Las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales, que preside Franco Ambrosini (UCR), y de Derechos y Garantías, presidida por José Luis Ramón (CyC), avanzaron en el tratamiento del proyecto del Poder Ejecutivo que tiene por objeto establecer las bases del sistema de seguridad ciudadana y de prevención localizada comunitaria, como condición de la convivencia y el desarrollo social.

Durante el encuentro, se pusieron en consideración dos despachos: uno A, sobre el proyecto del Ejecutivo – que fue el que finalmente obtuvo mayoría de votos - y otro B - de archivo y prohibición del uso de armas Taser.

Se entiende por Seguridad Ciudadana, a las estrategias, políticas y acciones integradas y articuladas por los gobiernos locales, destinadas a asegurar la convivencia pacífica, el mantenimiento de la tranquilidad y orden público, la utilización reglamentaria de las vías y espacios públicos, la generación de entornos urbanos seguros, el legítimo disfrute y posesión de bienes y el efectivo ejercicio de derechos y libertades, además de la prevención general en la comisión de ilícitos, contravenciones y delitos.

Bajo los principios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, esta iniciativa tiene como finalidad implementar un marco normativo provincial de presupuestos mínimos aplicables en materia de seguridad ciudadana municipal, en el marco de lo establecido en la ley 1079 y sus modificatorias, como asimismo afianzar el sistema de seguridad ciudadana, a través de la creación de instrumentos que coadyuven a mantener el orden público, la paz social, contribuir al desarrollo de capital humano y la prevención de ilícitos, contravenciones y delitos en el territorio provincial.

La diputada Cecilia Rodríguez (UCR) fue la encargada de fundamentar la propuesta del oficialismo, indicando que “es una Ley que aclara es de orden público, lo que hace es establecer bases, condiciones mínimas, objetivos de seguridad ciudadana que tienen los municipios que tienen o decidan tener estos cuerpos de preventores”.

En esa línea, agregó que “obliga a quienes decidan tenerlo pero no a quienes no quieran tenerlo. Hay muchos municipios que han avanzado en esto por eso desde el Ministerio se avanzó en una normativa sobre estas realidades, muy enfocado en lo que tiene que ver con la prevención”.

La diputada, sostuvo que “establece presupuestos mínimos, todo atado a la Ley 1079”, incorporando las capacitaciones para este personal. “Deja en claro el rol del Ministerio de Seguridad sobre todo en cuanto a la capacitación de los cuerpos de preventores”, expresó, manifestando que “es una discusión que tiene muchas aristas, pero es necesaria. Varios municipios tienen cuerpos de preventores, esto existe, es poner blanco sobre negro en esta situación”.

El proyecto, acotó, “tiene una mirada muy clara, atada a las leyes, inclusive se dice específicamente que los preventores hasta tienen que tener una capacitación en derechos humanos, cuestiones atinentes a RCP, muchas aristas que no solo tienen que ver con la prevención del delito sino con otras que pasan en la cotidianidad y en las que ellos intervienen.

Acota a cuestiones preventivas pero ampliando el concepto de seguridad ciudadana. Es un debate necesario que tenemos que darnos”.

Franco Ambrosini, afirmó al respecto que se trata de “un protocolo, una Ley para que los municipios que quieran avanzar, se rijan por ella, bajo estas condiciones”.  

“Los cuerpos de preventores no reúnen el carácter de estado policial. Los preventores están para disuadir el delito, para acompañar, pero no tienen carácter de policía, no tienen estado policial. Es clara la Ley y lo establece en forma expresa”, resaltó, y reiteró que el “alcance de esta Ley es a aquellos municipios que cuentan o quieran avanzar en estos cuerpos de preventores o guardias urbanas. Hay que dejarlo claro y también está escrito en forma expresa que no es obligatoria para los municipios sino que lo que se busca es que aquellos que quieran avanzar con los preventores en seguridad, se rijan a través de esta Ley, bajo ciertas normas y esas normas son lo que estamos discutiendo y debatiendo”.

