La Cámara de Diputados remitió en segunda revisión al Senado un proyecto que ya contaba con media sanción de la Cámara Alta para optimizar la aplicación de la Ley 9139, que establece el marco de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Si bien dicha norma ubica estructuras esenciales para el desarrollo integral, como los Centros de Desarrollo Infantil y Familiar (CDIyF), los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y los Espacios de Primera Infancia (EPI), bajo la órbita de la Dirección de Protección y Restitución de Derechos, la coexistencia de estas estructuras con los Centros Educativos de Primera Infancia (CEPI) dentro del mismo Ministerio, “ha generado una confluencia de competencias y una dispersión de la gestión que dificulta la coherencia programática”, indica la fundamentación.
El proyecto del Poder Ejecutivo se enmarca en el “Principio de la Buena Administración, la Racionalización del Gasto Público y la Especialización Técnica. Por ello, resulta imprescindible y razonable que los organismos cuya función primordial es el cuidado, la contención y la gestión pedagógica de los niños, niñas y adolescentes se concentren bajo la órbita de la Dirección de Centros Educativos de Primera Infancia (Dirección de CEPI), que opera bajo la dependencia de la Subsecretaría de Educación”, añade el texto.
En esa línea, afirma que esta reorganización funcional “está diseñada para garantizar el cumplimiento de los derechos hasta los 17 años, permitiendo una profesionalización del servicio al integrarlo en una esfera con competencias primarias en la gestión educativa”.
Lo que se pretende, es “un abordaje integral y especializado que consolide la atención, asegure un proceso técnicamente sustentado y evite la duplicación de funciones, logrando así la optimización de los recursos internos del Ministerio. Al unificar la gestión, se garantiza la coherencia con los lineamientos de la Ley General de Educación y las políticas dispuestas por la Dirección General de Escuelas”, subraya.
Entre otros aspectos, apunta a una educación pensada de manera más integral y a largo plazo, con programas en una misma unidad pedagógica que permita además, tener una trazabilidad desde los 45 días en adelante.
El texto de elevación a la Legislatura, asegura por otra parte que la reforma se fundamenta en la necesidad de profesionalizar la atención de niños, niñas y adolescentes dentro del sistema educativo. En ese sentido, se orienta a fortalecer las competencias del personal responsable, mejorar los procesos de intervención y asegurar un abordaje integral, especializado y técnicamente sustentado, para “garantizar el cumplimiento efectivo de los principios de interés superior del niño, igualdad, no discriminación y accesibilidad establecidos en la normativa nacional e instrumentos internacionales de derechos humanos”.
En la misma línea, sostiene que contribuye “a elevar la calidad del servicio educativo mediante la implementación de estándares técnicos y protocolos de actuación, promoviendo una gestión más eficiente, transparente y coherente con los lineamientos establecidos por la Ley General de Educación, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia y demás disposiciones reglamentarias aplicables”.
En suma, “la reforma no solo mejora la calidad de la atención y los procesos educativos, sino que también consolida un modelo de gestión alineado con las obligaciones legales del Estado en materia de protección, desarrollo integral y garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes”, expresa.
Debate
Silvina Gómez indicó que a partir de esta iniciativa se “propone optimizar el Sistema Provincial de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, a través del marco de la Ley 9.139”. Sostuvo que se propone la reforma “ya que el mundo entero enfrenta un fenómeno sostenido que es la baja de natalidad. Argentina, en los últimos años, ha registrado una caída del 31,6 por ciento de los nacimientos. Mendoza no es ajena a esta situación mundial y entre el año 2013 y 2023, la caída llega al 42 por ciento”.
Agregó que “cada infancia, cada niño y cada adolescente debe tener mayor presencia y acompañamiento del Estado, y así lo piensa el Estado de la provincia de Mendoza. El eje central de esta Ley es la integración de la Dirección de Restitución y Protección de Derechos, de los ETI, que son los equipos técnicos interdisciplinarios, y la Dirección de Centros Educativos de Primera Infancia; superando la fragmentación. No se modifica el enfoque de los derechos, sino que mejoramos la estructura para que sea más eficaz”.
Asimismo, manifestó que “es una buena administración que no agranda el Estado, sino que más bien la hace eficiente. El Estado debe ser organizado y para garantizar de manera eficaz estos derechos necesita de esta reforma de la ley 9.139”.
Seguidamente, la diputada Stella Huczak (PRO) adelantó el voto afirmativo al proyecto destacando que “para quienes venimos del área social y trabajamos en el área social, esta Ley siempre fue muy importante en nuestra provincia. Nos dio el marco para nuestro trabajo y fue la que impulsó o llevó a cabo esto de mirar al niño como sujeto de derecho, que fue un cambio de paradigma sumamente importante para quienes trabajamos con esta población”.
Al mismo tiempo, remarcó que “creemos que las modificaciones que hoy se plantean son positivas. Que los centros de primera infancia y espacios de primera infancia pasen a la Dirección General de Escuelas, va a permitir que estos centros vuelvan a cumplir la función para la que fueron creados, van a volver a tener esa impronta pedagógica”.
De igual forma, valoró el trabajo que realizan los ETI porque “son esos equipos técnicos interdisciplinarios que toman las medidas cuando lamentablemente existe un derecho vulnerado en un niño o niña, o adolescente. Esta modificación también habla de que esos ETI van a trabajar 24 horas, 365 días al año, a través de turnos rotativos y a través de protocolo”, y a su vez, ponderó que la información recabada “esté de forma clara, precisa y actualizada, sobre todo para aquellos que conformamos la red socio-institucional que se arma cuando nosotros trabajamos con una población en vulnerabilidad”; y que esa misma información, pueda ser compartida, por ejemplo, con “las áreas de niñez de los municipios”.