La diputada provincial Jimena Cogo (PRO) dio detalles en “En Cámara” sobre su proyecto de ley que busca asegurar la disponibilidad de sueros antiofídicos y antídotos para picaduras de arácnidos venenosos en centros de salud rurales y unidades de emergencia de Mendoza. La iniciativa se fundamenta en datos oficiales que reflejan una creciente incidencia de accidentes por animales ponzoñosos en zonas alejadas, con dificultades para acceder a una atención médica oportuna.

Según los fundamentos del proyecto, que toman datos del Ministerio de Salud provincial, durante 2022 se registraron 177 casos de envenenamiento, de los cuales el 93% fueron provocados por arácnidos, el 4% por serpientes y el 3% por alacranes. El departamento de San Rafael concentró el mayor porcentaje de casos (41%), seguido por Las Heras y Maipú. En la actualidad, los antídotos se concentran en tres hospitales: Lencinas, Central y Schestakow, este último responsable de cubrir toda la zona sur, incluidos los departamentos de General Alvear y Malargüe.

Cogo señaló que la distancia entre los centros asistenciales y los parajes rurales, representa un riesgo concreto para la vida de las personas expuestas a mordeduras o picaduras de especies venenosas. Asimismo, destacó que el cambio climático ha contribuido a la proliferación y expansión de serpientes y arácnidos, aumentando las probabilidades de encuentros con seres humanos.

El proyecto contempla la identificación de zonas de riesgo mediante un mapa actualizado, la obligatoriedad de contar con un stock mínimo de sueros y antídotos en centros de salud de esas zonas, y la capacitación del personal sanitario para el manejo adecuado de los casos de envenenamiento. También se establece un sistema de distribución y reposición periódica de los insumos, así como campañas de prevención y concientización dirigidas a la población rural.

El Ministerio de Salud será la autoridad de aplicación y deberá garantizar el cumplimiento de la normativa, cuya implementación será financiada con recursos del presupuesto provincial y eventuales aportes de organismos nacionales o internacionales. Finalmente, se invita a los municipios a adherir a la ley y colaborar en su ejecución.

La propuesta prevé que la reglamentación sea emitida en un plazo de 90 días desde su promulgación, y su entrada en vigencia se producirá tras su publicación en el Boletín Oficial.