La comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, que preside Franco Ambrosini (UCR), dio despacho favorable al proyecto de Ley impulsado por Gustavo Cairo y Enrique Thomas que introduce modificaciones a la Ley 6722, de Seguridad Pública.

La iniciativa ya había obtenido media sanción en Diputados y posteriormente fue tratada por la Cámara de Senadores donde se incorporaron modificaciones. Por este motivo, el expediente volvió a la Cámara Baja para su revisión y tratamiento final.

El proyecto propone precisar funciones del personal de seguridad, incorporando nuevas disposiciones vinculadas a la protección de las personas y los bienes ante situaciones de peligro, así como tareas de observación, vigilancia y prevención de conflictos en espacios públicos.

Asimismo, se establecen criterios respecto al uso de armas de fuego por parte del personal de seguridad en situaciones de peligro inminente, contemplando casos de legítima defensa, protección de terceros o cuando exista riesgo grave para la vida o la integridad física. La propuesta también incorpora parámetros para determinar la existencia de ese peligro y fija pautas sobre la identificación y advertencia previa al uso de armas, salvo en circunstancias excepcionales donde ello implique un riesgo mayor.

Además, la iniciativa contempla la posibilidad de convocar a personal retirado para cumplir determinadas funciones, regulando las condiciones y la retribución correspondiente según el grado que ostentaban al momento de su retiro.

Según explicó Cairo, este protocolo de uso de armas para fuerzas de seguridad, da lineamientos de cuándo usar armas, cuándo se trata de un peligro inminente, y con las modificaciones introducidas, lo que permite es “convocar a policías retirados, esto le da otro marco pudiéndole reconocer la antigua jerarquía. Actualmente se retiran muy jóvenes y esto permite que esta gente que tiene experiencia pueda reincorporarse y que se respete su sueldo”.

Por su parte, Edgardo Civit (JA), también se mostró de acuerdo al señalar que “hay muchos policías que están en condiciones de trabajar y pueden colaborar perfectamente incluso en cuestiones administrativa para que policías jóvenes salgan a la calle”. En tanto, Gabriela Lizana (FRMLN), se abstuvo.

Precisamente, la incorporación del artículo 322 bis, habilita la convocatoria de policías retirados altamente calificados para tareas específicas dentro de la fuerza. Establece al respecto que “el personal convocado al que la autoridad le encomiende tareas funcionales directivas con conducción de personal y disponibilidad horaria permanente percibirá hasta el 100% de la asignación de clase equivalente al grado que ostentaba al momento del retiro”.

“Estas circunstancias deberán quedar debidamente acreditadas y fundadas en cada caso por norma legal de la administración. La administración podrá convocar con hasta el 80% de la asignación de clase equivalente al grado que ostentaba al momento del retiro, a personal para cubrir tareas relacionadas a las funciones establecidas en el artículo 48 bis. Estas circunstancias deberán quedar debidamente acreditadas y fundadas en cada caso por norma legal de la administración”, añade el articulado.