En idéntico sentido se expresó César Cattaneo (UCR), quien puntualizó que “esta Ley, de ninguna manera obliga a los municipios a tenerlo ni delega en ellos responsabilidades. Pero en función de las diferencias y características territoriales y socioculturales,  con esta diversidad de situaciones, esto viene a ordenar lo que ya han decidido hacer algunas comunas. Cada uno elige las estrategias de prevención para darles respuesta a los vecinos según sus posibilidades. Ordena lo que ya existe, unifica, busca la forma de hacerlos un poco más profesionales y preparados”. 

Por su parte, José Luis Ramón sostuvo que se presentan dudas en torno a este debate, fundamentalmente en cuanto al “costo para mantener un cuerpo así. La seguridad es un tema de todos”, pero tener un cuerpo de preventores “requiere de dinero y de acuerdo. Es un tema presupuestario”.

Además, dijo que “vamos a facultar a personas que no están preparadas para el uso de armas no letales, así diga la Ley que tienen que hacerlo; los preventores no están preparados, aunque se trate de este tipo de armas”, subrayando que “en  determinadas situaciones, puede ser de riesgo”.

En la misma línea, manifestó que bajo estos parámetros “habrá intendentes privilegiados y otro no, ciudadanos de primera que son los que viven en estas comunas y ciudadanos de segunda”, tras lo cual propuso el despacho alternativo – que no alcanzó las mayorías necesarias -.

A su turno, Germán Gómez (PJ), expuso que “este proyecto no tiene cabida, avanza en colocar en cabeza de los municipios un montón de cosas en temas de seguridad. Sería distinto si viniera con partida presupuestaria. Así, es delegar responsabilidad”.

Siguiendo con su postura, advirtió que “a la larga se trasladará la responsabilidad en el manejo de algo para lo que no están preparados, se necesitan recursos económicos para móviles, personal, logística”, con lo cual, adelantó el acompañamiento al despacho propuesto por Ramón.

También Emanuel Fugazzotto (PV) manifestó que “están delegando responsabilidad pero no recursos”. Asimismo, dijo que a la larga, “puede pasar que otros municipios empiecen a tener más índices de delitos que ahora, porque el delito va a ir mutando porque obviamente donde hay más seguridad se irán hacia otros puntos que no cuentan con este servicio. No vamos a resolver absolutamente nada”.

Edgardo Civit (PJA) se expresó al respecto destacando que es una facultad “que no puede delegar constitucionalmente el Poder Ejecutivo en terceros que no tienen ni la preparación y que nos van a terminar saliendo más caro”.

Sobre este punto, recordó que “nosotros presentamos un proyecto para eliminar la criminalidad que existe dentro de algunos lugares, baldíos. Creemos que es una buena manera de mezclar ambos temas  para limpiar los baldíos porque de manera especial la peligrosidad se da en las zonas marginales” y pidió al respecto “incorporarlo al texto”.

A su turno Natalia Vicencio (PJ) hizo referencia a que “hay conceptos como el de sistema de seguridad, que ya desde la base estamos hablando de fuerza pública”, cuestionando los conceptos de prevención. “Hay una mirada de los países del primer mundo. En los que no lo son, hay una multiplicidad de fuerzas de seguridad. La turística, comunitaria, etc. Eso sirve para garantizar algunas prácticas que se pretenden erradicar. Cuando hacemos multiplicidad lo que hacemos es que el delito se profundice”, acotó.

De igual forma, Julio Villafañe (RJ) sumó que “hay que tener en cuenta las características de cada departamento. Cuando se analiza la 1079 sobre la policía, no hace referencia a hacerse cargo de la policía de la provincia, habla de otra cosa. Se necesita un debate abierto y más amplio”.

Por último Gustavo Cairo (LLA) se refirió a un proyecto de regulación de pistolas Taser, de su autoría, “que si bien estaba focalizado en la policía, es necesario una regulación, con protocolos. Deberíamos analizarlo porque hay como un agujero negro”, puntualizó.