La Cámara de Diputados convirtió en Ley el proyecto del Poder Ejecutivo, venido en revisión del Senado, por el cual se crea el “Registro Provincial del Cannabis y Cáñamo Industrial”, y su acumulado, un proyecto afín de Gustavo Perret (PJ). Este registro será competente para autorizar, fiscalizar, controlar procesos de producción, distribución y comercialización de cannabis con fines medicinales, terapéuticos, paliativos del dolor y/o industriales en el ámbito de la Provincia de Mendoza.
El objetivo principal de la norma, es que las medidas llevadas a cabo por el presente Registro, tiendan a garantizar el acceso para uso medicinal del cannabis y la promoción de la producción del cáñamo industrial. Para ello, podrá “autorizar, registrar, habilitar, certificar, auditar, controlar, fiscalizar, asistir técnicamente y otorgar certificaciones a los cultivos autorizados y proyectos productivos”.
Entre sus competencias primordiales se pueden destacar por un lado, crear, promover y coordinar un sistema de licencias y autorizaciones que permita la trazabilidad, para el seguimiento de toda la cadena de valor de la planta de cannabis, simientes, preliminares y derivados, como así también la fiscalización de la misma, en el ámbito de la Provincia con fines científicos, medicinales, terapéuticos, industriales, entre otros. Por otro lado, también deberá fiscalizar por sí o por terceros, los proyectos de cultivo producción e industrialización de cannabis medicinal y de cáñamo industrial, por parte de personas humanas y/o jurídicas dentro de la Provincia de Mendoza.
De igual manera, el registro podrá elaborar, desarrollar y coordinar pautas y protocolos para el correcto desarrollo de los procesos productivos, para garantizar las exigencias legales, de calidad, seguridad y fiscalización de la cadena de valor de la planta de Cannabis y sus derivados; y coordinar las acciones que sean necesarias con las autoridades competentes del Gobierno Nacional, e instruir en lo particular a los organismos del Estado Provincial.
La norma dispone además, la creación de programas de capacitación, educación y concientización destinados a los actores de la cadena productiva, a las fuerzas de seguridad, al personal del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial, así como a la comunidad en general, sobre los usos y beneficios del cannabis medicinal y cáñamo industrial.
Igualmente, el registro deberá impulsar la generación de programas provinciales y municipales de investigación, producción e industrialización de la planta de cannabis y sus derivados para uso medicinal, terapéutico, científico y/o paliativo del dolor.
Además, autoriza “a sembrar, cultivar, transportar, almacenar y producir inflorescencias de cannabis y sus derivados, con fines medicinales a todas las personas humanas o asociaciones civiles, fundaciones u ONG, que cumplan con los requisitos que establezca la reglamentación”. A tal fin, será obligatoria la inscripción para quienes pretendan acceder a través del cultivo controlado de la planta de cannabis y sus derivados, por sí o por medio de un tercero autorizado por el Registro Provincial. La inscripción y el registro, garantizará el debido resguardo de protección y de confidencialidad de datos personales. Cabe señalar que, todas las personas humanas o asociaciones civiles, fundaciones u ONG que estén autorizadas, recibirán un certificado oficial de registro, que autorizará el acceso al cannabis medicinal.
En cuanto a las sanciones por incumplimiento, se establecen multas de acuerdo a la gravedad de la infracción verificada y las circunstancias del caso. La sanción de multa será establecida en unidades de valor denominadas “Unidades Fijas” (UF), siendo la mínima de cien Unidades Fijas (100 UF) y la máxima de un millón Unidades Fijas (1.000.000 UF). También se establece la Clausura, total o parcial, temporal o definitiva de la plantación, establecimiento, según la gravedad de la falta o reiteración de la infracción; y decomiso de los efectos o productos en infracción y de los compuestos en que intervengan. La autoridad de aplicación está facultada para disponer los alcances de las medidas, aplicación de las sanciones separadas o conjuntamente, teniendo en cuenta los antecedentes del infractor y la gravedad de la falta.
La autoridad de Aplicación será el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial en coordinación con el Ministerio de Producción, el Ministerio de Salud y Deportes, el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza - ISCAMEN- u otros organismos competentes.
Por otra parte, la norma crea el “régimen simplificado para la obtención de las autorizaciones y/o licencias para aquellas personas humanas o jurídicas que a la fecha de vigencia de la presente Ley, tengan autorización emitida por el Ministerio de Salud de la Nación de acuerdo con lo establecido por la Ley Nº 27.350 y normas complementarias, el Instituto Nacional de Semillas (INASE) o por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) para la producción, cultivo, tenencia, acopio, transporte y/o comercialización de semillas de la planta de cannabis, del Cannabis y de sus productos derivados con fines medicinales”.
