La Comisión de Hacienda y Presupuesto, presidida por Jorge López (UCR), emitió despacho favorable al proyecto de Ley que busca ratificar el Decreto N° 722/25. Este decreto exceptúa a una profesional médica de los alcances de la Ley 8727, que establece un tope en las remuneraciones de los funcionarios públicos. La función de esta médica se considera esencial para el funcionamiento del sistema de salud de Mendoza.
La médica en cuestión es la Dra. Natalia Emilce Bustos, quien se desempeña en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) del Hospital Teodoro J. Schestakow, en San Rafael. Su cargo implica un bloqueo de título y una carga horaria de 44 horas semanales, lo que se traduce en exclusividad laboral. Su rol ha sido calificado como un recurso humano crítico en un área altamente especializada del sistema sanitario provincial.
El diputado Jorge López (UCR) explicó que "la Ley apunta a garantizar la permanencia de recursos humanos en áreas sensibles del Estado". Por su parte, la diputada Elisabeth Crescitelli (UCR) enfatizó la particularidad de la situación sanitaria en el sur de la provincia debido a las distancias y características geográficas. Señaló que "la Terapia Intensiva Pediátrica está solo en el Schestakow", y destacó que la Dra. Bustos es una "especialista con experiencia importante, que se desplaza a la hora que fuese porque esa unidad necesita de un profesional acreditado".
Desde el bloque PRO, Cintia Gómez informó que se abstendrían en la votación del despacho, argumentando la necesidad de "estudiarlo bien". En contraste, Gustavo Perret (PJ) expresó su apoyo al proyecto.
Marco Legal: Ley sobre el Tope Salarial y antecedentes
La Ley Nº 8.727 establece un tope salarial para los funcionarios y empleados de la administración pública provincial, limitando sus remuneraciones a la del Gobernador. Sin embargo, el Artículo 4º de esta misma ley faculta al Poder Ejecutivo a otorgar excepciones individuales en casos específicos, siempre que estén debidamente justificadas y sean convenientes para el Estado. Estas excepciones deben ser ratificadas posteriormente por la Legislatura.
Esta excepción se suma a antecedentes registrados en 2023, cuando se exceptuó a profesionales de alta especialización en los hospitales Central, Notti y Fleming, todos ellos vinculados a servicios de cuidados intensivos y alta complejidad.