La Cámara de Diputados dio media sanción, por mayoría, al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo mediante el cual “se establecen las bases del sistema de seguridad ciudadana y de prevención localizada comunitaria como condición de la convivencia y el desarrollo social”.
En la sesión, hubo dos despachos puestos a consideración uno de mayoría y otro de minoría, que finalmente no prosperó. La propuesta mayoritaria resultó con 28 votos positivos del interbloque Cambia Mendoza, y los bloques Mejor Mendoza, Hacer por Mendoza y La Libertad Avanza; 17 negativos, de los interbloques Pj y La Unión Mendocina y el bloque del Partido Verde, y 1 ausente.
Se entiende por Seguridad Ciudadana a las estrategias, políticas y acciones integradas y articuladas por los gobiernos locales, destinadas a asegurar la convivencia pacífica, el mantenimiento de la tranquilidad y orden público, la utilización reglamentaria de las vías y espacios públicos, la generación de entornos urbanos seguros, el legítimo disfrute y posesión de bienes y el efectivo ejercicio de derechos y libertades, y la prevención general en la comisión de ilícitos, contravenciones y delitos.
Asimismo, se establece “el régimen normativo ordenatorio del sistema de seguridad ciudadana de la provincia de Mendoza, el que será obligatorio solo sobre los Municipios que se involucren en estas políticas y/o decidan formar sus cuerpos de seguridad ciudadana, siendo complementado por las reglamentaciones ministeriales y normas municipales respectivas”.
Entre sus principales objetivos, se encuentran implementar un marco normativo provincial de presupuestos mínimos aplicables en materia de seguridad ciudadana municipal, en el marco de lo establecido en la Ley 1079 y sus modificatorias; como también afianzar el sistema de seguridad ciudadana, a través de la creación de instrumentos que coadyuven a mantener el orden público, la paz social, contribuir al desarrollo de capital humano y la prevención de ilícitos, contravenciones y delitos en el territorio provincial.
De igual modo, se propone aportar eficiencia y estrategia en los abordajes de seguridad pública, con proximidad a los vecinos, colaborando en las funciones de vigilancia comunitaria desde el régimen municipal; colaborar con distintas entidades gubernamentales y no gubernamentales en la realización de determinados eventos, en el marco de la reglamentación municipal; y reforzar la participación ciudadana en lo relativo al orden público y la paz social.
En esta línea, la norma establece competencia para hacer cumplir la normativa vial, garantizar la seguridad vial en su área jurisdiccional, controlar el flujo de tráfico, asistir en casos de siniestros y educar a los y las conductoras sobre prácticas seguras.
En cuanto a las facultades otorgadas, los cuerpos de seguridad ciudadana podrán labrar las actas correspondientes a infracciones a las normas de convivencia locales, ordenanzas, Ley 9024 y normativa de protección ambiental, de la fauna y flora; como también, tomar denuncias y realizar la instrucción sumarial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 151 a 154 de la Ley 9099; requerir y/o exhibir documentación y datos de identificación personal en el marco de su actuación funcional y a los efectos de cumplimentar sus funciones; actuar ante flagrante infracción a las normas de convivencia locales, ordenanzas, leyes, debiendo aplicar el protocolo correspondiente al escenario del hecho. La actuación de los cuerpos de seguridad ciudadana será eminentemente auxiliar, preventiva, disuasiva y de control, evitando acudir a medidas coercitivas.
Los cuerpos de seguridad ciudadana no tienen el estado policial concebido por la Ley 6722 y en ningún caso podrán portar armas de fuego. Deberán actuar en el marco de esta Ley y la interpretación de sus facultades y competencias coercitivas debe ser restrictiva.
Armas disuasivas
Se entiende por armas disuasivas o de baja letalidad a aquellos dispositivos diseñados con el objetivo de proteger bienes y personas en el marco de actividades regulares y reglamentadas, aptas para neutralizar, inmovilizar o disuadir.
Para su utilización se deberá contar con expresa autorización del Ministerio de Seguridad y Justicia, cumpliendo con los requerimientos específicos dispuestos según el tipo de dispositivo y lo reglamentado a nivel nacional según el caso. Además, el personal asignado deberá acreditar idoneidad, capacitación y entrenamiento según lo dispuesto por el Ministerio de Seguridad y Justicia, quien llevará un registro de personal capacitado y habilitado para el uso de estos dispositivos. El empleo de estos dispositivos deberá ser limitado a las necesidades y circunstancias particulares de los objetivos, previa evaluación y autorización de la Autoridad de Aplicación.
Cada municipio deberá establecer una identidad visual propia y uniformes distintivos para su cuerpo de seguridad ciudadana, que reflejen su naturaleza preventiva y respeten los principios de esta Ley.
