La Cámara de Diputados, por mayoría de votos, dio media sanción a la ratificación del Decreto N° 2731, de diciembre de 2024, por el cual se revisan las condiciones en las que se realiza la prestación de los servicios de transporte de pasajeros Contratado General, Turístico, por Comitente Determinado, Servicio Contratado para Personas con Discapacidad, Servicio Escolar, Institucional y transporte privado a través de Plataformas Electrónicas.

En líneas generales, la ratificación de este Decreto que remitió el Poder Ejecutivo, implica autorizar a los permisionarios a utilizar para la prestación de estos servicios, vehículos que presenten una antigüedad máxima de hasta 13 años – actualmente es hasta diez -  a excepción de los permisionarios del servicio de transporte privado a través de Plataformas Electrónicas cuya autorización se eleva a  una antigüedad máxima de hasta 7 años – actualmente de cinco -.

En los casos de incorporación o renovación de las unidades, los vehículos no podrán superar la antigüedad de 10 años para los primeros casos, y de 5  para el segundo. Además, se dispone la obligatoriedad de realización de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en los talleres habilitados, con una periodicidad de 60 días para aquellos vehículos afectados a la prestación de servicios de transporte de pasajeros cuya antigüedad supere los 10 años, a los efectos de garantizar las condiciones adecuadas de mantenimiento y seguridad de los mismos.

Asimismo, establece que en los casos en que la prestación del servicio de transporte de pasajeros de interés general de taxis y remis se realice mediante la utilización de vehículos eléctricos, la antigüedad máxima permitida para los mismos será de 10 años en el caso del servicio de taxis y de 8 años en el caso del servicio de remis.

De la misma manera, el Decreto prohíbe las transferencias de permisos, autorizaciones y/o habilitaciones para la prestación de servicios de transporte privado de pasajeros cuya inscripción en los registros correspondientes se encuentre abierta.

Cabe recordar que respecto a la antigüedad de los vehículos afectados al transporte privado, el Artículo 82 de la Ley 9086 establece que los vehículos afectados y destinados a cualquier servicio de transporte de pasajeros, no podrán tener una antigüedad mayor de diez (10) años. Sin embargo, destaca la fundamentación, “existen en el mercado automotor vehículos que a pesar de haber alcanzado las antigüedades establecidas en el Artículo 82 de la Ley 9086 y en el Artículo 62 de la misma Ley, para el transporte privado a través de Plataformas Electrónicas, se encuentran en buen estado de conservación y funcionamiento”.

En este sentido, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, ha informado en reiteradas oportunidades que ``(...) desde un punto de vista técnico, se ha podido evaluar a lo largo de más de dos (2) décadas, que las unidades con una antigüedad de hasta trece (13) años, bajo un régimen de control estricto de revisiones técnicas obligatorias cada 4 meses, no presentan problemas de seguridad, para el normal desenvolvimiento de los servicios...'' y es en virtud de ello, que “resulta razonable” promover las autorizaciones previstas en el Decreto gubernamental.

La diputada Silvina Gómez (UCR), fue la miembro informante del expediente, quien resaltó que con esta ratificación se “modifica la antigüedad de vehículos” demostrando “el compromiso de la gestión por el transporte y sus usuarios”.

Aseguró al respecto que refleja “la decisión de nuestro gobierno de brindar respuestas concretas y previsibilidad en un área clave de nuestra provincia como es el transporte público”, dando respuestas “a las personas que utilizan este transporte de pasajeros y para fijar estándares claros de seguridad. Se establecen medidas de orden y previsibilidad”. Además, sintetizó que “uno de los objetivos también importantes es ordenar el sistema de las habilitaciones, prohibiendo justamente las transferencias de los mismos”.

Por su parte, Rolando Scanio pidió que el tratamiento de este proyecto se pospusiera una semana más, considerando la comisión de Obras Públicas tenía que estar también involucrada en el análisis.

En este mismo sentido se expresó Emanuel Fugazzotto (PV), quien también propuso que el expediente vuelva a comisiones “para que pueda ser tratado junto a todos los sectores involucrados, contemplando sus realidades” considerando que “no es lo suficientemente abarcativo y completo de lo que demanda y necesita hoy este sector”