La comisión de Hacienda y Presupuesto, que preside Jorge López (UCR) recibió a la subdirectora General del Servicio Penitenciario, Alejandra Llarena, y funcionarios del organismo, con quienes se analizó el proyecto del Poder Ejecutivo que busca adaptar los criterios de remuneración de penitenciarios que ocupan cargos directivos, a la estructura de lo dispuesto por la nueva Ley Orgánica del Servicio Penitenciario. Posteriormente, los integrantes de la comisión dieron despacho en mayoría a la iniciativa.
El proyecto, en sus fundamentos, hace referencia precisamente a la vigencia de las leyes 9569 – Orgánica del Servicio Penitenciario – y 9565 - Dirección de Promoción y Control de Liberados – y que por tanto, lo que se propone es “una modificación que optimiza la estructura organizativa del sistema, lo que no solamente mejorará el ambiente laboral y la motivación del personal, sino que también permitirá una mayor eficiencia en el cumplimiento de sus funciones”.
Aduce además, que “esta nueva distribución de responsabilidades mayores, no solo optimiza la estructura organizativa del sistema, sino que también lo hace sin generar costos adicionales. De hecho, el rediseño implementado permite un ahorro financiero, logrando una asignación más eficiente de los recursos”.
Según explicó Llarena, la provincia cuenta con 26 lugares de alojamiento “donde se replican determinados servicios que consideramos podían regionalizarse”, con el fin de “que se optimicen los recursos de los complejos de la región, como mantenimiento, unidad contable, etc. Ese fue uno de los grandes cambios que trajo la Ley recientemente sancionada, que eliminó jefaturas pequeñas que se replicaban en todos los complejos”.
Este nuevo proyecto, contempla un ítem que “es el que retribuye a esos jefes regionales. Es cambiar la denominación”, dijo, aclarando que es el correlato de la nueva estructura orgánica aprobada para el pago de ese ítem de mayor responsabilidad que se paga al personal penitenciario que asume responsabilidades”.
Al respecto, el primer artículo del proyecto de Ley dispone sustituir el artículo 183 bis, del Capítulo I, Título VII, de la Ley 7493 sobre “Régimen de Remuneraciones y Compensaciones Económicas, disponiendo que “el Adicional por Mayor Responsabilidad Penitenciaria se abonará al personal penitenciario que ostente grado de oficial jefe u oficial superior de cualquier escalafón, y al personal penitenciario designado como Encargado General del Servicio que cumplan en forma normal, habitual y permanente, funciones de conducción de acuerdo a la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Provincial y sus modificaciones”, conforme a una escala porcentual establecida para cada cargo de mando.
Por otra parte, el segundo artículo hace referencia a los retirados que son convocados, que cobran el 50% de lo que cobrarían en actividad y “la Ley nos impide que a ese personal convocado, que tiene experiencia” y que es nombrado “en un lugar de conducción”, se le pueda pagar “ese ítem”, acotaron.
En ese sentido, la propuesta consiste en sustituir el artículo 211 del Capítulo V, del Título VIII, de la Ley 7493, sobre “Asignaciones Especiales y Convocatoria”, indicando que “el personal convocado percibirá, además del haber de retiro permanente, la mitad de la asignación de clase perteneciente al grado que ostentaba al momento del retiro y la totalidad de los adicionales y suplementos de prestación efectiva correspondientes al personal en actividad y/o a la función de conducción que se le asigne”.