Debate
La diputada Cecilia Rodríguez (UCR) indicó que “es una Ley que aclara, es de orden público, lo que hace es establecer bases, condiciones mínimas, objetivos de seguridad ciudadana que tienen los municipios que tienen o decidan tener estos cuerpos de preventores”.
En esa línea, agregó que “obliga a quienes decidan tenerlo pero no a quienes no quieran tenerlo. Hay muchos municipios que han avanzado en esto por eso desde el Ministerio se avanzó en una normativa sobre estas realidades, muy enfocado en lo que tiene que ver con la prevención”.
La diputada, sostuvo que “establece presupuestos mínimos, todo atado a la Ley 1079”, incorporando las capacitaciones para este personal. “Deja en claro el rol del Ministerio de Seguridad sobre todo en cuanto a la capacitación de los cuerpos de preventores”, expresó, manifestando que “es una discusión que tiene muchas aristas, pero es necesaria. Varios municipios tienen cuerpos de preventores, esto existe, es poner blanco sobre negro en esta situación”.
En relación al uso de las armas disuasivas, indicó que esta Ley de manera seria conceptualiza y enumera cuáles son, las limita, y “esto es muy importante porque dice expresamente que para su utilización se requerirá la autorización de Ministerio de Seguridad con un criterio restrictivo, bajo los protocolos del Ministerio, y capacitaciones en el Instituto de Seguridad Pública”.
Por su parte, José Luis Ramón (CxC), sostuvo que se presentan dudas en torno al proyecto fundamentalmente en cuanto al “costo para mantener un cuerpo así. La seguridad es un tema de todos”, pero tener un cuerpo de preventores “requiere de dinero y de acuerdo. Es un tema presupuestario”. Además, dijo que “la provincia quiere transferir a los municipios el sistema de seguridad ciudadana”, que “vamos a facultar a personas que no están preparadas para el uso de armas no letales, así diga la Ley que tienen que hacerlo; los preventores no están preparados, aunque se trate de este tipo de armas”, y que “es una política punitiva, de mano dura. Con esto se trata de quitar derechos”.
César Cattáneo (UCR), puntualizó que “esta Ley, de ninguna manera obliga a los municipios a tenerlo ni delega en ellos responsabilidades. Pero en función de las diferencias y características territoriales y socioculturales, con esta diversidad de situaciones, esto viene a ordenar lo que ya han decidido hacer algunas comunas. Cada uno elige las estrategias de prevención para darles respuesta a los vecinos según sus posibilidades. Ordena lo que ya existe, unifica, busca la forma de hacerlos un poco más profesionales y preparados”.
Edgardo Civit Evans (PJA), manifestó su voto negativo. Indicó que “insistimos en la necesidad del total cumplimiento de la Constitución. La seguridad está en manos del Ejecutivo y advertimos que mes a mes es mayor la cantidad de policías que abandonan la fuerza para irse a otros sectores, lo que debe llamar a la reflexión”. También se preguntó cómo abordarán la situación, los municipios que no tienen recursos para poder tener un cuerpo de seguridad ciudadana.
Jimena Cogo (PRO), afirmó a su turno que “en el debate se expresó que el Estado que está más cerca del ciudadano es el que debe darle respuesta, y estoy de acuerdo, el municipio es el órgano que está más cerca”. En esta línea añadió que esto funciona bajo el principio de coordinación, “tiene que ver que tanto los estados provincial y municipal puedan consensuar y coordinar las acciones, pero si no coordinamos y no consensuamos vamos a estar imponiendo, y esta discusión se torna en pensar que estamos imponiendo este proyecto y esto no es saludable desde el punto de vista institucional, político y territorial”. También opinó que “seguridad, educación y salud son competencias de orden provincial que están expresadas en nuestra Constitución Provincial, y no se pueden delegar”
Asimismo, Emanuel Fugazzotto (PV) adelantó su voto negativo al proyecto. Manifestó que “no resuelve la problemática de seguridad de la provincia, que es responsabilidad primaria e irrenunciable del Estado provincial”. Agregó que “el sistema de seguridad pública se piensa de manera integrada, y tenemos que lograr comprender que el delito va mutando a medida que la policía empieza a generar distintas estrategias de contención de los lugares donde hay mayores índices o donde le denominan las zonas calientes”, y en este contexto, “es una locura pensar que un personal civil con un arma disuasiva se va a ir a enfrentar; es imposible”.
De igual forma, Cintia Gómez (PRO), se opuso a la norma. Consideró que “a los municipios no le quedará otra que sumarse aunque en el proyecto diga que es opcional. No estoy en contra del uso de las Taser, pero si queremos que sean utilizadas por gente capacitada en la materia, no podemos darle a cualquier persona semejante responsabilidad y delegar esta responsabilidad al personal municipal, a los preventores”.
