La Cámara de Diputados dio media sanción por mayoría, al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, mediante el cual se  ratifica el Decreto Nº 1165, que contiene el convenio firmado entre Vialidad Nacional y la Provincia para la ejecución de obras, conservación y mantenimiento de rutas nacionales.

Por este convenio, Vialidad Nacional encomienda y cede a la Provincia la realización de estas tareas en distintos tramos de tres rutas de jurisdicción nacional: Ruta Nacional N° 7 - tramo Palmira - Nudo Vial (Av. Costanera) -Recorrido 28,9 Kms;  Ruta Nacional N° 40, tramo calle Azcuénaga (Acceso Sur) - Empalme RN7 (Acceso Este) - Recorrido 16,2 Kms;  Ruta Nacional N° 40 - Tramo empalme RN N° 7  F.F.C.C. Gral. San Martín - Recorrido 7 Kms; Ruta Nacional N° 40 - Tramo empalme RN N° 7 - RP N° 96 (Calle El álamo) - Recorrido 50,8 Kms;  Ruta Nacional N° 143 - Tramo  Pareditas - San Rafael - Recorrido 109 Kms.

Este decreto señala que “la Provincia realizará las tareas descriptas en el Convenio por administración o por el sistema de gestión de contratación y certificación que estime más conveniente, conforme a la legislación provincial vigente” y que además, “aportará el financiamiento para el citado Convenio, sin reembolso alguno por parte de Vialidad Nacional. Por su parte, la Provincia podrá gestionar por ante el Poder Ejecutivo Nacional la adopción del sistema de gestión de concesión por peaje de los tramos de rutas descriptos”.

De la misma manera, establece que la Provincia realizará el estudio de impacto ambiental de acuerdo a la Legislación Nacional y Provincial, y que la vigencia de este documento regirá desde la fecha de aprobación y por el plazo de 36 meses, y /o la naturaleza y complejidad de las obras justifiquen la ampliación del plazo de vigencia.

La votación resultó aprobada por 28 votos positivos del interbloque Cambia Mendoza, el diputado Mauro Giambastiani (MM), Mauricio Torres (HxM), Gustavo Cairo (LLA), Laura Balsells Miró y Stella Huczak (PRO). En tanto 12 fueron negativos – interbloque PJ, Emanuel Fugazzotto (PV), y los diputados Jimena Cogo, Jorge Difonso, Cintia Gómez y Rolando Scanio, de LUM -, 2 abstenciones – Julio Villafañe (RJ) y Edgardo Civit (PJA) – y 5 ausentes.

Debate

Elisabeth Crescitelli (UCR) explicó que “este convenio tiene por objeto principal la delegación a la provincia en cuanto a la ejecución, conservación, mejora y mantenimiento de las rutas nacionales sobre diferentes tramos, que si bien son jurisdicción nacional, hace años que no se mantienen, que tenemos accidentología, que tenemos muchísimos problemas y que se ha tomado la decisión de adoptarlas por parte de la provincia, para poder mejorarlas”.

En este sentido, afirmó que “se ha trabajado con los intendentes que están involucrados en estos tramos porque ellos estarán a cargo de las colectoras y de las calles paralelas mientras se haga la construcción y la mejora de estos importantes accesos.”, y subrayó que si bien no son competencia provincial, “han pasado décadas, accidentes, que hacen inminente que nos ocupemos del tema”.

Emanuel Fugazzotto (PV) consideró por su parte que el proyecto “carece de todos los argumentos técnicos sólidos para poder discutirlos”.  “Hoy  estamos ratificando este decreto sin conocer los estudios técnicos, sin conocer qué acciones se llevaron adelante ante el Gobierno Nacional para exigir la reparación de estas ruta” y “sin los dictámenes presupuestarios que avalen la disponibilidad del gasto”, remarcó, a lo que sumó que “no estamos en contra de que se arreglen las rutas, sino que estamos ante un acto de sumisión” porque “lo terminarán pagando todos los mendocinos”.

José Luis Ramón (CxC) opinó asimismo que se les está imponiendo a  los mendocinos dedicar fondos “para solventar obligaciones que tienen el gobierno nacional y Vialidad Nacional. Se debería haber hecho un juicio para que se hicieran cargo de sus obligaciones, pero se está yendo por la vía más fácil”, añadiendo que “se les cobrará peaje a los mendocinos,  y se obligará a los intendentes a realizar las colectoras. No se está cuidando los derechos de los ciudadanos y consumidores, quieren imponernos un peaje”.

