La Cámara de Diputados envió en segunda revisión al Senado el proyecto de Ley que busca establecer un marco normativo para la regulación, supervisión y control del funcionamiento de los Jardines Maternales de Gestión Privada que presten servicio en la Provincia de Mendoza.

Se entiende por Jardines Maternales de Gestión Privada a aquellas instituciones de carácter educativo-asistencial que tengan como fin la atención integral de niños y niñas desde los cuarenta y cinco días hasta los tres años inclusive, al momento de la inscripción, quedando comprendidas las instituciones “cuya gestión sea de carácter privado, cooperativo y/o social, ya sea que pertenezcan a organizaciones con o sin fines de lucro, organizaciones intermedias, sociedades civiles, gremios, sindicatos, cooperativas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones barriales, universidades, comunitarias u otras similares, siempre que no se encuentren incorporadas a la enseñanza oficial de la Dirección General de Escuelas”.

La DGE, será quien tendrá a su cargo la potestad de inspección, funcionamiento y supervisión pedagógica y técnica de estas instituciones, en tanto que el control administrativo y comercial será ejercido por la autoridad municipal o provincial competente.

Por otra parte, se crea el Registro Único de Jardines Maternales de Gestión Privada de la Provincia de Mendoza, que tendrá por objeto la registración obligatoria de todas las instituciones comprendidas en esta Ley, y será una condición previa e ineludible al inicio de sus actividades, debiendo mantener sus datos actualizados.

Este Registro “será de consulta pública y gratuita en la página web de la Dirección General de Escuelas”, estableciendo además que las instituciones inscriptas “deberán colocar en un lugar visible de sus respectivos frentes un letrero con la siguiente información: denominación, nombre de la institución y el número de inscripción en el Registro Único de la DGE”.

Personal

La normativa dispone que el director de la institución “deberá poseer título de docente de Nivel Inicial o título afín, el cual será evaluado en su incumbencia por la Dirección General de Escuelas. Tendrá a su cargo la responsabilidad integral del funcionamiento, la coordinación pedagógica y la garantía de los objetivos de la DGE.

Además, establece los requisitos para el personal a cargo de Sala, que deberá contar con “capacitación certificada en cuidado y desarrollo de niños de 0 a 3 años, dictada u homologada por la DGE”, o título de profesor/a de educación inicial, licenciado/a en educación inicial, en psicopedagogía, estudiante avanzado en las mismas o carreras afines; como así también presentar apto psicológico, certificado de antecedentes penales y certificado actualizado de manipulación de alimentos.

Asimismo, será el adulto responsable directo de la atención, formación y estimulación motriz e intelectual de los niños y niñas a su cargo. De igual forma aclara que el personal comprendido en los dos primeros puntos, deberá acreditar como competencias mínimas:

“a) Competencias pedagógicas y de desarrollo infantil: Capacidad para diseñar, planificar y ejecutar propuestas educativas que estimulen el neurodesarrollo, el lenguaje, el juego y la construcción de apego seguro, integrando aportes de la neurociencia aplicada al desarrollo infantil. Deberán asimismo demostrar aptitud para organizar el espacio físico y el juego como herramientas centrales del aprendizaje temprano, asegurando una planificación pedagógica de calidad adecuada a cada etapa evolutiva.

1. b) Aptitudes de observación y registro: Destreza para observar sistemáticamente los procesos individuales de desarrollo, documentarlos mediante registros pertinentes y comunicar a las familias los avances y eventuales alertas, posibilitando la detección temprana de indicadores que requieran intervención o derivación a profesionales especializados.
2. c) Enfoque de derechos y prevención: Competencia para intervenir conforme al paradigma de Protección Integral de Derechos de Niñas y Niños, aplicando protocolos institucionales ante la detección de situaciones de vulneración, violencia o abuso, y promoviendo prácticas de crianza respetuosas, libres de estereotipos de género y discriminación.
3. d) Gestión de salud, seguridad y nutrición: Capacidad para construir entornos físicos y emocionales seguros, prevenir accidentes, promover hábitos de higiene y alimentación saludable, y articular acciones con las familias en materia de cuidado integral”.

Por otra parte, contempla aspectos vinculados al personal auxiliar, tales como de cocina y limpieza.

Proporcionalidad de personal por sala

De acuerdo al texto, deberán garantizar una distribución mínima de adultos responsables por sala, siempre que las dimensiones edilicias sean previamente aprobadas por la autoridad municipal correspondiente: Sala de Lactantes (45 días a 12 meses): 1 adulto cada 5 niños; Sala de 1 año (13 meses a 24 meses): 1 adulto cada 8 niños; Sala de 2 y 3 años (25 meses a 36 meses): 1 adulto cada 12 niños.

Adicionalmente, deberá contar con al menos 1 auxiliar general itinerante de sala cada 3 salas, cuya función principal será la de facilitar las atenciones de alimentación, higiene y sueño de los niños y niñas.

