honor de los muertos, los mutilados y los que se suicidaron después”; “los movilizados no sufrieron la discriminación después de la guerra; “los movilizados aparecieron después de 2007 cuando se empezaron a pagar las pensiones” fueron algunos de los argumentos que expusieron desde las organizaciones de veteranos de la Guerra de Malvinas en la comisión de Hacienda.
Además, los veteranos expresaron que, si se convierte en ley el proyecto del Senado, “va a asentar jurisprudencia a nivel nacional y en todas las provincias se va a dar lo mismo”.
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