La comisión de Salud Pública, que preside Daniel Llaver (UCR), continuó con el análisis del proyecto de Enrique Thomas (PRO Libertad), que propone modificaciones a la Ley 6.728, norma que regula los derechos y obligaciones de los profesionales de la salud y de su Caja previsional.

Participaron de la reunión, el secretario Técnico Administrativo de la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales de la República Argentina, Sebastián Villa, (por Zoom); René Berraz, gerente de Asuntos Legales de la Caja del Arte de Curar de Santa Fe y miembro de la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social nacional; Gabriela Guigdnard, vocal titular del directorio de la CPSPS -Caja De Previsión De Profesionales De La Salud, Córdoba- y la asesora letrada de la misma provincia, Agustina Paz. Además, el vocal titular de la Caja de Seguridad Social para los profesionales del Arte de Curar de Santa Fe, Jorge Lazzaroni; Fabián Ferro y Mario Valestra, vicepresidente y presidente, respectivamente, de la Caja de Profesionales del Arte de Curar de Mendoza; el intendente de San Martín, Raúl Rufeil (médico de profesión); y senadores y diputados que también ejercen la profesión.

Desde hace semanas la comisión se encuentra analizando esta propuesta junto a distintos profesionales vinculados tanto a la Caja profesional de Mendoza como de otras Cajas profesionales, de otros rubros también, con el objeto de recolectar opiniones y estudiar las mejores variables para la redacción final del proyecto.

Desde la comisión, siempre se expresó que es necesario “escuchar todas las voces” para poder así “sumar todos los elementos” al texto legislativo. La propuesta de Thomas apunta a actualizar la legislación vigente y plantea sustituir la denominación Caja de Previsión para Profesionales del Arte de Curar por Caja de Previsión para Profesionales de la Salud, al considerar que todos los estamentos comprendidos “trabajan por la salud individual y social de la población”.

El autor señala la necesidad de incorporar estamentos que actualmente no están comprendidos y que también desarrollan tareas vinculadas a la salud individual y colectiva. Asimismo, se busca “ordenar y clarificar los objetivos de la Caja e incorporar la promoción de políticas previsionales con un enfoque integrador, interdisciplinario y preventivo, articulando la seguridad social con otras disciplinas que abordan el proceso de envejecimiento desde una mirada anticipatoria y centrada en el ciclo vital”.

El proyecto resume que la normativa que rige a las cajas previsionales en Argentina —y particularmente en Mendoza— fue concebida en un contexto histórico diferente, con una menor esperanza de vida, trayectorias laborales más lineales y una estructura demográfica más joven. Frente a los cambios actuales, se advierte que el sistema previsional enfrenta desafíos crecientes para ser sostenible, justo y humano. En ese marco, se plantea como premisa “organizar, implementar y administrar un régimen de jubilaciones y pensiones basado en los principios de solidaridad profesional, capitalización con carácter redistributivo y sustitutivo respecto de cualquier otro régimen previsional nacional o provincial”.

Hay un concepto preponderante que se desea incorporar al texto de la normativa de Mendoza que es aquel referido a la “comunidad vinculada”. En ese sentido, lo consideran “vital” para el correcto ejercicio de las tareas de estas instituciones, y que consiste en un aporte que corre por cuenta del cliente, paciente, solicitante de servicios, que administra la Caja para los futuros salarios de retiro de los profesionales.

Fabián Ferro, en distintas oportunidades, hizo hincapié en cómo se integraría ese fondo de la comunidad vinculada con “tres vertientes de ingreso”. Este último punto, novedoso de por sí, fue ampliado al indicarse que esos aportes estarían compuestos por los provenientes de las obras sociales y clínicas de salud; los del “estampillado” (por el que se reconoce la participación de un profesional de la salud en un acto médico), y uno, finalmente, que provendría de laboratorios.

También, uno de los puntos preponderantes en la normativa de Mendoza es la implementación de distintas categorías de aportes para los profesionales y que comprenda, la comunidad médica, que los aportes que se realizan son “un beneficio para quienes menos facturan. Esto es el beneficio del proyecto. Si no modificamos esto e incorporamos la comunidad vinculada vamos a seguir siendo la caja pobre de los profesionales”, sostuvo Ferro.

En términos generales se coincidió en que “no es posible concebir estas cajas de profesionales sin la comunidad vinculada. Tenemos que adecuar nuestras prestaciones y previsiones ante las nuevas demandas de la sociedad”. A medida que ha pasado el tiempo, ha habido cambios estructurales en la sociedad, en las composiciones familiares; por todo ello, “el esfuerzo de la sociedad es ineludible, y el Estado debe tomar real conciencia de esto que está sucediendo, debería estar en la agenda pública todo el tiempo”.

