La comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que preside Daniel Llaver (UCR), continuó el análisis de las temáticas relacionadas al cuidado de adultos mayores con la intención de definir las iniciativas que sean necesarias para la mejora del servicio y sus alcances.
Para eso recibió a Viviana Lasagni - Licenciada en Psicología, especialista en gerontología comunitaria e institucional y quien se ha desempeñado en OSEP y en la Dirección Provincial de Adultos Mayores de Mendoza como Jefa del Departamento de Prevención y Promoción de los Derechos del Adulto Mayor durante 7 años - para que aporte conceptos y posicionamientos en base a su experiencia.
Lasagni integra además el Comité Académico de Especialización en Geriatría, Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo y realizó publicaciones científicas sobre “Estereotipos en la Vejez”; “Viudez y Vejez” y en función de su experiencia y conocimientos es que será invitada por la comisión.
Entre los principales conceptos brindados por la especialista definió inicialmente el contexto, es decir, “en Latinoamérica hemos envejecido empobrecidos” y “Argentina y Uruguay son los países con más urgencia en soluciones para la tercera edad”.
Luego, en particular “en Mendoza, hay 348 mil mayores de 60 años y de estos, 90 mil tienen a OSEP como prestador de salud”.
También, como dato demostrativo de la extensión de la esperanza de vida, Lasagni expresó que “tenemos en Mendoza 200 personas de más de 100 años”; pero además ocurre que “hoy hay adultos mayores que cuidan a sus padres, hay generaciones que se han juntado”.
Un concepto central que brindó la invitada es que “la falta de cuidado recae sobre el sistema hospitalario y esto resulta más costoso que una política de cuidado domiciliario” y es por esto que “hay que implementar políticas para que los adultos mayores puedan recibir ese servicio”, pero aclaró que “los cuidados no solo refieren a la salud física sino también a la salud mental”.
La cuestión de género se relaciona con el cuidado de personas de tercera edad, tanto porque “las mujeres viven más que los varones” como porque “las cuidadoras suelen ser mujeres en el 88,9 por ciento de los casos”, según expresó la especialista.
Además, dijo que “sólo una residencia en Mendoza nació como tal, los demás son casas modificadas o adaptadas, eso no significa necesariamente que trabajen mal”.
También el personal que se desempeña en el servicio fue retratado por la Licenciada, quien aseguró que “los trabajadores de residencias está en situación precaria, con turnos rotativos, no da el número de cuidadores por residencias, con enfermeros por turno y con médicos que no están permanentemente en caso de que lo tengan”.
Otro aspecto descripto fue que “no hay regulación de precios de residencias” lo que redunda en diferencias de criterio a la hora de establecer tarifas, costos y facturaciones.
Otra visión que aportó a los legisladores es que en “las residencias siempre hay personas dependientes o con alguna patología psiquiátrica que también marca una dependencia mental” y en función de esto, argumentó a favor de generar una herramienta legal que pueda aplicarse y no algo que sea “ideal, pero después inaplicable”.
Asimismo, hizo referencia a la falta de uniformidad en los criterios de habilitaciones según los municipios. Es que, si bien hay habilitaciones provinciales y municipales, por ejemplo solo Godoy Cruz requiere que antes de dar la habilitación se obtenga la provincial.
De hecho, varios de los miembros de la comisión coincidieron en trabajar para priorizar la habilitación ministerial y luego lo municipal en todo el territorio mendocino.