Despacho favorable a declarar la Emergencia Aluvional en el sur, la Emergencia del Servicio Eléctrico y la Emergencia del Sistema Eléctrico “Los Nihuiles”

Las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC); Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios; y de Economía, Energía, Minería e Industrias; que presiden Franco Ambrosini (UCR), Jorge López (UCR), y Guillermo Mosso (PRO Libertad), respectivamente; reunidas en plenario, votaron despacho favorable por mayoría a los proyectos que declaran la Emergencia Aluvional en el sur provincial, la Emergencia del Servicio Eléctrico por 14 meses, y la Emergencia del Sistema Eléctrico “Los Nihuiles”, teniendo en cuenta la afectación de las centrales Nihuil ll y Nihuil llI, tras el último temporal. Este expediente, ya tenía media sanción del Senado provincial.

Para el encuentro desarrollado hoy, se dialogó vía Zoom con la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, quien se explayó en los proyectos debatidos en la mesa.

Latorre sostuvo que los proyectos, aunque hayan ingresado por distintas Cámaras, “están vinculados. No hay dos emergencias distintas, hay un solo complejo, una sola afectación”, sostuvo. Reseñó que hubo afectación del sistema hidroeléctrico por el evento climático ocurrido en enero de 2025, cuando la cuenca media del Río Atuel fue afectada. “El lodo afectó las centrales hidroeléctricas, pero no sólo eso, sino también los caminos que quedaron desechos, los playones de maniobras”. Se pudo reanudar el sistema a partir de “bypassear las centrales, o sea, se realizó un by pass a las dos centrales, conectando Nihuil IV a Nihuil I”, remarcó.

A su vez, recordó Latorre que las represas de las centrales hidroeléctricas fueron construidas para receptar un máximo de 600 metros cúbicos y pasaron por ellas más de 1400 metros cúbicos, aunque las represas no sufrieron afectaciones. Agregó que desde diciembre de 2024 “se había energizado el Parque Fotovoltaico de Malargüe”, lo cual colaboró en la “generación energética” para las primeras maniobras que fueron de recuperación.

La funcionaria explicó que “se están haciendo las tareas de remediación que tienen un plazo de 90 días. No es solamente entrar y limpiar las centrales, el lodo se mezcló hasta con aceite de las propias turbinas, por lo que también se han realizado tareas de tratamiento de esos lodos, con la participación de diferentes organismos como Hidráulica, Irrigación. Una vez que culmine la remediación vamos a poder tener un diagnóstico, y en paralelo, a medida que avanza la remediación, está trabajando la reaseguradora del seguro, porque se va a tener que discutir el resarcimiento que prevé el seguro”, aunque todo ello “no va a ocurrir, por una cuestión de tiempo, antes del 01 de junio” por ello, el envío de los proyectos a la Legislatura de este modo.

Puntualizó Latorre sobre legislación ya aprobada en la que se autoriza a EMESA y al Gobierno de la provincia a que dado el vencimiento de la concesión “traspasar los bienes a EMESA, y a EMESA se le da la manda de crear una sociedad de propósito específico para nuevamente licitar el paquete accionario mayoritario del complejo”, puntualizó, y agregó que lo que se presenta ahora “no va en contra de lo que se sancionó en esa Ley, sino que ha ocurrido un hecho nuevo que le pone stop al cronograma de tiempo y a las necesidades de acciones para tomar sobre ese complejo hidroeléctrico que ha quedado tan afectado”.

Relacionado a este punto, profundizó en que “es indispensable que el operador actual, que está cobrando el seguro, tiene que tener la previsión de pagarle a HINISA lo que está dejando de venderle al sistema. Esa energía que no está generando Nihuil II y Nihuil III por 18 meses, de los cuales ya han transcurrido entre 4 y 5 meses, el seguro le paga esa energía no vendida, al operador; hasta tanto se liquide ese seguro en función del daño total o parcial, que es lo que resta definir”.

Ante todo ello, la ministra manifestó que “no se puede salir a ofrecer una licitación si no se sabe cuál es el daño, y por lo tanto cuál es el nivel de inversión, lo pague el seguro parcialmente o no, pero ningún oferente o interesado va a venir a presentarse a una licitación si no sabe lo que hay sobre el 50% de la central”.

Emergencia en los sistemas hidroeléctricos Los Nihuiles y Diamante

Este despacho es sobre el expediente que ya cuenta con media sanción del Senado, referido a “declarar la emergencia del Sistema Hidroeléctrico “Los Nihuiles” por el plazo de 14 meses desde la promulgación de la presente”.

