El ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas de la provincia, Tadeo García Zalazar, junto a integrantes de su equipo de trabajo, explicó ante senadores y diputados aspectos relacionados al proyecto de Ley de "Ficha Limpia" para docentes, administrativos y celadores, que se desempeñen en la provincia de Mendoza.

El propósito del proyecto por el que se modifica el Estatuto Docente, que ingresó por la Cámara de Senadores, es excluir e impedir la participación en el sistema educativo de aquellos docentes condenados por diversos delitos, incluyendo el abuso sexual, desde actos menores como tocamientos hasta los más severos, y crear a estos fines un registro público de antecedentes a los que cada establecimiento educativo pueda acceder.

El ministro dijo que el espíritu de la norma  “se condice, de alguna manera, con  el criterio que se tiene con ficha limpia aplicada por el sistema electoral provincial, pero en esta oportunidad  la idea es que, siguiendo  los antecedentes que tienen otras provincias, como la de Salta, es que todos aquellos docentes, celadores, profesionales, administrativos, que tienen vinculación con la Dirección General de Escuela, y que han tenido antecedentes, no puedan acceder a cargos docentes”.

“En la actualidad hemos tenido algunos inconvenientes, sobre todo con los cargos suplentes, que tienen una metodología distinta para el ingreso que los cargos de titulares, y que en los llamados de concurso después del cuarto, lo que se pide es una carpeta de antecedentes para el concurso en cargo. Hemos tenido antecedentes   lamentables y queremos que no vuelvan a suceder, de personas que han tenido antecedentes por abuso infantil y vemos que es una situación que no se puede volver permitir”, añadió.

El funcionario aseguró que “la regulación es muy sencilla y se crea un registro público que pueda ser observado  cada vez que hay un concurso en una escuela, que será  sobre todo para los cargos suplentes y después el cuarto llamado que tiene una metodología especial de acceso para que sobre todo los directivos del establecimiento y el personal que está en todas las áreas administrativas de la dirección de la escuela, pueda constatar  que la persona que quiere ingresar al sistema educativo no está en ese registro de antecedentes”.

Daniela García, jefa de Gabinete de la DGE, dio  detalle de los antecedentes que existen en Argentina sobre el particular, señalando que “la Ley de Educación Nacional  26.206, tiene un artículo en donde invita a todas las jurisdicciones provinciales a generar y modificar normativa para que no ingresen directamente a la docencia o estén exentos de ingreso o de seguir dentro del sistema educativo, aquellas personas que tengan condena contra la integridad sexual. Ese es uno de los antecedentes que tenemos como la base”.

Mencionó además que “a nivel provincial, nosotros tenemos la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, lo que consideró “básico en relación a lo que necesitamos garantizar dentro de la educación, que una persona, un niño, una niña o un  adolescente sientan integridad física, psíquica y garantizarles el derecho a sentirse protegidos”

Señaló que estos dos antecedentes “vinculan directamente las reformas que estamos haciendo dentro del Estatuto y artículos que estamos ingresando que no están  en el Estatuto del Docente”, agregando en esta línea que “el Estatuto es una Ley antigua y que por tanto las sanciones que tenían hasta ahora son básicamente dos, que es por un lado, la inhabilitación que es la cesantía por tres años y esto luego se adecua en un decreto que es para los suplentes; por otro lado, la exoneración que son 10 años. Pero, a la vez, este Estatuto no exige que exista un certificado de buena conducta o de antecedentes que sí comenzó a exigir la Dirección General de Escuela. Entonces básicamente, la primera modificación que se le hace al Estatuto es que para el ingreso, además de todo lo que se le solicita a cualquier docente, también se le solicita que no tenga una condena en primera instancia contra la integridad sexual, contra la libertad de las personas o contra la supresión de identidad de una persona”.

García indicó que  “estas exigencias y cambios no solamente sucederán en las escuelas de gestión pública sino también en las escuelas de gestión privada, explicando en este punto que lo  que sucede es que la gestión privada tiene  otro nivel de contratación pero ahora, de aprobarse la Ley, estamos obligando a la gestión privada a que también utilice esta normativa”.

Por otra parte, señaló que “dentro de las sanciones, se le agrega la inhabilitación permanente a quien tuviese o tenga una condena contra la integridad sexual y se agrega un artículo que es exactamente lo mismo para el ingreso a los celadores y al personal administrativo de las instituciones educativas, ya que tampoco en el Estatuto del celador hay sanciones, eso por un lado, y por otro lado tampoco para el personal administrativo”.

Resumió que entonces “la condición obligatoria para el ingreso es obviamente, no tener ninguna condena en este tipo de delitos Y se realiza un registro que es el registro de sumarios de sanciones y de inhabilitaciones”, porque, dijo,  “como ustedes saben, cuando un titular tiene algún inconveniente o alguna denuncia, lo primero que se hace es llevarlo a una situación preventiva. No se saca del colegio porque es titular y tiene una relación permanente con el Estado y se la envía a un lugar administrativo para que comience a vincularse a nivel administrativo y no tenga relación con los niños. A partir de ahí, comienza toda una etapa sumarial que se le da la sanción o no se le da la sanción”.

En este sentido expresó que “nosotros creemos que es una condición que cuando se dé un cargo en la Dirección General de Escuela, personas que van a estar con niños, niñas y adolescentes, mínimamente se puedan saber los antecedentes que tiene esa persona que va a tomar el cargo y si en caso está inhabilitado, directamente no se puede otorgar el cargo, sea jerárquico o de suplencia”.

La funcionaria manifestó respecto de esto último: “con este registro nosotros inhabilitaríamos cualquier situación que proceda de esta manera. También uno de los artículos que para nosotros es muy importante porque cambia la visión de ver al suplente, es que este tipo de sanciones también quedan para los suplentes, es decir será tanto  para titulares como para suplentes”.

Luego de una ronda de consultas, el ministro García Zalazar se refirió a los proyectos de cambio de funciones y refuncionalización docente, el Incentivo Dedicación Docente, y el Sistema GDEI, tres iniciativas que ya cuentan con media sanción de Diputados.