Conformando un Plenario, las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Asuntos Tributarios, y la de Legislación y Asuntos Constitucionales; que presiden Jorge López (UCR) y Franco Ambrosini (UCR), respectivamente, iniciaron el estudio del proyecto de Ley enviado por el Poder Ejecutivo que establece “los principios para la transformación digital de Mendoza”, esto es, la “creación e implementación del Sistema de Administración Pública Digital de Mendoza”.
Para ello los legisladores recibieron a Facundo Biffi, director General de Modernización; Maximiliano Jaime, jefe de la Dirección General de Informática y Comunicaciones, y a Roberto Reta, director General de Contrataciones Públicas y Gestión de Bienes, quienes se explayaron sobre esta iniciativa cuyo principal objetivo es “consolidar a la Provincia como referente regional en la modernización de la gestión pública”. Asimismo, “busca dar respuesta a la creciente necesidad de digitalizar los procesos administrativos, garantizando mayor eficiencia, transparencia y accesibilidad en la prestación de servicios ciudadanos”, además de “profundizar la digitalización y optimizar la interoperabilidad entre organismos públicos”.
Al abrir el encuentro, Jorge López consideró que este proyecto “tiene como principal objetivo impulsar la transformación digital en la provincia de Mendoza”, es por ello que la idea es que los funcionarios “puedan contar los fundamentos y un poco dónde estamos y adónde queremos ir con este proyecto de Ley, para luego en el plenario seguir trabajando durante la próxima semana”.
Facundo Biffi, amplió conceptos y profundizó sobre la normativa presentada. Indicó que “este proyecto de Ley ya lo había mencionado el Gobernador en el discurso del 1º de mayo. Se fijaron algunas pautas de lo que queríamos hacer, y que formaba parte de nuestro plan de gobierno para la Dirección General de Modernización”. Aclaró igualmente que “en ese y este contexto” se evaluó la situación que atravesábamos con nuestros sistemas y qué intentos e implementaciones ya venían haciendo las áreas.
En este pasaje mencionó que ya se conocen intentos de digitalización y despapelización, principalmente, llevados a cabo y con buenos resultados, como el GEM (hoy GEI) en la Gestión Educativa Mendoza, en la DGE en la que se logró incorporar a toda la comunidad educativa, tanto docentes como padres y alumnos, en una sola plataforma.
“Eso no alcanza para construir ciudadanía digital, ese Estado conectado que nosotros pretendemos”, dijo Biffi, muchos de los sistemas “siguen estando fragmentados, y eso entorpece la gestión no sólo desde el lado de la administración sino también para el ciudadano”. Por ello, remarcó que “el objeto del proyecto de Ley es esto mismo, modernizar el sistema integral, y generar algunas herramientas. Pretendemos un Sistema de Administración Pública Digital de Mendoza. Generar un ecosistema digital de integrabilidad para operar o de interoperabilidad. Puesto en términos simples, lo que estamos buscando es obligar a la administración pública, a las distintas reparticiones, a las organizaciones a que revisen internamente su modelo de gestión”. En definitiva, que se “ofrezcan canales digitales y que simplifiquen trámites para que sean más ágiles y más eficientes”.
Puntualizó el funcionario en que “lo que estamos buscando eliminar es tiempo de gestión”, y con la Ley “pretendemos fijar normas, estándares y protocolos para relacionarnos, pero fundamentalmente, estamos siguiendo casos de éxito que ya existen”, como es el caso de Estonia.
“Hay que mejorar la experiencia ciudadana a través de herramientas como la Identidad Digital Única, el Portadocumento Digital Ciudadano, y la Casilla Digital de Notificaciones”, se manifestó en la mesa, además de “asegurar la transparencia y eficiencia mediante la digitalización de los procesos administrativos”; asimismo, “fomentar la competitividad e innovación tecnológica, incorporando mecanismos digitales en la contratación pública”.
Desde gobierno se puntualizó en que “todo el diseño de la sistematización que vamos a promover está enfocado en el ciudadano” y se remarcó que se desea una “simplificación administrativa”, lo que se relaciona con no “utilizar al ciudadano como cadete del Estado y dejemos de solicitar certificaciones, papeles o inscripciones que se realizan en otro organismo público”.
El plazo de ejecución previsto para la implementación de la Ley es de 12 meses, indicaron los funcionarios, con una posibilidad de prórroga. La intención es que “todas las organizaciones revisen hacia adentro los requerimientos que tienen sobre los trámites propios y cuáles de esos requerimientos se vinculan con otro organismo público y que se oficien los actos útiles para que esa conexión se haga automáticamente”, aunque es un “ecosistema grande, que hay que armar”, manifestaron en la mesa.
Dentro del material de filminas expuesto en la reunión, se pudieron observar algunos gráficos en los que la idea primordial es que “las reparticiones tienen que lograr la vinculación entre sí y dejar de poner al ciudadano en el centro del círculo”, para de ese modo, “lograr la plataforma y la gobernanza con la que nos vamos a manejar para alcanzar que el ecosistema interactúe sanamente”.
En la mesa, esgrimieron el concepto de “ciudadanía digital” y su interrelación con el Estado. Referido a ello, mencionaron la identidad digital del ciudadano, y la puesta en práctica de “Mendoza por Mi” o “MxM”, una plataforma en la que se generará “un porta documentos digital, una casilla de notificaciones digital y una firma digital para que en cada interacción del ciudadano con las reparticiones tenga esa validez”.
Asimismo, en el desglose por títulos que realizaron los funcionarios, se refirieron al avance hecho sobre compras y contrataciones. Para el caso, Roberto Reta a cargo de la Dirección General de Contrataciones, sostuvo que tiene como función toda una serie de trabajos “relacionados con la gestión de procesos de contratación que técnicamente se llaman procesos de demanda agregada, en la legislación y en nuestro vocabulario cotidiano lo conocemos como contrataciones de convenio marco, de acuerdo marco o de catálogos”.
En este sentido, puntualizaron en que la idea es agilizar los tiempos, evitar la burocracia y resumir procesos. “Estamos promoviendo, a través de la legislación, generar un nuevo instrumento de acceso al mercado, permitirle a los organismos públicos sumar nuevos proveedores con sus catálogos de bienes y servicios, con las ventajas que esto tiene en cuanto a su operación, desde el punto de vista logístico, del registro del pago, de la seguridad que hay detrás de esto; no es que esto vaya a sustituir nuestros mecanismos de contratación”.
Finalmente, durante la presentación explicitaron los funcionarios que la legislación propuesta “abarca a todo el Poder Ejecutivo, pero también al Poder Legislativo y al Poder Judicial, a los organismos descentralizados y a las empresas que tengan participación estatal. A su vez, invita a participar a los municipios y, por supuesto, al sector privado”. Y sintetizó Facundo Biffi al término de la reunión que “tenemos buena parte del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial relevado en torno a los trámites y servicios que brindan, tenemos más de 1.200 trámites relevados”.