La Cámara de Diputados convirtió en Ley una iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo que establece “declarar la emergencia del Sistema Hidroeléctrico “Los Nihuiles” por el plazo de 14 meses desde la promulgación de la presente”. La votación resultó favorable con 29 votos afirmativos, 16 negativos y 2 diputados ausentes.

La normativa aprobada dispone “la continuidad del período de transición establecido por los decretos 1021/24 y 1085/24, a cargo de la empresa HINISA, hasta tanto se verifique el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del Contrato de Concesión con Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A., relativo al uso hidroeléctrico de las aguas del Río Atuel y otros bienes de dominio de la Provincia”.

Asimismo, el expediente expresa que se autoriza la “continuidad del uso hidroeléctrico de las aguas del Río Diamante y la generación de energía eléctrica a partir del uso del recurso hídrico, conforme a lo establecido por la Ley nº 6497, a cargo de la empresa HIDISA, hasta tanto se verifiquen las obligaciones contractuales asumidas en el marco del Contrato de Concesión con Hidroeléctrica Diamante S.A.”.

Esta iniciativa, en los considerandos, remarca que ha sido enviada para su consideración en torno a lo concerniente “a los sistemas hidroeléctricos ubicados sobre los ríos Atuel y Diamante, como consecuencia de los daños de extrema gravedad provocados por un evento natural extraordinario”, en referencia a la intensa precipitación de agua en un corto período que ocasionó la salida de servicio de las centrales Nihuil II y Nihuil III, sucedida el 11 de enero de 2025.

Asimismo, se menciona que “resultaron afectadas las playas de transformación, los equipos auxiliares y de servicio, impactando negativamente en el sistema eléctrico en los departamentos de San Rafael, Malargüe y General Alvear, con posible repercusión en el sistema eléctrico provincial”; en función de que aconteció este “fenómeno natural de magnitud extraordinaria, sin antecedentes registrados, generando caudales excepcionales”.

Por estas razones, “a fin de restablecer el funcionamiento seguro y eficiente del sistema, es necesario adoptar una serie de medidas urgentes. En primer lugar, deberán realizarse relevamientos especializados y una evaluación detallada de los daños existentes, incluyendo estimaciones técnicas y económicas para su reparación y puesta en funcionamiento. Posteriormente, será imprescindible ejecutar las obras necesarias, las cuales implicarán una considerable complejidad logística” por tratarse de zonas montañosas, indican los considerandos.

En sí, esta situación de fuerza mayor y la imprevisibilidad del fenómeno meteorológico ocurrido generó consecuencias que afectaron el riesgo asumido por las partes en el contrato de concesión; con lo cual, esta situación excepcional “impone una carga compartida, obligando a replantear los plazos previstos para la transición, y priorizar la evaluación exhaustiva del estado actual del sistema hidroeléctrico, resultando imposible la conclusión del período de transición conforme lo originalmente estipulado”, se explica.

En síntesis, y en virtud de lo expuesto, es que “resulta indispensable adoptar las medidas urgentes que aseguren la continuidad del servicio, la seguridad de las presas y el adecuado aprovechamiento de los recursos naturales”.

Cabe destacar que uno de los puntos del proyecto es que se faculta al Poder Ejecutivo de Mendoza a desarrollar todos los actos necesarios para llevar adelante una licitación conjunta de ambos sistemas hidroeléctricos. Esta medida busca asegurar un aprovechamiento integral, eficiente y sustentable de los recursos hídricos de la región, con condiciones que otorguen previsibilidad jurídica, seguridad en la operación y beneficios económicos a largo plazo.

Del mismo modo, se contempla la posibilidad de otorgar una nueva concesión de operación por un plazo de hasta 30 años, con cláusulas que aseguren el control provincial sobre el recurso, la adecuación de los cánones y regalías, y el cumplimiento de estándares ambientales Cabe destacar que al hacer uso de la palabra, los legisladores hicieron referencia de manera conjunta tanto a este proyecto que obtuvo sanción final, como al que declara la emergencia aluvional y eléctrico en el sur provincial, que tuvo media sanción.

Debate

Jorge López (UCR), indicó que “no se había identificado un fenómeno meteorológico de estas características en esta zona, generando un caudal de más de 1.500 metros cúbicos por segundo, lo que dejó fuera de servicio las centrales hidroeléctricas Nihuil II y III, debido a los daños no solamente en la zona de máquinas y de las turbinas, sino también en los sectores de playas de transformación, los equipos auxiliares y los equipos de servicio”, a lo que agregó que cuando se diseñaron los Nihuiles, “se hizo ya con un caudal excepcional histórico, de 600 m3. Eso nos grafica la excepcionalidad que ha tenido este fenómeno meteorológico“.