Flavia Dalmau (UCR), afirmó que  “hace más de nueve años que el estado de esas rutas es un peligro, había que tomar una decisión para mejorar esta situación, hay muchos accidentes, y es necesaria esta inversión para mejorar las condiciones de conectividad de la provincia”.

Juan Pablo Gulino (PJ), a su turno, manifestó que “no vamos a votar afirmativamente, no porque no queremos que  se hagan las cosas, pero es muy fácil agarrar la plata que tenemos como un ahorro de los mendocinos y usarla de esta manera, y esta plata no volverá rápido; vamos a invertir esa cantidad de recursos que son de un fondo que debería servir para la inversión productiva y para viviendas, en vez de hacer rutas y cobrar peaje a los mendocinos”.

Por su parte Gisela Valdez (UCR), mostró su postura afirmativa indicando que “es por el bien común, llevar solución a los problemas de la comunidad”, y agregó que  “se hará lo que en muchos años no se hizo, es una gran obra que esperábamos los sanrafaelinos”.

Jimena Cogo (PRO), fundó su voto negativo expresando que “hay una desviación de fondos reales” y que “hay una discriminación territorial, una profundización de las asimetrías en nuestra provincia. Hay un riesgo patrimonial a nivel provincia, porque se asumen obras sin garantías de reintegro, asumiendo clausulas leoninas”.

De igual manera, Verónica Valverde (PJ), dijo que “hay que pelear con la Nación por los fondos de los mendocinos. No sabemos bien cómo funcionará el peaje y a quienes apuntará. Hay una gran contradicción en este Decreto”.

Evelin Pérez (UCR), consideró que “los vecinos piden obras que necesitan. Este Decreto viene a dar respuesta. No podemos quedarnos de brazos cruzados sino tomar decisiones ante demandas históricas, buscando que esa plata que se invertirá vuelva y se reponga este fondo para el futuro”.

Gabriela Lizana (RJ-LN), afirmó que “para instalar la necesidad del peaje se argumentará que alguien tiene que mantener esas rutas. No estamos en contra de las rutas en condiciones, pero también las rutas provinciales están destrozadas”.

Para Edgardo Civit Evans (PJA), “estamos ante un hecho muy especial en Mendoza, desde el gobierno central nos imponen condiciones y la provincia tendría que tomar otras actitudes diferentes. Me permito decirles que voten de acuerdo al mandato que recibieron de sus departamentos, no podemos desligarnos de los intereses de aquellos que representamos”.

Gustavo Cairo (LLA), sumó que “me parece bien que esos fondos se usen con concepto de repago, como hace Noruega, lo que el gobierno quiere es seguir contando con esos fondos a través del peaje. Este concepto es saludable, creo que debería utilizarse una tarifa diferencial para los usuarios frecuentes”, y  ponderó que “esos fondos se usen y tengan un repago para que no se pierdan, para que Mendoza pueda seguir contando con eso. San Luis lo hizo”.

Jorge Difonso (LUM) se opuso al proyecto considerando que “son imposiciones que terminan pagando los ciudadanos. Bienvenido que Mendoza empiece a recuperar terreno perdido en infraestructura vial, pero la forma debe estar en consonancia con lo que dice la Constitución Nacional, de forma federal, participativa y transparente. Ese fondo que iba a ser adjudicado para una cosa va variando”.

Germán Gómez (PJ), consideró que se trata de  desvirtuar y desnaturalizar los propósitos que buscaba en su momento la reparación histórica de los daños sufridos por la promoción industrial. Además, criticó que se le imponga a los municipios la realización de las colectoras, indicó que “hubiese sido mejor que en el plan federal de concesiones, que va por la tercera etapa,  estuviesen varias rutas provinciales”, y afirmó que “no estamos en contra de las obras públicas, queremos que las rutas se hagan pero no de esta manera, no somos partidarios de los peajes”, subrayó.

Enrique Thomas (PRO-Libertad) sostuvo que “llegamos  a esta situación de las obras de rutas nacionales, porque hay una historia atrás. Con esta decisión que está tomando el gobernador, una decisión valiente, va a ir poniendo blanco sobre negro en las que cosas que hay que hacer”. “Con la rutas que queremos arreglar, se trata de salvarle la vida a la población”, y la Legislatura es “el ámbito natural para dar validez a esta decisión. Esta es la valentía y el debate necesario”.