Las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Hacienda y presupuesto de Diputados ampliaron el estudio del proyecto presentado por el Ejecutivo que tiene como finalidad “efectivizar el objetivo de escriturar las viviendas que, por distintas causas, a través del tiempo, no han podido culminar esta etapa, fundamental para consolidar el derecho de propiedad”.

“Mi Escritura” es un proyecto del Poder Ejecutivo que fue presentado en marzo y explicado ante las comisiones por el titular del Instituto Provincial de la Vivienda, Marcelo Cantero.

Según detalló en la reunión de hoy el presidente de LAC, Franco Ambrosini (UCR), la corrección de algunos aspectos de “técnica legislativa” más la modificación de ciertos detalles del articulado de la iniciativa permitirían la obtención del despacho favorable para el martes próximo, teniendo en cuenta que tal como  comunicó el presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Jorge López (UCR),  no se necesita mayor asignación presupuestaria para llevar adelante “Mi escritura”.

Las modificaciones al proyecto se relacionan con aspectos de “técnica legislativa”, como por ejemplo una reformulación del artículo 3° concerniente a la órbita institucional en la que se  llevaría adelante el programa; planteada en relación a la Agencia Tributaria Mendoza inicialmente.

López aclaró en este sentido que con la nueva redacción “será el IPV con la dirección de activos y luego ATM tomará el crédito y establecerá el modo de repago”.

También el artículo referido a exención de tasas se reformará para hacerlo más específico.

Según había explicado el titular del IPV, Gustavo Cantero en su visita a las mismas comisiones “el objetivo que buscamos es agilizar el proceso de estructuración para que muchos más mendocinos tengan la posibilidad de ser propietarios de su vivienda. Es una herramienta para agilizar el proceso”.

La meta es ordenar la gestión de todas las actividades vinculadas a  regularización dominial y coordinar con todos los actores  involucrados tales como municipios, prestadoras de servicios, IPV, DIGEBIRE y colegios profesionales, entre otros.

Es que se estima que existen en Mendoza alrededor de 30 mil inmuebles a regularizar y esta propuesta, permitiría que “todo el universo se va a trabajar con esta sola gestión unificada, para que haya una sola oficina responsable que pueda medir metas y resultados”.

De igual forma, apunta a eximir del pago de las tasas de transferencia en las reparticiones y la posibilidad de escrituración con deuda, que serán reconocidas en la escritura, asumiéndolas el beneficiario. “Esas deudas pasarán a estar en la escritura y el acreedor tiene un instrumento cierto para reclamar”, destacaron.

En otro orden, se invita a adherir a los municipios para permitir la “eximición de aranceles por derechos de transferencias y la posibilidad de la escrituración con deuda y la asunción de la misma por parte de los beneficiarios del Programa”.

Otro de los puntos destacados es que el proyecto no tiene un impacto fiscal relevante y que “los fondos a afectar ya se encuentran presupuestado”.

Los inmuebles incluidos en este programa son aquellos “en los que el IPV hubiera intervenido y los que se encuentren sujetos a las condiciones y requisitos previstos en la Ley N° 8.475 y su modificatoria, Ley N° 9.602 de regularización dominial y saneamiento de títulos; de aquellos en que los que el IPV hubiera intervenido no siendo titular registral y contando con elementos para la escrituración, y de aquellos en que los que sea titular registral”.