La Cámara de Diputados, por mayoría, otorgó sanción inicial a un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, que contiene la ratificación del Decreto Nº 792/2025, por el que se declara la Emergencia Aluvional en el sur de la Provincia de Mendoza por el término de un año y la Emergencia del Servicio Eléctrico por el término de catorce meses. La media sanción obtuvo 29 votos afirmativos, 16 negativos y 2 ausencias.

En los considerandos del decreto, se explica que “con motivo del aluvión extraordinario ocurrido el día 11 de enero de 2025, se produjo el desbordamiento del Río Atuel, provocando graves daños en la infraestructura vial, hidráulica y energética”, y se agrega que se realizaron inspecciones conjuntas con diversos organismos para evaluar el alcance de los mismos.

En el marco de catástrofes ambientales, se determinó que la tormenta provocó una crecida que transitó por el Cañón del Atuel, conduciendo caudales de hasta 1.463 m3/s, “superando ampliamente la capacidad de diseño del sistema”. Ese volumen de la crecida “fue almacenado íntegramente en el embalse de la Presa Valle Grande”, aunque el aluvión “provocó la afectación del caño conductor (derivador de agua) del Atuel, la rotura del camino que une EI Nihuil con Valle Grande en un tramo de 6,6 kilómetros, la destrucción de un puente, la afectación de varios sectores del camino, y graves daños en las centrales hidroeléctricas de la zona”.

Además, agrega que “las centrales Nihuil ll y Nihuil llI, sufrieron severos daños en sus sistemas de turbinas y generadores, quedando fuera de servicio”, y “la paralización de las centrales Nihuil II y Nihuil lll, claves para la generación y trasmisión de energía eléctrica hacia el sur provincial, compromete la operatividad del sistema eléctrico”.

El objetivo de tal solicitud, es “autorizar a los organismos intervinientes a realizar todos los actos útiles tendientes a garantizar la seguridad de las personas, la protección de bienes y caminos, y la continuidad del servicio eléctrico en el sur de la provincia”.

Dentro del articulado de la normativa, además de declararse la Emergencia Aluvional en el sur de la Provincia por el término de un año, y la Emergencia del Servicio Eléctrico por 14 meses; se autoriza a “los Servicios Administrativos de los Ministerios de Energía y Ambiente; y de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial y a otras reparticiones vinculadas, a utilizar la previsión dispuesta en el artículo 144, inciso d), de la Ley de Administración Financiera Nº 8.706, por las razones expuestas (…) a asistir a las personas y a la infraestructura afectadas por los fenómenos climáticos mencionados”.

Asimismo, por esta normativa se autoriza al Ministerio de Energía y Ambiente, y a la Subsecretaría de Energía y Minería “a llevar a cabo las acciones necesarias para la Ampliación Provisoria del Sistema de Transporte por Distribución Troncal de la Región Cuyo”.

Cabe destacar que al hacer uso de la palabra, los legisladores hicieron referencia de manera conjunta tanto a este proyecto que obtuvo media sanción como al que declara la emergencia del sistema eléctrico Los Nihuiles, que se convirtió en Ley.

Debate

Jorge López (UCR), indicó que “no se había identificado un fenómeno meteorológico de estas características en esta zona, generando un caudal de más de 1.500 metros cúbicos por segundo, lo que dejó fuera de servicio las centrales hidroeléctricas Nihuil II y III, debido a los daños no solamente en la zona de máquinas y de las turbinas, sino también en los sectores de playas de transformación, los equipos auxiliares y los equipos de servicio”, a lo que agregó que cuando se diseñaron los Nihuiles, “se hizo ya con un caudal excepcional histórico, de 600 m3. Eso nos grafica la excepcionalidad que ha tenido este fenómeno meteorológico“.

El legislador, sostuvo que se trata de una emergencia ante “hechos imposibles de prever y con impacto en la sociedad, el ambiente, y el tema energético”,  en tanto que sobre este proyecto en particular, destacó que “en lo aluvional, porque prácticamente era inviable ingresar y poder hacer un relevamiento en una primera oportunidad de los daños que habían surgido debido a este hecho. Se encuentran trabajando fuertemente en esto Vialidad Provincial, Hidráulica y otros organismos, para también llevar adelante obras que son necesarias”.