De acuerdo a lo expuesto, Sebastián Villa sostuvo que “hay una tensión permanente que lo viven todos los regímenes previsionales. Quien tiene que aportar le resulta oneroso porque percibe como algo lejano el beneficio que eventualmente puede llegar a tener, y el que está recibiendo el beneficio y ya no está aportando quizás ve exiguo para lo que necesita, el beneficio que está recibiendo”. Los tiempos cambiaron y lo que hoy requiere alguien próximo a jubilarse no es la misma necesidad que aquel que lo hacía en la década del ´60.

“Un régimen previsional y de seguridad social que esté estructurado sobre la base de un solo pilar de financiamiento, exclusivamente a cargo del propio trabajador, no será exitoso”, mencionó Villa y agregó que generalmente debe haber “tres fuentes de financiamiento (componente tributario, contribución patronal, y comunidad vinculada). “La comunidad toda trabaja en pos de financiar la cobertura de contingencias. Si no hacemos esto, si no mejoramos el financiamiento de la estructura de cobertura de contingencias, lo que nos vamos a encontrar ineludiblemente es que la suficiencia de las prestaciones se va a ver afectada. Todas las Cajas para profesionales que cuentan con contribuciones de la comunidad vinculada brindan mejores prestaciones que aquellas que no cuentan con esa contribución”, sintetizó.

El representante de Santa Fe, Jorge Lazzaroni, se mostró de acuerdo con lo expuesto por Villa y se explayó sobre lo que en su provincia han denominado “estampillado”: “No hemos tenido nunca un inconveniente”, señaló. Sostuvo, asimismo, que el solicitante del servicio profesional abona un estampillado que, más allá que la obra social cubre la prestación y se paga además coseguro, “el destino del fondo es para la chequera de prestaciones del profesional, y lo otro va a lo solidario de los fondos jubilatorios”. Con ello, “se aporta a la seguridad social de ese profesional. Quien obtiene un beneficio del trabajo de un profesional, de ser persona jurídica o física, no se desobliga solamente pagándole sus honorarios. Tiene que también aportar naturalmente a la seguridad social de ese profesional. Esa es la comunidad vinculada”.

“Todos somos comunidad vinculada. Cada uno que requiere una prestación de algún profesional, directamente se transforma en comunidad vinculada porque tiene la obligación, no solo de pagar sus honorarios, sino de contribuir a la seguridad social del mismo”, resumió Lazzaroni.

En tanto, las profesionales cordobesas, además de expresar acuerdo con todo lo dialogado en la mesa, sostuvieron que en aquella provincia se tomó una “decisión estructural” desde 1996 cuando se sancionó la Ley. “Tenemos terceros contribuyentes. No tenemos una comunidad ampliada tan grande como otras Cajas, pero sí sostenemos este sistema desde hace años, con este modelo de financiamiento diversificado”, remarcaron.

“El problema actual, como lo han definido todas las partes, que tiene que ver con los nuevos beneficios, la mayor expectativa de vida, y la menor capacidad contributiva de aportes. Y la pregunta que se nos abre, justamente es que esa expresión financiera ¿quién la absorbe?”, manifestaron y sintetizaron: “En estos casos nosotros entendemos que esta comunidad vinculada, justamente como se beneficia económicamente el sistema de salud, tiene que hacer los aportes”.

Apoyadas en filminas que expusieron en la reunión, las profesionales indicaron que los aportes a la Caja en aquella provincia provienen de los afiliados, alcanzando poco más del 64%; el aporte de terceros contribuyentes, alrededor de 24,5%; y honorarios profesionales y contribuciones de terceros (internaciones, consultas ambulatorias); completan la lista.

Plantearon, a su vez, que el desafío en Córdoba responde a “profundizar ese aporte de la comunidad vinculada”; ya que quieren “llevar adelante la modificación de la ley para una  segmentación, y hacer pilares complementarios justamente para un mejor haber jubilatorio. Todos sabemos que son bajos y que con eso no se vive, pero para eso tenemos que pensar en acciones conjuntas, todas las comunidades vinculadas a la salud”, remarcaron.

Por último, se coincidió en que la comunidad vinculada es un nuevo recurso que alguien lo debe afrontar, “pero es un justo equilibrio para los que nos beneficiamos de una prestación de un profesional”. Se reflexionó al manifestar que “se debe agudizar el ingenio para poder incorporar la comunidad vinculada, porque no encarece la salud, y amplía la gama de prestaciones siempre y cuando no esté sola”.

Se mencionaron también los casos de las provincias de Salta y Tucumán, por ejemplo, en lo relativo a la incorporación de la comunidad vinculada al funcionamiento de las Cajas, algo que Mendoza deberá debatir.

Al cierre de la reunión informaron que los aportes realizados son de valiosa utilidad, que continuarán definiendo la letra final del proyecto, y que de ser necesario se volverán a convocar a profesionales de otras provincias para que expongan sus experiencias en pos de una mejora en la legislación mendocina.