La Cámara de Diputados, por mayoría de votos, dio sanción final al proyecto que busca integrar el material audiovisual de los ciudadanos como herramienta para sancionar infracciones de tránsito.
La normativa incorpora el artículo 120 bis a la Ley 9024 - de Seguridad Vial -, permitiendo que cualquier persona envíe material audiovisual que advierta de infracciones viales, a través de canales digitales oficiales, tales como enlaces web institucionales o sistemas de mensajería instantánea como WhatsApp.
Este material tendrá carácter de "comunicación ciudadana", sin que implique denuncia formal, ni otorgue fe pública respecto de la autenticidad, integridad o fidelidad del contenido remitido.
No obstante, la autoridad podrá eximir de la publicación en sistema de acceso público información que a simple vista no parezca corresponder a la jurisdicción y/o sobre la cual haya indicios vehementes de falsedad.
De acuerdo al texto, la Autoridad de Aplicación podrá, cuando del registro surjan datos suficientes, remitir dicho material al Juzgado Vial competente, acompañado de un informe preliminar que indique la infracción supuestamente observada y los datos identificatorios que surjan del propio material, sin validar ni certificar su contenido.
En esa línea, los Juzgados Viales analizarán la información y procederán según lo que determinen, validando o disponiendo los medios para validar o verificar la información.
La fundamentación del proyecto destaca que “el control que ejerce el Estado tanto Nacional como Provincial y Municipal es insuficiente para cubrir los miles de kilómetros de extensión que tienen las rutas nacionales y provinciales a lo largo de toda la Provincia, más en las épocas de gran circulación de vehículos con motivo de las vacaciones de verano e invierno”, por lo que “la participación de la ciudadanía en el control y actos que en principio son de exclusividad del Estado, permitirá mejorar, no solo con las funciones de prevención y control en el tráfico vehicular que tiene el Estado, sino que redundará en un beneficio para toda la sociedad porque permitirá reducir las infracciones y accidentes de tránsito en todas las rutas y calles de la Provincia”.
“Una herramienta con que cuenta la población para dejar constancia y/o evidencia de la comisión de una infracción vial y/o accidente vial, son las videocámaras, que, en el año 2024, ya tienen el 99% de los teléfonos celulares o smartphones”, con lo cual el “objeto es aumentar las funciones y atribuciones de las personas que puedan generar piezas multimedia (video, imagen y sonido) a fin de que puedan ser utilizadas como pruebas ante la comisión de infracciones viales o de ser testigos de accidentes viales”, acota el texto.
Debate
José Manuel Vilches (UCR), manifestó que “la idea de este proyecto no tiene un carácter recaudatorio para la provincia, sino que es un sistema de prevención general que va a beneficiar muchísimo a nuestra comunidad evitando accidentes, evitando heridos, evitando muertes”.
Sostuvo que se propone incorporar “el artículo 122 bis, en la ley n° 9024” que trata fundamentalmente sobre “el aporte que pueden hacer los ciudadanos que tengan registros donde se adviertan posibles infracciones a la Ley de seguridad vial. Particularmente, creo que es muy importante y necesario que toda la comunidad, que todos los habitantes, hagamos un aporte por la seguridad, especialmente involucrando a los vecinos en las cuestiones que hacen al buen desarrollo de las comunidades”.
Asimismo, sintetizó que esta propuesta “va a redundar en beneficios a la propia comunidad, a la sociedad”, en un contexto en el que “el promedio de tasa nacional de muertos por accidentes de tránsito es de 9.9% cada 100.000 habitantes”, aunque en Mendoza es menor, ya que “se alcanza un total de 7.8%” por cada 100.000 habitantes. Respecto del material que aporte la ciudadanía, dijo Vilches que “tiene la categoría de comunicación ciudadana, no es una denuncia formal, ni tampoco otorga una fe pública a esa comunicación, sino que se estudia por parte de las autoridades y se deja sin efecto o se exime en el caso de falsedad”.
