La normativa propone una descentralización operativa y técnica, otorgando mayor autonomía a los municipios, pero bajo estrictos lineamientos ambientales de la Provincia.

La Cámara de Diputados, por mayoría de votos, dio sanción final al proyecto con media sanción del Senado que busca reformar la Ley 7874, de Arbolado Público. Lo que propone, es una descentralización operativa y técnica, otorgando mayor autonomía a los municipios, pero bajo estrictos lineamientos ambientales de la Provincia.

La reforma de los artículos 5, 20, 21, 22, 24 y 51 de la normativa vigente tiene como objetivo principal adaptar la gestión del arbolado a los desafíos climáticos actuales y a las particularidades territoriales de cada oasis de la provincia. Para ello, se plantean una serie de ejes centrales donde entre otros aspecto, se prioriza la jurisdicción y autonomía municipal en el tema.

En ese sentido, ratifica la jurisdicción exclusiva de los municipios sobre el arbolado en calles, rutas y plazas de dominio municipal, pero deberán presentar un Plan de Manejo Integral del Arbolado cada cuatro años ante la autoridad de aplicación provincial, con informes de ejecución anuales.

Por otra parte, otro de los puntos que se plantea es la transición al policultivo. Esto es, fomentar el uso de diversas especies combinadas para evitar que plagas masivas, como las que históricamente afectaron al olmo en Mendoza, destruyan grandes superficies verdes de forma simultánea.

Asimismo, se promueve también la eficiencia hídrica y la poda mínima, a través del uso de especies con copas más pequeñas y mantenimiento económico mediante "poda mínima", para reducir la generación de residuos y optimizar el beneficio de sombra según la orientación solar.

La Autoridad de Aplicación será la Subsecretaría de Ambiente a través de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, para jurisdicciones provinciales y nacionales, mientras que cada municipio deberá designar su propia área responsable.

Algunas de las atribuciones que tendrá la autoridad de aplicación provincial, son fomentar medidas que contemplen la integración de los oasis regionales para llevar a cabo el control, la protección y la preservación del arbolado público, así como promover programas obligatorios en las escuelas públicas de educación ambiental y de valorización del arbolado y sus sistemas de riego, conforme a los objetivos de esta Ley, y proporcionar asesoramiento y apoyo para la organización de programas de valorización y mantenimiento del arbolado público y sus sistemas de riego.

De igual forma, contempla como funciones la de promover la participación de la población en programas de concientización de los beneficios que brinda el arbolado público y los sistemas de riego; fomentar a través de programas y medios de comunicación social y de instrumentos económicos y jurídicos, la valorización del arbolado público y de los sistemas de riego;  promover e incentivar la participación de los sectores productivos y del comercio de bienes en el control, la protección y la preservación del arbolado público, y coordinar políticas,  programas y acciones interjurisdiccionales en materia de arbolado público, entre otras.

En otro orden, la reforma alcanza también a la Ley Orgánica de Municipalidades, aclarando que, si bien los municipios pueden imponer nombres a calles y paseos de su jurisdicción, tienen prohibido modificar nombres dados por Ley Provincial o nombres históricos sin una autorización legislativa especial.

La Ley fue aprobada por 33 votos a favor y 9 en contra.

Debate

La diputada Evelin Pérez (UCR), autora de una de los proyectos acumulados, defendió la iniciativa al señalar que “este proyecto viene a dar respuesta a un reclamo permanente de los municipios y a una necesidad de los ciudadanos de Mendoza”, remarcando que la normativa vigente “había generado muchísimas demoras y burocracia” que dificultaban la intervención local.

Agregó que esta situación derivó en que distintos municipios reclamaran “la posibilidad de intervención, no sólo en el mantenimiento, sino en la erradicación, la poda e intervenciones de emergencia y urgencia”, por lo que “este proyecto viene a trabajar sobre esos puntos específicos, viene a mejorar”.

En ese sentido, sostuvo que la propuesta “otorga mayores herramientas, establece competencias y agiliza los trámites”, permitiendo que los municipios actúen con mayor rapidez ante situaciones de riesgo, especialmente frente a contingencias climáticas como el viento Zonda.

En la misma línea, Jimena Cogo (PRO) anticipó su acompañamiento, destacando “el debate amplio y el reclamo sostenido de los municipios”, aunque advirtió sobre “zonas grises” en la delimitación de competencias y planteó la necesidad de avanzar en el debate por la autonomía municipal, subrayando que “el Estado más cercano al vecino es quien debe dar respuesta inmediata”.

“Tenemos que insistir en que el debate de las autonomías municipales está pendiente en esta provincia y que tenemos que revisar tres principios fundamentales, el de subsidiariedad, el de suficiencia económica y el de coordinación entre los distintos niveles del Estado. Independientemente de todas estas observaciones, voy a acompañar el proyecto” acotó.

Valentina Morán (PJ), por su parte, cuestionó el proyecto al afirmar que “nos estamos mintiendo si creemos que un cambio normativo va a resolver un problema de gestión que se arrastra hace años”, y advirtió que la Ley vigente ya contemplaba herramientas como el fondo forestal y que “ante riesgo inminente de caída o peligro para la comunidad se pueda intervenir de inmediato”.

Además, afirmó que la falta de financiamiento “agravará el problema del deterioro del arbolado público” y “mucho más con la fragmentando también de la gestión y que cada municipio haga lo que puede”.

En idéntico sentido se expresó Juan Pablo Gulino, quien reiteró el rechazo del interbloque del PJ a esta iniciativa, al considerar que “no va a generar el cambio que realmente necesitan las intendencias”, al tiempo que remarcó que “en la práctica, son los municipios quienes ya se ocupan casi en su totalidad del mantenimiento del arbolado”. En esa línea, sostuvo que, si bien el proyecto “puede haber tenido buenas intenciones”, no aborda el problema de fondo y advirtió que “va a seguir sucediendo lo mismo”.

En tanto, Rolando Scanio (LUM) respaldó la iniciativa destacando el trabajo legislativo sostenido y la necesidad de avanzar en una problemática estructural, al señalar que “es un tema muy importante para todos los mendocinos” y que la modificación permitirá “dar respuestas más ágiles a los vecinos”, especialmente ante demoras que hoy “pueden extenderse durante meses o años”.
Por su parte, Emanuel Fugazzotto (PV) manifestó reparos al considerar que “no todos los municipios cuentan con los recursos ni el personal necesario” para asumir nuevas competencias, y sostuvo que “no era necesario modificar la Ley sino mejorar su reglamentación”, alertando sobre riesgos de fragmentación y falta de control.

Se debe “generar agilidad a un sistema que tiene que buscar la preservación del arbolado público, el cuidado del arbolado público para que cumpla con esa función específica que tiene de ser un ecosistema urbano que tiene prestaciones ambientales claras, y una función cultural”, acotó.

Finalmente, Miguel Ronco respaldó la propuesta poniendo el acento en la necesidad de una intervención más efectiva frente a situaciones críticas que “han derivado en problemas graves, incluso con víctimas fatales”. En ese sentido, valoró que la ley “va directamente al problema” y planteó la importancia de incorporar recursos específicos, así como de avanzar en políticas de reposición y planificación, destacando que “antes de erradicar un árbol hay que prever su reemplazo”. También convocó a los municipios a fortalecer viveros y estrategias de forestación para garantizar la sostenibilidad del arbolado público.