Finalmente, destacó que “la emergencia responde pura y exclusivamente a la posibilidad de la intervención, de una rápida respuesta de la provincia para agilizar los tiempos”.

Posteriormente, también desde la UCR, el diputado José Manuel Vilches opinó que “el gobierno de Mendoza va a disponer de los fondos para recuperar la infraestructura dañada, realizar las obras necesarias y restablecer el servicio pleno de las Centrales Hidroeléctricas”, lo que consideró “de suma importancia y necesidad para cada uno de los vecinos del sur mendocino”.

Por su parte, la diputada Jimena Cogo (PRO), expresó que desde su espacio, no acompañan el proyecto a pesar de que “tiene cosas muy buenas”, por considerar que todavía “faltan respuestas y un plan que nos aclare cuáles van a ser las acciones, contrataciones y cuáles los recursos para dar soluciones a lo que pasó con evento desastroso”.

Cogo expresó que aún no se han podido identificar y cuantificar los daños totales por lo que se debería esperar hasta que “los informes sean terminados”. Además hizo hincapié en la necesidad de establecer controles estrictos teniendo en cuenta que la energía “es estructural y estratégica”.

A su turno, Gustavo Perret (PJ) adelantó el voto negativo de su bloque expresando que “hay muchos artículos de estas dos normas que creemos que son muy necesarios”, aunque otros “no son transparentes ni claros”, a lo que añadió que “han pasado más de cuatro meses desde que ocurrió este hecho, donde hubieron serios daños, se inundaron las centrales hidroeléctricas y hasta hoy no se pueden cuantificar los daños”.

En esa línea, Germán Gómez (PJ) dijo que “se mezcla todo, y si la gran preocupación es que no defendemos los intereses del sur, nosotros si los defendemos. El Díamante no tiene nada que hacer en esta Ley, tendría que discutirse por separado. No estamos en contra de la emergencia sino de la falta de transparencia”.

En un sentido similar se expresó José Luis Ramón (CyC) que adelantó el voto negativo y sostuvo que “una declaración de emergencia tiene 4 patas: gobierno, empresarios proveedores, el ente regulador y los usuarios; eso es declarar la emergencia”, y este proyecto, según su óptica, no lo tiene. A su entender, “cuando se va a declarar la emergencia, en este caso doble, aluvional y del sistema energético, creo que tiene que existir un gran compromiso sobre todo, en tres aspectos que tienen que ver con la transparencia, la planificación y el control”.  Además, “este pedido de emergencia no favorece a los usuarios eléctricos sino a las empresas”, esgrimió.

Igualmente Emanuel Fugazzotto (PV) se manifestó en contra de ambas iniciativas advirtiendo  que “se aprovecha la crisis en la prestación del servicio, se incluye la concesión y contrataciones directas. Tampoco dicen que esto se hará para mejorar el servicio. Es un cheque en blanco al Ejecutivo; no se ha aportado a la transparencia”, a lo que sumó que es “una cuestión de fondo y que debe ser una política de gobierno y es la creación de un fondo para la mitigación de los efectos del cambio climático”.

De igual forma, Edgardo Civit Evans (Partido de los Jubilados Auténticos) adelantó el voto negativo destacando que “no hay un estudio definitivo para saber los gastos para poner operativas las centrales Nihuil II y III”, como tampoco “cuál será el costo definitivo de la reparación de las mismas. Sobre esa base. aprobar  este paquete de dos leyes no es viable. Hay interrogantes que no han sido respondidos”.

En tanto, la diputada Gabriela Lizana (FRLN) manifestó que “el clima no perdona. Imagino que el seguro va a pagar y habrá que ver cómo se asegurará para adelante este tipo de contingencias. Se necesitan planes hídricos. Mendoza no tiene una política de gestión del agua”.

Jorge Difonso (LUM) expresó también el voto negativo de su espacio y manifestó que “estamos hablando de montos millonarios para solucionar esta situación, hay contradicciones al respecto”. Agregó que “este expediente tiene carencias en cuanto a informes que son necesarios” y que “desde lo legal se plantea una emergencia aluvional y una emergencia