La diputada Jimena Cogo (PRO), por su parte, adelantó el acompañamiento de su espacio a la iniciativa e indicó “que es un proyecto que va a coadyuvar a que todos los incidentes viales puedan disminuir y de alguna manera también contribuyamos a través de estas acciones a la mejor calidad de vida de todos los que usamos las rutas y los caminos”.
Sostuvo que es sustancial la incorporación de “mecanismos de participación ciudadana, que inclusive desde hace algún tiempo en otros países como Singapur, Alemania, Brasil, China, lo están aplicando”, algo así como “una fiscalización colaborativa para apalear justamente estos índices y estas estadísticas que son graves y son preocupantes”. En esa línea, indicó que “esto tiende a una mayor prevención y a un mayor control, tiene bajos costos de inversión y eso no es menos importante”.
Coincidentemente Cintia Gómez (PRO), sumó que “creemos que viene a modernizar el sistema de control vial y también fortalece la participación ciudadana en la prevención respecto a las infracciones de tránsito”. Agregó que “no se trata de crear un sistema de denuncias automáticas ni de condenas sin control, sino que con esto estamos creando una herramienta de colaboración ciudadana, donde la última palabra la sigue teniendo la justicia de Mendoza, en este caso los juzgados viales. Tenemos que empezar a utilizar las herramientas digitales en beneficio de la comunidad”.
En tanto, Emanuel Fugazzotto (PV) expuso que acompañaba con su voto la propuesta y detalló que la intención es “buscar algunas alternativas para dar fidelidad a los procedimientos que se van a llevar una vez recibidas, las imágenes”. Basó sus palabras en la necesidad de “credibilidad en las instituciones, ese vínculo con la política entre el ciudadano y el Estado” y en pensar en “todos los resortes necesarios que deberían estar contemplados para dar la garantía que, ante nuevas herramientas que pueden llegar a surgir, como la inteligencia artificial u otras, den seguridad jurídica sobre el acto final que ese organismo público va a
También Gustavo Cairo (LLA) expresó su voto afirmativo a la propuesta legislativa considerando que “es un aporte a la seguridad vial. Buena parte de las muertes en nuestra sociedad se dan increíblemente por accidentes de tránsito, por imprudencia, a veces por no respetar señales”, y remarcó Cairo que hay “acciones temerarias que generan accidentes fatales”; por lo que “darle esta participación a los ciudadanos, es importante”.
En cambio, el diputado Germán Gómez (PJ) adelantó el voto negativo de su espacio, a excepción de la diputada Valentina Morán que se abstuvo. Gómez manifestó que “se va a sobrecargar al Ministerio de Justicia y Seguridad con otras cosas. El control lo debe realizar el Estado”, y añadió que “vamos a habilitar con esta Ley la posibilidad de que a diario se ingrese material a los municipios, y/o a la autoridad de aplicación, que sería en este caso el Ministerio de Seguridad, una cantidad enorme de hechos, de situaciones, que luego hay que zarandearlas y verificar el grado de verosimilitud, y si las mismas constituyen alguna infracción vial”.
“El tema vial y reducir la cantidad de accidentes viales se resuelve mediante otros procesos de educación, de formación, de educación ciudadana, de concientización”, opinó, subrayando que “no lo veo viable, no lo veo factible, es materialmente de imposible realización este proyecto”.
Finalmente, el diputado Enrique Thomas (PRO Libertad) cerró el debate manifestando que “este un proyecto concreto con una propuesta concreta y todos tenemos que colaborar”. Agregó que “este proyecto tiene que ver con nuevas concepciones de participación ciudadana, lo que tiene que ver con la democracia participativa ciudadana, tratando de romper las barreras entre la ciudadanía y la política; y este es un ejemplo”, y remarcó que según su óptica, “el ciudadano se siente parte de lo que está pasando. El Estado no puede resolver todo siempre. Los aportes que puede hacer un ciudadano común en todo momento y que es indicativo, porque no es ni siquiera una denuncia formal, que le puede dar a la justicia vial elementos para poder profundizar o no un determinado dato”.