La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), que preside Franco Ambrosini (UCR), mantuvo un nuevo encuentro en el que se otorgó despacho favorable, por unanimidad, a un expediente del Poder Ejecutivo por el que se dispone “transformar el uso del inmueble en el que funcionaba el ex Autódromo General San Martín”, ubicado al oeste del departamento de Capital y constante de casi 118 hectáreas.
El proyecto expresa en los considerandos que es preciso este nuevo destino ya que “con el paso del tiempo y las nuevas tecnologías con que se practica el automovilismo, el trazado fue perdiendo su presencia e interés en las distintas competencias de este deporte, lo que derivó en la caída abrupta de los ingresos necesarios para el mantenimiento que requiere este tipo de escenarios deportivos”, incluidas las actuales normas de seguridad en estas competencias. A esto se suma, dice el expediente, “el crecimiento poblacional de la zona, que hacen desaconsejable y prácticamente imposible practicar este tipo de competencias en predios rodeados de barrios”, por ello se remarca la posibilidad de reestructurarlo “para otro tipo de actividades deportivas y recreativas acordes con las necesidades poblacionales actuales”.
Un punto que destacan los considerandos es que “la zona tiene un alto potencial de desarrollo debido a su accesibilidad y cercanía a centros económicos, por lo que la renovación urbana se convierte en una herramienta clave para recuperar y revitalizar este espacio. Además, resulta beneficioso transformar un espacio abandonado con el trabajo en conjunto entre el Estado y las organizaciones intermedias”.
En la mesa de análisis, los legisladores ponderaron “el gran espacio” del que podrá disponerse y porque “es necesario para la sociedad en su conjunto. Constituyen lugares de cercanía para prácticas deportivas; y sumado a ello el trabajo conjunto del Estado con organizaciones intermedias”.
Del mismo modo, los diputados y diputadas que opinaron manifestaron que el entorno del lugar también será reacondicionado como por ejemplo, las calles de acceso, y valoraron las posibilidades de recuperación que tiene el lugar. A su vez, el diputado Alberto López (UCR) destacó que “si la inversión es buena y el proyecto también, habría que renovar las parcelas que se den a concesión”.
El proyecto
Dentro del articulado del proyecto se establece que se afectarán las casi 118 hectáreas ubicadas hacia el oeste en el departamento de Capital a “proyectos que favorezcan y fomenten la práctica de actividades deportivas, recreativas y afines”. El Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial “realizará la mensura y el deslinde de las futuras fracciones que puedan surgir de la superficie afectada” y las restantes, “junto a la planificación integral de la zona”. Asimismo, proyectarán la distribución del predio conforme el Plan Provincial de Ordenamiento Territorial y demás normas ambientales pertinentes (sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley N° 5518).
Para el caso de la disposición y concesión de parcelas, el articulado de la normativa dispone que se delegará “a la Dirección de Gestión de Bienes Registrables del Estado (Di.Ge.Bi.R.E.), o el organismo que en el futuro la reemplace, a disponer de parcelas del terreno mediante concesión por el plazo mínimo de 10 (diez) años y máximo de 30 (treinta) años de acuerdo al programa de inversiones y plan de trabajos propuestos, con el cargo de desarrollar proyectos, previamente aprobados por la Di.Ge.Bi.R.E., que tengan por fin principal expandir y promover la actividad deportiva”. Si se registran incumplimientos, se revocarán las concesiones.
“La concesión se otorgará a instituciones deportivas de cualquier grado previstas en el art. 48 de la Ley N° 6457 (Promoción del Deporte)”, establecen los artículos, y manifiesta que serán obligaciones de las instituciones concesionarias proveer, a su costa, la totalidad de las instalaciones, artefactos, instrumentos y demás elementos que requiera la práctica del o de los deportes comprendidos en el sector; mantener el personal necesario para el cuidado, conservación y mejoramiento de instalaciones, prados y jardines del sector concedido; dejar a beneficio del Estado las instalaciones y mejoras fijas que se hubieran introducido, en un todo de conformidad con lo previsto en la Ley; entre las más importantes.