Integrantes de la comisión de Derechos y Garantías, que preside José Luis Ramón (CyC), mantuvo su encuentro habitual de los días jueves abocándose al estudio de distintas presentaciones realizadas por particulares.
Entre estas exposiciones realizadas se encuentran personas que cuestionan algunas resoluciones de la Justicia Federal en la provincia en relación al trato que han tenido estos denunciantes con el Banco de la Nación Argentina, por distintos motivos. La comisión les solicitó a estos particulares que pongan en contacto con la comisión a sus abogados patrocinantes.
Por otra parte, integrantes de asociaciones de personas con discapacidad, fundamentalmente vinculadas a AMAD (Asociación Mendocina de Actividades para Discapacitados), expusieron algunas situaciones relacionadas a la economía de estos espacios, el nomenclador nacional, la relación con la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP), y los plazos de pago.
Estos últimos particulares fueron invitados por la diputada Cintia Gómez (PRO), quien presenció la reunión y manifestó que “les propuse venir a la comisión para saber si podemos solucionar al menos el tema de los tiempos de pago”. A la vez, expuso que ella ha realizado diversos pedidos de informe con respecto al tema, además de mantener contacto con estas instituciones.
Con respecto a las inquietudes planteadas, el diputado José Luis Ramón les indicó que “nuestra incumbencia (como comisión) es limitada”, aunque señaló también que igualmente “vamos a buscar una solución en conjunto”.
Desde la comisión, indicaron que buscarán reunir información respecto a qué instituciones tienen inconvenientes y cómo será su posible solución. Para ello, se solicitarán algunos datos a OSEP “sobre el esquema general de pagos a prestadores y casos especiales con situaciones particulares; plazos de pago y monto según nomenclador nacional”, solo en el caso de la asociación AMAD.
Asimismo, al finalizar se aprobó un pedido de mayor información al Ministerio Público Fiscal vinculado al estado actual y general de la causa, las acciones judiciales y los actos útiles en un suceso vinculado a un cadete del Instituto Universitario de Seguridad Pública. En ese mismo despacho hay otros datos requeridos al Ministerio de Seguridad relacionados con el apoyo brindado y la certificación de cursos de instructoría del personal a cargo, entre otros.