Proyecto pedagógico

De igual manera, establece que las instituciones deberán presentar ante la Dirección General de Escuelas, hasta el 30 de junio de cada año, un Proyecto Educativo Institucional propio, suscripto obligatoriamente por el Director/a de la institución y alineado a los objetivos de la DGE para la primera infancia.

La implementación y ejecución de las actividades pedagógicas serán supervisadas y evaluadas por la Dirección de Centros Educativos de Primera Infancia, o el organismo que la reemplace.

En la misma línea, expresa los requisitos técnicos y administrativos mínimos de funcionamiento, y dispone que todos aquellos establecimientos que se encuentren en funcionamiento, contarán con un plazo máximo de seis meses, para adecuarse a todas sus exigencias y poder continuar prestando sus actividades.

Debate

Durante la Sesión, el diputado César Cattaneo (UCR) indicó que “es una modificación a la Ley 9201, y tiene un objetivo claro que es ordenar y garantizar la calidad y la seguridad de los jardines maternales de gestión privada en la provincia de Mendoza. Estos establecimientos trabajan con niños desde los 45 días hasta los 3 años, lo que se entiende como la primera infancia, una etapa de desarrollo fundamental y muy importante”.

Añadió que “en los últimos años, se ha venido avanzando en Mendoza sobre este tema, en las instituciones estatales con la apertura de salas de 3 años, nucleando y reorganizando las de 4 años y 5 años en función de la baja que se viene dando en la población infantil en la provincia”.

Asimismo, resaltó que “esta Ley busca la creación de un registro que de fe de las condiciones de las instituciones que atienden a los niños. Genera y requiere estándares mínimos de formación para el personal en sala, entendiendo que esto es muy importante para el cuidado de los infantes”. 

Oportunamente, la diputada Laura Balsells Miró (PRO), quien realizó aportes a la legislación propuesta, adelantó el voto positivo de su espacio y agradeció la incorporación de sus inquietudes. Manifestó al respecto que “es un proyecto muy importante porque estamos hablando de niños, de infancias, desde los 45 días hasta los 3 años; etapas en las que se desarrolla el cerebro y capacidades que son luego para toda su vida”.

Sumó la legisladora que una de las aristas que se toca son los jardines privados “que están pasando por una realidad difícil que hay que atender y escuchar”. Agregó que “los docentes están esperanzados en que esta Ley pueda darles solución ya que van a formar parte de un marco educativo enmarcado dentro de la DGE. Que estén registrados es importantísimo porque tenemos que saber cuántos son, donde están, en qué departamentos, cuántos hay, y evaluar también la cantidad de niños que acuden a esos jardines”.

Resaltó asimismo que “los chicos van a estar registrados en el GEI (Gestión Educativa Integral). Van a pertenecer a un marco formal y van a tener un seguimiento e incorporación a sus trayectorias escolares que van a poder iniciarse a los 45 días de vida y para la mayoría de ellos va a culminar en el 5to año del secundario”.

En tanto, la diputada Natalia Vicencio (PJ) puso el foco en que “esta propuesta lejos está de garantizar la calidad y seguridad en las primeras infancias”. Consideró que “si estamos pensando y estamos sacando una propuesta de Política de Estado, la política pública tiene que responder con mayor profesionalidad, y para dar calidad y seguridad, tenemos que tener a los profesionales acordes”.

Sostuvo, a su vez, que “estamos totalmente de acuerdo en un montón de instancias que plantea el proyecto, y entre ellas en lo referido al proyecto educativo”; porque “el proyecto educativo institucional tiene una regularidad, tiene unas especificidades en el ámbito de cómo puede funcionar una institución hasta cuáles son los pasos a pasos pedagógicos, evolutivos, conductuales”.

En concordancia opinó Verónica Valverde (PJ) quien remarcó que están de acuerdo en muchos de los puntos planteados en el proyecto, aunque consideran que hay un “retroceso”, y que “se mezcla a los jardines privados que pueden ser tomados como pymes, pero también con organizaciones con o sin fines de lucro, organizaciones intermedias, sociedades civiles, gremios, sindicatos, cooperativas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones barriales, universidades, comunitarias u otras similares, siempre que no se encuentren incorporados en la enseñanza oficial de la Dirección General de Escuelas”.

Por su parte, el diputado Rolando Scanio (LUM) adelantó el voto afirmativo de su espacio a la propuesta, y sostuvo que “vemos que esto viene bien para la regulación, como bien lo estipula el proyecto, para tratar de ordenar algo que no está ordenado. Ya del hecho de que se cambie la denominación de guardería y que pase a denominarse jardines maternales, creo que ya estamos un pasito hacia adelante involucrados en el tema”. Agregó que “todo esto debe estar acompañado por profesionales que estén preparados y capacitados, y que en nuestra provincia tenemos institutos de formación a la altura de las circunstancias”.