Los integrantes de la comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados,  decidieron por unanimidad, designar como titular de la comisión para el nuevo año legislativo a Marcela Fernández (UCR), renovando así el cargo al frente de la misma.

Fue el diputado Mauricio Torres (UCR) quien puso a consideración la moción de reelección al señalar que “en virtud de cómo hemos venido funcionando, ha sido bueno el funcionamiento que hemos tenido, con consenso, propongo que sigan las mismas autoridades “.

La legisladora radical agradeció los conceptos vertidos  y dijo “vamos a continuar tratando de llegar a los consensos que necesitamos para tratar los proyectos que están en esta comisión”.

Inmediatamente de la designación de las autoridades, los legisladores de la comisión de abocaron al tratamiento de varias iniciativas que obran en su seno.

En este sentido se abordó el proyecto de Ley de Laura Chazarreta (PJ-FdT) que establece que “el Estado Provincial, los entes descentralizados o autárquicos, las empresas y sociedades mixtas y del Estado, están obligados a otorgar en concesión a personas con discapacidad, espacios para pequeños comercios en todo tipo de establecimiento incluyendo sede administrativa, comercial y donde se desarrolla la producción”, incorporando a este régimen “ las empresas privadas que brinden servicios públicos”.

Al respecto se decidió seguir trabajando sobre la iniciativa, teniendo en cuenta la Ley provincial 5.041 de  Régimen de protección para las personas con discapacidad.

Seguimiento de régimen de adopciones

Los diputados y diputadas de la comisión, recibieron vía zoom, a la Directora de Protección y Restitución de Derechos, que tiene bajo su órbita los ETI (Equipo Técnico Interdisciplinario ) y los CDIy F (Dirección de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes), Daniela Torres.

La funcionaria se refirió al funcionamiento de los ETI, señalando que funciona como organismo de intervención para proteger derechos de niños y adolescentes, en nuestra provincia.

Explicó en esa línea que el organismo “interviene en casos de vulnerabilidad moderada y grave” considerando como tales “al abuso sexual, el maltrato y la negligencia en el vínculo parental” y que en la situación de Pandemia que “atravesamos y debido al ausentismo escolar, trabajamos con la Dirección General de Escuelas”.

“Nosotros trabajamos dentro del marco de la Ley provincial 9139 y se deben cumplir ciertos plazos que tienen que ver con el circuito legal de los  procedimientos”, agregó.

Respecto de los plazos en los procedimientos de intervención hasta llegar a la adoptabilidad señaló que “a veces los plazos establecidos no pueden cumplirse ya que han que determinar si el niño, niña o adolescente están preparados para ser adoptados;  una vez definido este paso las condiciones de adoptabilidad se presentan ante el Juzgado de Familia. Es el juez quien decide”, subrayó.

 Reconoció que en esta instancia “los tiempos pueden alargarse” y que en ese lapso los menores “continúan en hogares temporales o en instituciones”.

Abundó sobre el particular al decir que “hay muchas variables, hay que considerar la Ley y la práctica de la Ley ya que cuando tomamos las medidas de protección que es sacar al niño de su medio familiar  generamos  una medida excepcional de derechos. Pero si  no tenemos la firma de los padres esto pasa por una medida judicial”.

“Los  ETI cumplen con las medidas, pero si el menor  no está en condiciones de adoptabilidad, por ejemplo si la madre está en tratamiento por adicción, hay  tiempos administrativos que deben cumplirse lo que hace que necesitemos más tiempo para seguir trabajando en el tema. Estas situaciones particulares hacen que no siempre podamos cumplir con  los tiempos establecidos”, indicó.

Aclaró también que si bien “nosotros somos los responsables son  los jueces quienes  nos dan el marco y control de la legalidad”.

Daniela Torres volverá a ser convocada a la próxima reunión de la comisión para continuar profundizando en la temática y buscar vías de solución para esta problemática que abarca a niños, niñas y adolescentes en estado de vulnerabilidad.