La comisión de Desarrollo Social, que preside la diputada Stella Huczak (PRO), se trasladó a la Dirección General de Servicio Penitenciario donde mantuvo un encuentro con la subdirectora general del Servicio  Penitenciario, Alejandra Llarena y con, Sara Sanguedolce, coordinadora de Tratamiento del Servicio Penitenciario.

Uno de los aspectos sobre el que se consultó, a pedido del diputado José Manuel Vilches (UCR), fue la cantidad de teléfonos celulares en manos de internos que existen en el interior de los penales provinciales.

Sobre este tema Llarena detalló que “desde diciembre de 2023 no han ingresado celulares al servicio penitenciario” a la vez que se están retirando “de forma voluntaria” a los internos. “No es tanta la cantidad que queda para retirar”, sumó.

Para esto, según la funcionaria, se modificó el régimen de visitas logrando que sea una vez por semana para que las personas alojadas en los diferentes complejos tengan contacto con familiares directos, de manera que el retiro paulatino de celulares ha sido “tranquilo, sin requisas”.

Pero además, la subdirectora comunicó que “estamos en proceso de instalar teléfonos antibandálicos en cada pabellón”, que funcionarían con tarjeta y que se sumarían a los teléfonos corporativos que el personal penitenciario tiene para casos de emergencia.

Estos teléfonos semipúblicos, según expresó Llarena, se distribuirían de acuerdo a la población carcelaria para garantizar el acceso.

El acceso al estudio y trabajo de parte de los internos fue otro aspecto por el que se consultó desde Desarrollo y en este sentido, desde el Servicio Penitenciario manifestaron que hay 3300 internos que trabajan y 2800 que estudian, con la aclaración de que algunos hacen ambas cosas.

“Tenemos talleres de herrería, carpintería y totora y convenios con empresas que tienen talleres”, destacaron las funcionarias, y sumaron que “hemos vendido calzado y ropa de trabajo al municipio de Las Heras y al  ISCAMEN, entre otras instituciones.

Además se anunció que una empresa de sastrería militar y uniformes se instalaría paulatinamente en Almafuerte (inicialmente para capacitación), a la vez que existe un convenio con una fábrica de calzados que continúa en vigencia.

El pago a quienes trabajan privados de su libertad mediante estos convenios se hace a un familiar que es designado por el mismo interno.

En cuanto al estudio, desde el Servicio Penitenciario destacaron la relación entre el servicio y la Universidad Nacional de Cuyo. “Defendemos el convenio con la UNCuyo porque es un salto de calidad”,  dijeron en referencia a la posibilidad que se les brinda a los internos de estudiar tecnicaturas y licenciaturas.

En ese sentido destacaron la participación de internos en las carreras de Trabajo Social, Abogacía y Comunicación.

Adiestramiento canino en cárceles

A la comisión de Desarrollo de Diputados se le sumó la diputada Laura Balsells Miró (PRO), quien ha presentado una iniciativa sobre la “creación del Programa de Cuidado y Adiestramiento Canino PCAC en la órbita del sistema penitenciario provincial”.

Es que la comisión, decidió incluir los alcances de esa iniciativa entre los puntos que iban a tratarse en la reunión, para analizar la viabilidad de su concreción.

La idea central de la iniciativa es lograr el rescate de perros de la calle que podrían ser entrenados por internos para, por ejemplo, ser animales de apoyo y compañía para personas con discapacidad.

Para lograrlo, el proyecto estipula que el Sistema Penitenciario pueda “generar convenios de colaboración con la Facultad de Veterinaria y Escuelas de Adiestramiento canino, para realizar las tareas de adiestramiento y cuidados de animales, como así también con ONG proteccionistas de animales para colaborar con tareas del rescate y la adopción de los Canes”.

La autoridad de aplicación dependerá del Servicio Penitenciario Provincial y serían sus atribuciones la selección, seguimiento, control, adiestramiento cuidado, adopción y evaluación tanto de canes rescatados como de las personas privadas de libertad que voluntariamente participen del programa.

En este sentido, desde el Servicio Penitenciario expresaron la necesidad de iniciar una aproximación con las ONGs y organizaciones, al tiempo que manifestaron una serie de dificultades logísticas y presupuestarias para llevarlo a cabo.

Cabe aclarar que la iniciativa está en proceso de análisis en las comisiones y, en este sentido, es que se realizan las consultas pertinentes.