Sol Salinas (Unión PRO) destacó que “es una Ley innovadora, es una Ley disruptiva y la política tradicional que quiere el Estado chiquito, no lo entiende e incomoda”. Destacó que “nadie habla de la gente que está expuesta a la inseguridad todos los días, sí hablamos de la salud de los chorros. Es bastante frustrante por la gente, son discursos que ya no funcionan”. “Este proyecto no delega atribuciones, no deja en banda a los preventores, de hecho jerarquiza el cuerpo de preventores y para los municipios que así lo quieran”, subrayó.
Valentina Morán (PJ) alegó que “la seguridad ciudadana tiene que enfocarse en la protección de derechos y en la inclusión social. Estamos todos de acuerdo que hay un claro aumento de distintos hechos de inseguridad” que “tiene que ver con una situación de pobreza estructural y de falta de oportunidades, principalmente de las personas jóvenes”.
Evelin Pérez (UCR), expresó que “dicen que el gobernador quiere sacarse la responsabilidad de la seguridad, pero es al contrario. Nos estamos haciendo cargo de brindarle herramientas a los municipios que quieran hacer uso de ellas, de un marco normativo que les permita desplegar estrategias de prevención, de disuasión, que les permita acercase y dar respuesta a los vecinos, porque el primer ente al que recurren los vecinos es el municipio y tenemos que darle a los intendentes las herramientas, siempre respetando el marco institucional y normativo, ya que no pasamos por encima de eso”.
Juan Pablo Gulino (PJ), manifestó que “estamos legislando en parches. Entiendo que hay municipios que han avanzado en esto, porque tienen el respaldo económico, tal el caso de Capital. Habría que haber sentado acá a los intendentes para diseñar un programa de seguridad que ataque el problema y que en algún momento nos permita encontrar una solución”.
Gustavo Cairo (LLA) adelantó su voto positivo opinando que “también tienen que hacerse cargo los intendentes de la seguridad”. Hablando de los recursos económicos, señaló que “creo que es un paso intermedio para que luego, en algunos años, esa aparte del Impuesto del Automotor que queda en la provincia, vaya en un 100% a los municipios, pero es necesario que el municipio tenga una corresponsabilidad en la seguridad”. Respecto a las pistolas Taser, consideró “que está faltando un protocolo de uso”, mencionando al respecto un proyecto de su autoría que regula su uso.
Verónica Valverde (PJ) expuso que “no es necesario una Ley para este fin, el primer cuerpo de preventores lo hizo en 2008 Víctor Fayad en Capital, y lo hizo porque tenía los recursos. Ustedes creen que los demás departamentos no quisieran tener un cuerpo de preventores? Hay un tema de recursos”, afirmó.
Mauro Giambastiani (MM), dijo que “esto no es una obligación para los municipios, estamos aportando un marco normativo. En cuanto al uso de la Tiser, es necesario para la inmediatez, para disuadir”, a lo que añadió que “se les dará a un grupo preparado para utilizarlas, desmitifiquemos este tema”.
Natalia Vicencio (PJ), opinó que se debió dar instancias de consulta a los municipios para saber cómo es la vida municipal, y que las ideas surjan de la propia Legislatura, para proponérselas al Poder Ejecutivo.
A su turno, el diputado Germán Gómez (PJ) adelantó el voto negativo de su bloque. Remarcó que en el proyecto “hay un tema de autonomías municipales, que yo creo que roza de alguna manera la inconstitucionalidad de lo que puede o no hacer un municipio”, lo que lo lleva a preguntarse si los intendentes van a aceptar esta propuesta porque “prácticamente no va a tener aplicabilidad. Ningún intendente va a aplicar esta Ley sin recursos económicos”, y cerró sus expresiones al manifestar que “la seguridad es un tema central en la provincia, creo que hay un problema de enfoque. El problema medular de la provincia de Mendoza se está encuadrando por otro lado”.
Finalmente, Enrique Thomas (PRO Libertad), destacó que los municipios tienen el “conocimiento por la cercanía con la comunidad, conocen su territorio, se trabaja en prevención de situaciones de conflicto, antes de la actuación de la policía. El accionar de un cuerpo de preventores es más ágil, criterios que están detallados en los fundamentos del proyecto. El concepto de seguridad moderno tiene muchos componentes, es la voluntad de jugarse y hacerse cargo del nuevo concepto de gestión municipal que es la gestión por resultados”.
“Hay quienes aquí defienden a los delincuentes olvidándose de las víctimas. Los referentes de esta postura que nos han hecho mucho daño a todo el país”, afirmó Thomas.