La comisión de Salud Pública de la Cámara de Diputados, que preside Daniel Llaver (UCR), continuó con la ronda de consultas relacionadas al proyecto que actualiza la normativa provincial sobre cannabis medicinal y cáñamo industrial.
El proyecto del Ejecutivo provincial establece un registro provincial para autorizar, fiscalizar y controlar los procesos de producción, distribución y comercialización del cannabis con fines medicinales y terapéuticos.
En este contexto, se promueve la creación de un marco normativo que regule de manera integral la naciente industria del cáñamo y el cannabis, fortaleciendo tanto la producción local como el acceso al cultivo con fines medicinales.
Para seguir escuchando la voz de distintos actores, los integrantes de la comisión recibieron en la reunión de tablas al Dr. Pablo Cura, defensor del uso de Cannabis Medicinal dentro de un marco de regulación; Valentín Stradella, enólogo y experto en la emergente industria del cannabis medicinal en Mendoza, y Martín Santander, representante de ROSIN, ONG no gubernamental de cultivo solidario medicinal en red.
Los participantes, tras mencionar el impacto positivo que tendría el desarrollo de esta industria en la provincia, puntualizaron su acuerdo con la regulación que se propone desde la provincia, para aquellos que cultiven Cannabis para uso medicinal y para los profesionales en condiciones de recetarlo, más allá de Reprocann (Registro nacional de personas autorizadas al cultivo controlado con fines medicinales y/o terapéuticos).
Según Stradella, el sector privado ha liderado este movimiento en el ámbito del cannabis medicinal y esta nueva Ley “habilitará a los privados a ingresar al negocio, fomentando la investigación, el desarrollo y, fundamentalmente, la exportación de productos de alta calidad.”
También hicieron algunas sugerencias que serán enviadas por escrito a la comisión que seguirá profundizando en la temática ya que según expresó Daniel Llaver, “hay muchas otras personas que están interesadas en hablar”, reconociendo que la actividad “tiene un futuro enorme en el mundo, el tema es que sea consensuado con total responsabilidad”.
Mendoza fue pionera en regular el uso medicinal del cannabis con la sanción de la Ley 8962, que permitió su uso para tratar epilepsia refractaria y otras enfermedades. Con la Ley 9298, en 2020, se amplió la participación del sector privado en la producción medicinal, y ahora se busca alinear la normativa provincial con la Ley Nacional 27.669, que incluye el cáñamo industrial.
Aunque Mendoza fue una de las primeras provincias en adherir a la Ley nacional de cannabis medicinal, Stradella señaló que el desarrollo industrial ha avanzado más rápidamente en provincias como Jujuy, San Juan y La Rioja. Esto se debe a modelos de gestión público-privada que priorizan la investigación y comercialización de productos.
En esta línea acotó que “es necesario equilibrar las exigencias regulatorias para que no se conviertan en un obstáculo para el crecimiento del sector.”
Los invitados coincidieron al expresar la importancia de crear “un ecosistema integrado donde los productores trabajen junto a laboratorios especializados para generar productos de alta calidad destinados a la exportación”.
En resumen, la iniciativa de Mendoza de crear su propio registro y fiscalizar a los usuarios y autocultivadores -siempre dentro de los márgenes de la Ley- es vista como “una gran oportunidad para quienes trabajan en la producción del cannabis medicinal”.