La comisión de Derechos y Garantías, que preside José Luis Ramón (CyC), mantuvo un nuevo encuentro en el que se votó despacho favorable a la acumulación de los expedientes referidos a la situación públicamente denunciada sobre las empresas Fecovita y la extranjera Evisa, pedir más información al Ministerio Público Fiscal y dejar a disposición la información recabada por la comisión, principalmente para fiscales, en un archivo Drive, entre otras acciones.

El expediente recibió el voto afirmativo unánime de los integrantes de la comisión y expresa que se solicitará información “al Ministerio Público Fiscal sobre el estado actual y general de la causa, acciones judiciales y actos útiles del Expte. P-17.924/2023 radicado en la Fiscalía de Delitos Económicos nº 7, a cargo del fiscal Juan Tichelli y cuyo Fiscal en Jefe es el Dr. Alejandro Iturbide. En especial informe sobre la imputación penal realizada en los mismos”.

Posteriormente, en Sesión, solicitarán “la acumulación de todos los expedientes”, con el fin de concentrar en un archivo los datos, y disponerlos en un espacio on line de consulta (Drive) tanto para los integrantes de la comisión como para los fiscales, expresaron en la mesa. “Estamos de acuerdo, y estamos todos en la misma línea de trabajo”, señalaron.

Cabe recordar que los planteos de la situación entre las dos firmas analizada en la comisión, están relacionados a las acusaciones de estafa por parte de la empresa española Evisa contra los directivos de la entidad local (Fecovita), y a la decisión del fiscal Juan Ticheli, a cargo de la Fiscalía de Instrucción N°7 de la UFI Delitos Económicos, que ordenó el desarchivo de la causa, la cual había sido archivada en noviembre de 2023.

Por otra parte, la comisión anticipó que próximamente se llamará al plenario de Legislación y Asuntos Constitucionales, y Derechos y Garantías, para trabajar un expediente que fuera presentado por el Poder Ejecutivo referido al establecimiento de “Sistema de seguridad ciudadana y prevención localizada comunitaria como condición de la convivencia y el desarrollo social”.

En sus considerandos, la propuesta sostiene “se aggiornan” los aspectos centrales del proyecto de Ley presentado en septiembre de 2023 por el que se establecía un “régimen normativo ordenatorio del sistema de cuerpos de seguridad ciudadana de la provincia”; enmarcado, a su vez, en lo determinado por la Ley nº 1.079 (Orgánica de Municipalidades), “en tanto dicha norma establece que los municipios deben organizar la policía municipal (arts. 79 inc. 10 y 82 inc. 49)”.

En este apartado de considerandos, se señala asimismo, que “legalmente en Mendoza, integran el Sistema Provincial de Seguridad Pública, entre otros, los municipios y los prestadores de seguridad privada, humana, interna y tecnológica, los que junto a otros organismos deben actuar permanentemente interrelacionados”.

Agrega que “es tiempo de avanzar sobre el ordenamiento de la seguridad local. En este sentido, el proyecto en estudio no obliga a los municipios a tener cuerpos de seguridad ciudadana, más sí establece que quien quiera organizar los cuerpos de seguridad ciudadana debe someterse a estas condiciones y lineamientos legales”.

Finalmente, estos considerandos sostienen que “son los municipios quienes están más cerca territorialmente de las necesidades de la población, es por eso que se propone que el cuerpo de seguridad ciudadana sea el primer anillo de contención y la primera línea de acción”; lo cual “supone más agilidad y eficiencia en la materia de prevención”. Además “es sumamente importante el primer anillo de contención en lo relativo a alteraciones menores al orden y algunas faltas contravencionales, de posible abordaje por estos cuerpos”.