En este sentido, se dispone “la continuidad del período de transición establecido por los decretos 1021/24 y 1085/24, a cargo de la empresa HINISA, hasta tanto se verifique el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del Contrato de Concesión con Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A., relativo al uso hidroeléctrico de las aguas del Río Atuel y otros bienes de dominio de la Provincia”.

Asimismo, la normativa expresa que se autoriza la “continuidad del uso hidroeléctrico de las aguas del Río Diamante y la generación de energía eléctrica a partir del uso del recurso hídrico, conforme a lo establecido por la Ley nº 6497, a cargo de la empresa HIDISA, hasta tanto se verifiquen las obligaciones contractuales asumidas en el marco del Contrato de Concesión con Hidroeléctrica Diamante S.A.”.

Esta iniciativa, en los considerandos, remarca que ha sido enviada para su consideración en torno a lo concerniente “a los sistemas hidroeléctricos ubicados sobre los ríos Atuel y Diamante, como consecuencia de los daños de extrema gravedad provocados por un evento natural extraordinario”, en referencia a la intensa precipitación de agua en un corto período que ocasionó la salida de servicio de las centrales Nihuil II y Nihuil III, sucedida el 11 de enero de 2025.

Asimismo, se menciona que “resultaron afectadas las playas de transformación, los equipos auxiliares y de servicio, impactando negativamente en el sistema eléctrico en los departamentos de San Rafael, Malargüe y General Alvear, con posible repercusión en el sistema eléctrico provincial”; en función de que aconteció este “fenómeno natural de magnitud extraordinaria, sin antecedentes registrados, generando caudales excepcionales”.

Por estas razones, “a fin de restablecer el funcionamiento seguro y eficiente del sistema, es necesario adoptar una serie de medidas urgentes. En primer lugar, deberán realizarse relevamientos especializados y una evaluación detallada de los daños existentes, incluyendo estimaciones técnicas y económicas para su reparación y puesta en funcionamiento. Posteriormente, será imprescindible ejecutar las obras necesarias, las cuales implicarán una considerable complejidad logística” por tratarse de zonas montañosas, indican los considerandos.

En sí, esta situación de fuerza mayor y la imprevisibilidad del fenómeno meteorológico ocurrido generó consecuencias que afectaron el riesgo asumido por las partes en el contrato de concesión; con lo cual, esta situación excepcional “impone una carga compartida, obligando a replantear los plazos previstos para la transición, y priorizar la evaluación exhaustiva del estado actual del sistema hidroeléctrico, resultando imposible la conclusión del período de transición conforme lo originalmente estipulado”.

En síntesis, y en virtud de lo expuesto, es que “resulta indispensable adoptar las medidas urgentes que aseguren la continuidad del servicio, la seguridad de las presas y el adecuado aprovechamiento de los recursos naturales”.

Cabe destacar que uno de los puntos importantes del proyecto es que se faculta al Poder Ejecutivo de Mendoza a desarrollar todos los actos necesarios, en coordinación o no con el Estado Nacional, para llevar adelante una licitación conjunta de ambos sistemas hidroeléctricos. Esta medida busca asegurar un aprovechamiento integral, eficiente y sustentable de los recursos hídricos de la región, con condiciones que otorguen previsibilidad jurídica, seguridad en la operación y beneficios económicos a largo plazo.

Del mismo modo, se contempla la posibilidad de otorgar una nueva concesión de operación por un plazo de hasta 30 años, con cláusulas que aseguren el control provincial sobre el recurso, la adecuación de los cánones y regalías, y el cumplimiento de estándares ambientales y de mantenimiento de la infraestructura.

Emergencia Aluvional y emergencia eléctrica en el sur provincial

Este expediente, que ingresara por la Cámara de Diputados  enviado por el Poder Ejecutivo, se refiere a ratificar el Decreto Nº 792/2025, por el que se declaró la Emergencia Aluvional en el sur de la Provincia de Mendoza por el término de un año y la Emergencia del Servicio Eléctrico por el término de catorce meses.

En los considerandos del decreto, se explica que “con motivo del aluvión extraordinario ocurrido el día 11 de enero de 2025, se produjo el desbordamiento del Río Atuel, provocando graves daños en la infraestructura vial, hidráulica y energética”, y se agrega que se realizaron inspecciones conjuntas con diversos organismos para evaluar el alcance de los mismos.