El legislador, sostuvo que se trata de una emergencia ante “hechos imposibles de prever y con impacto en la sociedad, el ambiente, y el tema energético”,  en tanto que sobre este proyecto en particular, destacó que “en lo aluvional, porque prácticamente era inviable ingresar y poder hacer un relevamiento en una primera oportunidad de los daños que habían surgido debido a este hecho. Se encuentran trabajando fuertemente en esto Vialidad Provincial, Hidráulica y otros organismos, para también llevar adelante obras que son necesarias”.

Finalmente, destacó que “la emergencia responde pura y exclusivamente a la posibilidad de la intervención, de una rápida respuesta de la provincia para agilizar los tiempos”.

Posteriormente, también desde la UCR, el diputado José Manuel Vilches opinó que “el gobierno de Mendoza va a disponer de los fondos para recuperar la infraestructura dañada, realizar las obras necesarias y restablecer el servicio pleno de las Centrales Hidroeléctricas”, lo que consideró “de suma importancia y necesidad para cada uno de los vecinos del sur mendocino”.

Por su parte, la diputada Jimena Cogo (PRO), expresó que desde su espacio, no acompañan el proyecto a pesar de que “tiene cosas muy buenas”, por considerar que todavía “faltan respuestas y un plan que nos aclare cuáles van a ser las acciones, contrataciones y cuáles los recursos para dar soluciones a lo que pasó con evento desastroso”.

Cogo expresó que aún no se han podido identificar y cuantificar los daños totales por lo que se debería esperar hasta que “los informes sean terminados”. Además hizo hincapié en la necesidad de establecer controles estrictos teniendo en cuenta que la energía “es estructural y estratégica”.

A su turno, Gustavo Perret (PJ) adelantó el voto negativo de su bloque expresando que “hay muchos artículos de estas dos normas que creemos que son muy necesarios”, aunque otros “no son transparentes ni claros”, a lo que añadió que “han pasado más de cuatro meses desde que ocurrió este hecho, donde hubieron serios daños, se inundaron las centrales hidroeléctricas y hasta hoy no se pueden cuantificar los daños”.

En esa línea, Germán Gómez (PJ) dijo que “se mezcla todo, y si la gran preocupación es que no defendemos los intereses del sur, nosotros si los defendemos. El Díamante no tiene nada que hacer en esta Ley, tendría que discutirse por separado. No estamos en contra de la emergencia sino de la falta de transparencia”.

En un sentido similar se expresó José Luis Ramón (CyC) que adelantó el voto negativo y sostuvo que “una declaración de emergencia tiene 4 patas: gobierno, empresarios proveedores, el ente regulador y los usuarios; eso es declarar la emergencia”, y este proyecto, según su óptica, no lo tiene. A su entender, “cuando se va a declarar la emergencia, en este caso doble, aluvional y del sistema energético, creo que tiene que existir un gran compromiso sobre todo, en tres aspectos que tienen que ver con la transparencia, la planificación y el control”.  Además, “este pedido de emergencia no favorece a los usuarios eléctricos sino a las empresas”, esgrimió.

Igualmente Emanuel Fugazzotto (PV) se manifestó en contra de ambas iniciativas advirtiendo  que “se aprovecha la crisis en la prestación del servicio, se incluye la concesión y contrataciones directas. Tampoco dicen que esto se hará para mejorar el servicio. Es un cheque en blanco al Ejecutivo; no se ha aportado a la transparencia”, a lo que sumó que es “una cuestión de fondo y que debe ser una política de gobierno y es la creación de un fondo para la mitigación de los efectos del cambio climático”.

De igual forma, Edgardo Civit Evans (Partido de los Jubilados Auténticos) adelantó el voto negativo destacando que “no hay un estudio definitivo para saber los gastos para poner operativas las centrales Nihuil II y III”, como tampoco “cuál será el costo definitivo de la reparación de las mismas. Sobre esa base, aprobar  este paquete de dos leyes no es viable. Hay interrogantes que no han sido respondidos”.

En tanto, la diputada Gabriela Lizana (FRLN) manifestó que “el clima no perdona. Imagino que el seguro va a pagar y habrá que ver cómo se asegurará para adelante este tipo de contingencias. Se necesitan planes hídricos. Mendoza no tiene una política de gestión del agua”.

Jorge Difonso (LUM) expresó también el voto negativo de su espacio y manifestó que “estamos hablando de montos millonarios para solucionar esta situación, hay contradicciones al respecto”. Agregó que “este expediente tiene carencias en cuanto a informes que son necesarios” y que “desde lo legal se plantea una emergencia aluvional y una emergencia hidroeléctrica” donde “los que están afuera de esta emergencia son los vecinos y cualquier tipo de industria. Se debería haber declarado la emergencia económica”.