Debate
Daniel LLaver (UCR), se refirió a los efectos positivos del cannabis medicinal mencionando su eficacia probada en pediatría para la epilepsia refractaria, en el tratamiento del dolor crónico, como el producido por el cáncer, y en trastornos de ansiedad.
Aseguró que este proyecto “permitirá el acceso a la medicación con cannabis bajo receta médica para todos los pacientes que lo requieran y que se implementará un control sobre el aceite de cannabis”.
Además, dijo, “se busca diversificar la economía provincial, ya que el cultivo de cannabis genera mano de obra y Mendoza tiene un clima favorable para su cultivo, especialmente en la zona este”, agregando al respecto que “se espera la generación de puestos de trabajo y la garantía de acceso al cannabis terapéutico para quienes lo necesiten”.
A su turno, la diputada Valentina Morán (PJ) adelantó el acompañamiento al proyecto porque “creo que es un paso hacia una legislación más justa, todo suma”, aunque manifestó que “no alcanza con regular el cannabis medicinal si seguimos criminalizando a quienes lo usan”.
“Necesitamos una transformación cultural, legal, sanitaria y seria; una política de drogas que no tenga prejuicios, que no tenga hipocresía y que siga siempre adelante con la evidencia científica, con una mirada de justicia y con una mirada de cuidado”, subrayó.
En tanto, el diputado Emanuel Fugazzotto (PV) votó de manera negativa el proyecto argumentando que “Mendoza tiene que ir hacia la industria del cannabis, hacia la industria del cáñamo, hacia la industria creativa, hacia el aprovechamiento también de lo que hace el cannabis en otros ámbitos, como la gastronomía, el turismo; hay variables para poder desarrollar y que son importantes para tener en cuenta”.
“Si vamos a dar la posibilidad de desarrollo a esta industria se le está poniendo una carga impositiva importante por lo que también tiene un fin recaudatorio”, dijo, por lo tanto “no acompañamos, porque lo vemos netamente tributario y deja a la reglamentación cuestiones arbitrarias”.
Por su parte, la diputada Stella Huczak (PRO) manifestó el voto positivo de su espacio político argumentando que “creemos que la creación de un Registro va a lograr tener mayor control y seguridad para aquellos productores que trabajan con el Cannabis medicinal y el Cannabis terapéutico. Creemos que va a ayudar mucho a las ONGs, que en la provincia son muchas, como Mamá Cultiva que trabajan para lograr mejorar la calidad de vida de sus hijos. Aunque no es el mejor proyecto, es el que nos da una iniciativa para seguir trabajando con respecto a este tema”.
Mauro Giambastiani (Mejor Mendoza) destacó el potencial de la industria del cannabis y el cáñamo para la provincia, no solo en términos productivos, sino también para la investigación.
Si bien mencionó que ciertos aspectos se incluirían en la reglamentación, dijo que “existe preocupación por la falta de participación en la definición de estos detalles”, mencionando la necesidad de incluir “la identificación de los actores, el rol específico de farmacias y droguerías, la trazabilidad, la documentación obligatoria sobre la concentración de cannabinoides y la ausencia de pesticidas y metales pesados”.
Por su parte Gabriela Lizana (FR-LN), apoyó la iniciativa por el desarrollo del cannabis en la zona Este, reconociendo el potencial en Mendoza por su territorio y clima adecuados, aunque planteó dudas en relación a “si es un medicamento por qué no se vende en las farmacias” y a la “trazabilidad, para evitar el mal uso o la comercialización informal, especialmente al no venderse en farmacias”, lo que según señaló, “es clave para la sostenibilidad de la producción”.
Gustavo Perret (PJ), en tanto, votó afirmativamente y destacó que “el proyecto surgió por la necesidad de que las provincias se hicieran cargo de las credenciales de uso”. Si bien reconoció la necesidad de la Ley, aseguró que deja “aspectos importantes sin regular, dependiendo de reglamentaciones futuras y sin el debido debate legislativo” y que el enfoque es el de una “unidad de negocios en lugar de salud y producción”. “Debería depender primordialmente del Ministerio de Salud, articulando con el Ministerio de la Producción”, agregó y mencionó también la “importancia de la trazabilidad del producto como un elemento esencial tanto para la exportación como para garantizar la seguridad y la correcta indicación terapéutica para los pacientes”.
Finalmente, German Gómez (PJ) afirmó que “se resalta la industria y poco se habla de salud, me preocupa que con este alejamiento del Estado de los problemas sociales, de qué manera se controlará”, añadiendo que “se deja abierta a cuestiones reglamentarias, si hacemos un análisis concreto de esta actividad nos hemos perdido más de cinco año en este tema”.