En el marco de catástrofes ambientales, se determinó que la tormenta provocó una crecida que transitó por el Cañón del Atuel, conduciendo caudales de hasta 1.463 m3/s, “superando ampliamente la capacidad de diseño del sistema”. Ese volumen de la crecida “fue almacenado íntegramente en el embalse de la Presa Valle Grande”, aunque el aluvión “provocó la afectación del caño conductor (derivador de agua) del Atuel, la rotura del camino que une EI Nihuil con Valle Grande en un tramo de 6,6 kilómetros, la destrucción de un puente, la afectación de varios sectores del camino, y graves daños en las centrales hidroeléctricas de la zona”.

Además, agrega que “las centrales Nihuil ll y Nihuil llI, sufrieron severos daños en sus sistemas de turbinas y generadores, quedando fuera de servicio”, y “la paralización de las centrales Nihuil II y Nihuil lll, claves para la generación y trasmisión de energía eléctrica hacia el sur provincial, compromete la operatividad del sistema eléctrico”.

A su vez, menciona que “el corte de suministro eléctrico ocurrido el 19 de marzo de 2025 evidenció aún más la crítica situación del sistema, y la necesidad urgente de adoptar medidas excepcionales que garanticen el abastecimiento de energía en la región”.

Todo lo mencionado es en virtud de expresar los objetivos que se tienen al declarar la emergencia, los que consisten en “autorizar a los organismos intervinientes a realizar todos los actos útiles tendientes a garantizar la seguridad de las personas, la protección de bienes y caminos, y la continuidad del servicio eléctrico en el sur de la provincia”.

Dentro del articulado de la normativa, además de declararse la Emergencia Aluvional en el sur de la Provincia por el término de un año, y la Emergencia del Servicio Eléctrico por 14 meses; se autoriza a “los Servicios Administrativos de los Ministerios de Energía y Ambiente; y de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial y a otras reparticiones vinculadas, a utilizar la previsión dispuesta en el artículo 144, inciso d), de la Ley de Administración Financiera Nº 8.706, por las razones expuestas (…) a asistir a las personas y a la infraestructura afectadas por los fenómenos climáticos mencionados”.

Asimismo, por esta normativa se autoriza al Ministerio de Energía y Ambiente, y a la Subsecretaría de Energía y Minería “a llevar a cabo las acciones necesarias para la Ampliación Provisoria del Sistema de Transporte por Distribución Troncal de la Región Cuyo”.

En reuniones pasadas, en comisiones, participaron funcionarios provinciales tal como Manuel Sánchez Bandini, subsecretario de Energía y Minería, quien profundizó en algunos detalles técnicos sobre la afectación que tuvo el sistema por esta contingencia climática: “Cada Central al lado tiene un campo de transporte de conexión eléctrica al sistema nacional. Esos campos cuando se inundaron, si bien obviamente en ese momento no estaba en operación, se los puso en condición segura, pero para volver a ponerlos en operación hay que limpiar, se sigue limpiando tierra, lodo y los instrumentales quemados de esa inundación”.

Añadió, en esa oportunidad, que “esos campos de conexión son importantes porque podemos llevar energía con mayor robustez, solvencia y seguridad eléctrica a San Rafael, (General) Alvear y Malargüe”, dijo, a lo que añadió que “nosotros nos involucramos, resolvemos y agilizamos los trámites”; y esto en el contexto de prever un pico de demanda del suministro eléctrico en época invernal, para luego estar preparados para la época de verano de alta demanda.

Sostuvo Bandini, además, que el trabajo que se ha realizado (y continúa) en las centrales luego de la cantidad monumental de caudal recibida “es enorme”, y aún resta relevar cierto material eléctrico que ha quedado sumergido luego del aluvión. “Todas las partes móviles eléctricas son las que ahora tenemos que ir a relevar, que se pueda entrar y calcular el daño. El concesionario nos entregaría los bienes; bienes que tienen hasta un seguro por lucro cesante”, manifestó.

Sobre la imprevisibilidad de los acontecimientos meteorológicos, Bandini aseguró que “uno cuando diseña las Centrales, cualquier cálculo se lleva a la condición máxima histórica que se haya relevado. Inclusive se le da un factor de seguridad a eso. En este caso, superó 2.5 veces eso” por lo que el cálculo previsor fue superado ampliamente. “Sin dudas vamos a rever los planes de contingencia de la historia, de los registros históricos que se tenían”, subrayó y argumentó que los sucesos han sido “totalmente imprevisibles”.


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