La comisión de Economía, Energía, Minería e Industrias, que preside Guillermo Mosso (PRO Libertad), mantuvo su encuentro habitual en el que se recibió a responsables de entidades relacionadas con la producción e industrialización vitivinícola para escuchar opiniones sobre la corresponsabilidad gremial vitivinícola y situación actual frente a inconvenientes planteados.
En sí, las discusiones giran en torno a las solicitudes de modificación de la Ley Nº 26377 referida a “Convenios de Corresponsabilidad Gremial” sancionada en 2008 en nuestro país. Esta normativa, entre otros puntos, establece previsiones en materia de seguridad social. Los convenios que menciona pueden ser celebrados por asociaciones profesionales de trabajadores con personería gremial y empresarios representativos, y en realidad, su fin último es “optimizar la recaudación de aportes y contribuciones”. La legislación establece el marco legal para la creación y aplicación de estos convenios mencionados.
“Estamos muy molestos con el convenio, nadie lo puede pagar. Hay desigualdad entre provincias, fundamentalmente entre Mendoza y San Juan”, afirmaron en la mesa los vitivinícolas y resumieron que los aportes patronales que realizan son en concepto de jubilación, sindicato, obra social y ART, aunque esos fondos en la mayoría de los casos “no se sabe adónde van, porque no hay nóminas de personal beneficiarios”.
“Filosóficamente nació bien esta Ley pero es un problema hoy lo que estamos viviendo. El trabajador y productor no recibe absolutamente nada”, manifestaron en la mesa “los colegas viñateros”, como se presentaron algunos. Entre los inconvenientes que mencionaron, dijeron que “a otras frutas no se les exige el pago, hortalizas y frutas de carozo por ejemplo”.
Identifican otro de los inconvenientes en los aportes que realizan quienes están en la provincia de Mendoza a diferencia de otras, principalmente San Juan que hace mínimamente o no realiza sus aportes. Uno de los productores mencionó que “la situación económica nuestra no tiene rumbo. Los impuestos son carísimos. Le tenemos que dar solución a ello porque tenemos las fechas al borde. Es muchísima plata que ponemos y hay casos en los que sabemos que no les llega a los beneficiarios”.
Uno de los productores mencionó que “en 14 años no me han pedido la lista de personas beneficiarias de la plata que deposito; y tengo deuda en ARCA de los últimos 3 años”. Remarcaron que el pedido es igualar las condiciones entre provincias y que “no tenga fin recaudatorio solamente”. A su vez, subrayaron que es importante que cada productor blanquee a su personal, pero también es cierto que “si no me dan la nómina de beneficiarios a los que le hago los aportes no aportaremos más”.
“Todo esto es injusto e impracticable. Es como si un supermercado paga a su empleado de acuerdo a la cantidad de kilos de azúcar que vende”, remarcaron. A su vez, manifestaron que surgen nuevos inconvenientes porque los organismos que recaudan depositan con atraso esos dineros a los beneficiarios y como quien se dedica a cosechar tiene diferentes patrones para la cosecha de la uva, prefieren estas personas que no los declaren y acordar el precio con el productor/empleador sin depender de que le depositen el dinero desde el ente recaudador.
Otras críticas giraron en torno a decisiones gubernamentales nacionales; a la protección de la industria y los productores; al valor de la uva y cómo se fija; a la incidencia del INV en muchos de estos temas (por conocer fehacientemente la cosecha de cada uno); a la delincuencia que han sufrido en las fincas; a la plaga de catas o cotorras; a los aumentos que ha realizado Irrigación y a la negativa de los cosechadores a declararse ellos mismos puesto que pierden beneficios; entre otros.
Desde la mesa, los legisladores manifestaron que no lograrán seguramente soluciones en lo inmediato y abarcativas puesto que el problema tiene muchas aristas y distintas situaciones. A su vez, manifestaron que es un inconveniente nacional, que el propio Congreso de la Nación debería abocarse a ello, y hasta decisiones que se deben tomar a nivel gubernamental nacional.
Manifestaron los legisladores que no quieren crear “falsas expectativas” por lo que seguirán abordando el tema en sucesivas reuniones para encontrar caminos de solución. En este sentido, quienes concurrieron manifestaron que “el convenio tiene herramientas que se pueden utilizar, podemos ir modificando algunas cosas y mejorar otras”, a su vez pidieron que se interceda desde la Legislatura con los organismos que correspondan para poder superar los obstáculos.