Nueva reunión por modificaciones a la Caja de Profesionales del Arte de Curar

La comisión de Salud Pública, que preside Daniel Llaver (UCR), continuó con el análisis del proyecto de Enrique Thomas (PRO Libertad), que propone modificaciones a la Ley 6.728, norma que regula los derechos y obligaciones de los profesionales de la salud y de su Caja previsional.

Desde hace semanas la comisión se encuentra analizando esta propuesta junto a profesionales vinculados tanto a ésta como a otras Cajas profesionales, por lo que durante la jornada de hoy, los legisladores profundización sobre datos que se habían solicitado.

La propuesta de Thomas apunta a actualizar la legislación vigente y plantea sustituir la denominación Caja de Previsión para Profesionales del Arte de Curar por Caja de Previsión para Profesionales de la Salud, al considerar que todos los estamentos comprendidos “trabajan por la salud individual y social de la población”.

El autor señala la necesidad de incorporar estamentos que actualmente no están comprendidos y que también desarrollan tareas vinculadas a la salud individual y colectiva. Asimismo, se busca “ordenar y clarificar los objetivos de la Caja e incorporar la promoción de políticas previsionales con un enfoque integrador, interdisciplinario y preventivo, articulando la seguridad social con otras disciplinas que abordan el proceso de envejecimiento desde una mirada anticipatoria y centrada en el ciclo vital”.

El proyecto resume que la normativa que rige a las cajas previsionales en Argentina —y particularmente en Mendoza— fue concebida en un contexto histórico diferente, con una menor esperanza de vida, trayectorias laborales más lineales y una estructura demográfica más joven. Frente a los cambios actuales, se advierte que el sistema previsional enfrenta desafíos crecientes para ser sostenible, justo y humano. En ese marco, se plantea como premisa “organizar, implementar y administrar un régimen de jubilaciones y pensiones basado en los principios de solidaridad profesional, capitalización con carácter redistributivo y sustitutivo respecto de cualquier otro régimen previsional nacional o provincial”.

La semana pasada, se había pedido al vicepresidente de la Caja de Profesionales del Arte de Curar, Fabián Ferro, que aportara datos específicos respecto del funcionamiento, niveles de mora, y qué especialidades profesionales están más afectadas, entre otros puntos; teniendo en cuenta que con esta información adicional “podremos realizar un análisis integral y fundado en los principales aspectos”, se manifestó durante el encuentro.

No obstante, la comisión cursará un pedido de informes a los responsables de la Caja de Profesionales del Arte de Curar respecto de algún estudio económico sobre el impacto de los aportes de comunidad vinculada, la incorporación de nuevas fuentes de financiamiento previstas, y si existe algún estudio técnico económico que haya evaluado el eventual traslado a precios de dichas contribuciones, ya sea de los aranceles de prestaciones médicas, los honorarios profesionales, los costos de clínicas y sanatorios o el precio final que afrontan los pacientes o financiadores del sistema de salud.

También respecto del “fundamento económico utilizado para descartar el traslado a precios”, ya que luego de las conversaciones mantenidas surgen algunas confusiones sobre el tema. A su vez, se planteó la importancia de realizar comparación de legislación con otras jurisdicciones provinciales que poseen esquemas similares y si se han realizado simulaciones de impacto económico bajo distintos escenarios.

Al mismo tiempo, solicitan los legisladores una proyección del ingreso futuro por cada una de las fuentes de financiamiento previstas, incluyendo aportes personales y aportes provenientes de la denominada comunidad vinculada; esto es, algún tipo de simulación bajo distintas tarifas posibles. Y también un análisis sobre el impacto en las categorías de aportes previstas en el proyecto.

“Siguiendo estos pasos, se le va a dar mucha más sustentabilidad al proyecto; porque, además, si avanza, tiene que hacerlo con el mayor acuerdo posible; por su envergadura y por el impacto social, político, impositivo”, remarcó Daniel Llaver, titular de la comisión.


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